La Cámara de Diputados celebrará pasado mañana una nueva sesión especial con el propósito de dar sanción definitiva al paquete de leyes para modificar la Ley de Abastecimiento, crear un fuero judicial para resolver conflictos vinculados con el consumo y un Observatorio de Precios. Los proyectos, aprobados por el Senado en la madrugada del 4 de septiembre, tendrán mañana dictamen en reuniones conjuntas de las comisiones encabezadas por Asuntos Constitucionales, tras un debate al que no se descarta que asistan funcionarios del Poder Ejecutivo para responder preguntas de los legisladores. También el Senado sesionará el miércoles con la urgencia de convertir en ley el proyecto para declarar de “interés nacional” la Red Scholas Occurrentes, la plataforma virtual auspiciada por el papa Francisco para conectar instituciones educativas de todo el mundo. La intención es que la presidenta Cristina Fernández le informe la novedad al Pontífice, cuando el sábado 20 almuercen juntos en Ciudad del Vaticano. El nuevo marco regulatorio sobre las relaciones de consumo y producción establece una serie de pautas para evitar los abusos de posición dominante de muchas de las empresas que cuentan con altas tasas de rentabilidad. El artículo 2 fija las atribuciones que tendrá la autoridad de aplicación, que van desde la posibilidad de fijar precios máximos y márgenes de rentabilidad hasta disponer la continuidad del proceso de producción y comercialización.

El Gobierno podrá actuar cuando las empresas eleven artificialmente los precios, sin correlación con el aumento de los costos; cuando acopien materias primas o productos, destruyan mercaderías, restrinjan la venta o prestación de un servicio o no entreguen comprobante ni factura de venta, entre otras tipificaciones.

Con los cambios incluidos en el proyecto, los empresarios ya no podrán ser encarcelados. A partir de la nueva redacción, en caso de que se determine una inhabilitación específica o clausura temporaria, la autoridad de aplicación deberá obtener previamente una autorización judicial. Se eliminó a su vez la posibilidad de las clausuras definitivas.

También se buscará crear el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, que será un organismo técnico para asistir a la Secretaría de Comercio en el monitoreo, relevamiento y sistematización de precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios comercializados y prestados en el país. La tercera iniciativa crea un nuevo fuero en la Justicia nacional que debe encauzar y dar solución a las controversias originadas en el ámbito de las relaciones de consumo.