“Estados Unidos debe asumir la responsabilidad de los actos ilegales del juez (Thomas) Griesa”, aseguró ayer el canciller Héctor Timerman luego de explicar la presentación que hizo el Estado argentino ante el tribunal de La Haya por el conflicto con los fondos buitre, acompañado por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y la consejera legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Susana Ruiz Cerruti. Timerman destacó que seguirá exigiendo a los Estados Unidos “que respete el derecho soberano de seguir pagando la deuda sin interferencias violatoria del derecho internacional”.

“En un gesto diplomático contrario a las normas de convivencia pacífica entre las naciones, Estados Unidos aún no ha contestado a nuestro país ni a la Corte Internacional, si acepta o no dirimir la controversia” en el Tribunal de La Haya, señaló el canciller apuntando a la falta de respuesta de parte del gobierno que encabeza Barack Obama. Timerman subrayó que la controversia se centra en “las decisiones de los tribunales de Estados Unidos que comprometen la responsabilidad internacional de dicho país y violan la responsabilidad del Estado”, según la Carta de Naciones Unidas. Timerman instó a Griesa a “respetar el derecho internacional”, al tiempo que señaló que el magistrado pretendía “estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad de otro estado miembro de las Naciones Unidas para que Argentina no pueda llegar a cumplir el pago de los bonos, forzando su decisión soberana de reestructurar su deuda”.

Antes de que Timerman diera precisiones sobre la presentación judicial presentada por el Estado, Capitanich recordó que la demanda se había interpuesto el 7 de agosto y agregó que “el rol de la Argentina tiene que ver con la defensa de su soberanía y entender que la aplicación de una serie de acciones o medidas han impedido objetivamente el cobro de parte de los acreedores y esto ha generado obstáculos para el proceso de reestructuración y constituye una violación de la soberanía argentina y de sus inmunidades”. Los tres funcionarios dejaron en claro que la demanda presentada es “contra los Estados Unidos, en el marco de la controversia entre Estados y no contra los fondos buitre, ni de revisión de las decisiones adoptadas por la Justicia”.

El canciller denunció además la campaña de agravios y en contra del país por parte de “miembros del Congreso” estadounidense. El funcionario apuntó a las “donaciones directas por más de diez millones de dólares” de parte “del buitre Paul Singer y sus empresas, cuya única finalidad es forzar a la Argentina a pagar a los fondos buitre”. También explicó que la decisión de presentarse ante La Haya se tomó después de que funcionarios argentinos, entre los que se encontraba él mismo, habían sido informados oficialmente de que en el Poder Ejecutivo estadounidense “fueron instruidos por el Departamento de Estado y del Tesoro a no dialogar con representantes argentinos sobre la deuda y la reestructuración de la deuda”. Allí también se detuvo para recordar que en el debate en el seno de la Organización de Estados Americanos en la que se trató el conflicto con los fondos buitre, “la mayoría de los países, salvo Estados Unidos y Canadá, votaron a favor de respaldarnos”, y aclaró que en el caso llevado a La Haya se trataba de “una violación directa a la soberanía, emanada de las decisiones judiciales” de los tribunales norteamericanos.

El canciller apuntó después que era “producto de cierta ignorancia” el planteo del principio de división de poderes esgrimido por funcionarios del gobierno estadounidense porque “son inoponibles ante el tribunal internacional, para desligarse del hecho ilícito. Estados Unidos debe asumir la responsabilidad de los actos ilegales del juez Griesa”. Apuntó a uno de los ejes centrales de la presentación al señalar que “las decisiones sobre el pari passu –la cláusula de igualdad de condiciones en las ofertas a los bonistas– “no sólo es arbitraria, se extralimita en la competencia de los jueces”, porque incluyó bonos “que no estaban judicializados, afectando a la inmensa mayoría que aceptaron el canje y no son parte del proceso iniciado por los fondos buitre”.

La consejera legal de la Cancillería explicó los posibles alcances del avance judicial internacional contra el fallo del juez Griesa si la administración de Obama aceptara al tribunal de La Haya. “Una sentencia favorable en La Haya podría hacer caer el fallo”, apuntó Ruiz Cerruti, que estuvo al mando de la estrategia en la Corte Internacional en el conflicto con Uruguay por la construcción de la planta de celulosa ex Botnia a orillas del río Uruguay.