El titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, confirmó ayer que el planteo judicial de la AFIP contra Donnelley no se enmarca en la Ley Antiterrorista sino en la de Delitos Económicos, como informó Página/12 en su edición del sábado. El organismo recaudador planteó ante la Justicia que la empresa norteamericana no estaba en las condiciones económicas y financieras para quebrar. “Esto no tiene nada que ver con la ley de financiamiento del terrorismo”, aseguró Vanoli.

La discusión surgió a partir del planteo en un primer momento de la posibilidad de la aplicación de la Ley Antiterrorista para Donnelley, por haber generado temor en la población a través del despido express de los 400 trabajadores de su planta de Garín. La Ley Antiterrorista (Nº 26.734) se aprobó en conjunto con la ley 26.733 de Delitos Económicos, que contiene la figura de la quiebra fraudulenta como delito penal. El jueves pasado, el propio Vanoli, tal como lo consignó solitariamente este diario, explicó los marcos legales en los que se inscribiría la denuncia oficial y la confusión instalada entre las dos leyes. La denuncia quedó asignada al juez Daniel Rafecas y ahora está en manos del fiscal federal Patricio Evers para que dictamine si corresponde o no impulsar la investigación y ordenar medidas de prueba.

Donnelley se declaró en quiebra el lunes de la semana pasada. Informó a sus trabajadores que la empresa atravesaba “una crisis insuperable, sin alternativas viables”. Sin embargo, su situación económicofinanciera distaba de lo que se espera de una firma en bancarrota. Donnelley “quebró” con un nivel de endeudamiento con el fisco relativamente bajo, de 100 mil pesos, un activo de 180 millones de pesos y un pasivo de 140 millones, es decir que su patrimonio neto es positivo, de 40 millones de pesos.

La AFIP hizo tres presentaciones contra Donnelley. En primer lugar pidió a la Justicia comercial que revoque la quiebra concedida a la firma. En segundo término, realizó una denuncia penal acusando a la empresa de “alteración del orden económico y financiero”.

“Como derivación de la quiebra fraudulenta podría llegar a aplicarse un artículo del Código Penal, el 309, de la ley 26.733, que es la Ley de Delitos Económicos, que penaliza prácticas fraudulentas. Esa ley fue aprobada en conjunto con la de financiamiento del terrorismo, la 26.734, y de ahí deriva la confusión”, explicó ayer Vanoli. “Se generó una confusión a partir del uso del término antiterrorista. La denuncia que estaría haciendo la AFIP tiene que ver con quiebra fraudulenta, que se está investigando en el juzgado de Rafecas”, agregó.

El funcionario ratificó que la tercera presentación del Gobierno contra Donnelley está en curso ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC). “Es una empresa que en Estados Unidos cotiza en Bolsa y ante la posibilidad de una quiebra fraudulenta en Argentina es nuestro deber dar información de lo que está pasando.”