El economista de La Gran Makro Agustín D’Atellis consideró ayer que el proyecto de ley girado por el Gobierno al Congreso para el cambio voluntario del domicilio de pago de los bonos de deuda reestructurada “se enmarca en la lógica de preservar el cumplimiento de dichos pagos a los bonistas en tiempo y forma”. D’Atellis aludió al vencimiento de deuda que ocurrirá el 30 de septiembre próximo (200 millones de dólares) y opinó que al país “le podría ocurrir lo mismo que con el pago anterior, cursado a través del Banco de Nueva York y frenado por (el juez Thomas) Griesa o algo peor, que no le permita depositar el monto en dicho banco”.

“Crear un fideicomiso en Nación Fideicomisos para depositar los fondos permite allanar esta situación y apunta a normalizar los pagos hasta fin de año, que es cuando vence la cláusula RUFO”, afirmó el economista. A su juicio, “con esta iniciativa legal del Gobierno se está evitando un default el 30 de septiembre, que podría configurarse si para esa fecha el juez les ordena a los bancos no tomar el pago de la Argentina”. D’Atellis refirió que el proyecto del Poder Ejecutivo “abre la posibilidad de que los tenedores de bonos acepten voluntariamente un cambio de jurisdicción”, pero consideró que este tema “no es un eje de la cuestión, ya que al final del camino el tenedor de títulos de Nueva York cobrará lo que le corresponde”.

También respaldaron la iniciativa oficial Hernán Letcher y Julia Strada, integrantes del Centro de Economía Política Argentina. “El anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner implica defender el esfuerzo de todos los argentinos y cumplir con la palabra empeñada. Es seguridad jurídica, porque permitirá a los bonistas que confiaron en nuestro país, que actuaron de buena fe y que quieren cobrar, que puedan hacerlo como acordaron. Y permite además que los bonistas no reestructurados puedan tener la misma oferta”, aseguraron. También apoyaron la decisión de reemplazar al Banco de Nueva York como agente de pago.