La AFIP solicitó ayer a la Justicia la detención del presidente de la imprenta Donnelley, el sueco Luiz Jarlsson Bring. El organismo fiscal lo acusa de haber llevado adelante una “quiebra fraudulenta” de la empresa. Además, la Comisión Nacional de Valores (CNV) presentará ante la SEC –el órgano de contralor bursátil de Estados Unidos– los detalles de la maniobra. “Todos los datos que hemos reunido, y que hemos puesto a disposición de la Justicia, para que declare ‘fraudulenta’ esta quiebra, y por la cual pedimos la detención de los directivos de la compañía, se le han entregado a la Comisión Nacional de Valores, que en esta semana los estará presentando ante la SEC”, aseguró ayer el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. El funcionario sostuvo además que espera que la Justicia levante también durante esta semana la quiebra y la declare fraudulenta, para que el síndico a cargo vuelva a poner la compañía en funcionamiento y así devolverles el trabajo a las más de 400 personas que se vieron afectadas por su cierre.

El sábado 9 de agosto, una asamblea extraordinaria de accionistas de Donnelley decidió presentar su propia quiebra, lo que fue avalado el lunes 11 por el juez Gerardo Santicchia. Ese mismo lunes, los 400 empleados de la planta de la localidad bonaerense de Garín encontraron el predio cerrado y un papel pegado en la puerta que justificaba la medida tras 22 años de actividad en el país, por “una crisis insuperable de la firma, sin alternativas viables”.

A pesar de lo argumentado por la firma, su situación dista bastante de lo que se espera de una empresa en bancarrota. Donnelley, cuya sede central se encuentra en el paraíso fiscal de Delaware, Estados Unidos, tiene un nivel de endeudamiento con el fisco relativamente bajo, de 100 mil pesos, un activo de 183,8 millones de pesos y un pasivo de 145,2 millones, es decir que su patrimonio neto es positivo, de 38,5 millones de pesos. A raíz de esta situación, el 14 de agosto la AFIP se presentó ante la Justicia Comercial solicitando se revoque la quiebra por ser fraudulenta y efectuó ante el juez federal Daniel Rafecas una denuncia penal contra los directivos de la compañía por el delito de “alteración el orden económico y financiero”. En días siguientes, la AFIP amplió ante diversos juzgados su presentación, aportando datos sobre la solvencia de la empresa, por ejemplo un patrimonio neto de 38,5 millones de pesos, a pesar de que los inmuebles están registrados a valor de libro y no a su valor de mercado. Además, la firma cuenta con 1,1 millón de dólares de reintegros pendientes a cobrar de parte de la propia AFIP que Echegaray aseguró que “ya se están abonando”. A simple vista, la empresa estaba lejos de atravesar una crisis terminal. Otro dato que refuerza esa situación es que, según reveló AFIP ayer, en el balance registraba 20,2 millones de pesos de ganancias reservadas para futura distribución de dividendos. Incluso en noviembre de 2013, sus accionistas del exterior habían realizado un aporte de capital por 3.040.000 pesos.

Lo que sí tenía Donnelley era una deuda con su casa matriz, aunque la AFIP sostiene en su informe que “el pasivo contraído no ha tenido una clara intención de ser devuelto, siendo asimilable por sus características intrínsecas a un aporte de capital”. Para justificarlo, el organismo remarcó que el plazo de devolución del dinero fue planteado originalmente por diez años y luego se extendió por uno más, que en la extensión del plazo se le otorgó la facultad de capitalizar la totalidad del monto de la deuda antes del cumplimiento del plazo y que no se explicitó la adopción de avales o garantías que permitan asegurar el cobro en un plazo tan extenso y en un solo pago.

Donnelley está integrada por fondos de inversión como BlackRock, Capital World Investors y The Vanguard Group, los cuales son socios de Elliott Management, perteneciente al magnate Paul Singer. Sin embargo, Echegaray se abstuvo de señalar que esta quiebra forme parte de una maniobra impulsada por los fondos buitre para afectar al país. “Esos fondos están. No puedo decir nada más. Después cada uno hará su balance”, dijo el funcionario.