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Tras considerar de entrada como inaceptable y hasta ofensiva la propuesta lanzada por la Argentina a los tenedores de sus bonos defolteados, ayer comenzaron a surgir matices en la posición de los acreedores. “Existe espacio para poder negociar”, dijo Nicola Stok, representante de cientos de miles de bonistas italianos atrapados, tras reunirse con Guillermo Nielsen, secretario de Finanzas. Hay algo obvio: desde que Nielsen les comunicó el lunes a los acreedores que no se reconocerán los intereses devengados desde el final de 2001, el tiempo juega en contra de ellos. La tardanza en arreglar no les será compensada por el taxímetro del rédito financiero de sus viejos papeles, ni siquiera sufriendo una poda del 75 por ciento tras ser capitalizados.
A propósito de esto, el Credit Suisse/First Boston envió ayer a sus clientes un informe duramente titulado: “La propuesta inicial de restructuración es peor de lo esperado”, añadiendo que quedó por debajo de expectativas ya deprimidas. En el texto califica al ofrecimiento de “draconiano”. CSFB cree que los acreedores podrán conseguir condiciones algo mejores a través de la negociación, pero se pregunta cuánto mejores y cuándo. Su presagio es que los actuales papeles argentinos seguirán bajando a medida que el tiempo se consuma en negociaciones improductivas y crezca el número de juicios contra el país.
Queda claro que el carozo más difícil de tragar es el “repudio” –tal el término utilizado por el CSFB– del total de los intereses corridos desde el momento en que se declaró el default. “Fue lo más sorprendente del anuncio”, dice el documento. Hay que tener en cuenta que ese desconocimiento de la renta de los títulos (lo que en inglés se conoce como PDI, past due interest) regirá hasta el impreciso momento en que se alcance un acuerdo, que conduciría al canje de los actuales bonos por otros nuevos.
De ahí también la importancia del “cuándo” planteado. Dependiendo de cuánto demore el regateo, de la estructura del bono de salida y de la tasa de descuento que se aplique para calcular el valor presente de los nuevos flujos de caja, CSFB estima que, en relación a las condiciones originales de los títulos en default, podría recuperarse alrededor de un 20 por ciento, con lo que en verdad la quita proclamada de 75 por ciento se quedaría corta. El informe incluye un cuadro donde, bajo ciertas hipótesis, se muestra cuál será la pérdida adicional para los bonistas si se dilata el día de cierre.
Mientras Adam Lerrick, de ABRA, la entidad que congrega a una veintena de bancos alemanes y otros europeos, declaraba ayer que lo único positivo a rescatar es que finalmente se abre la negociación, CSFB admite creer que “la draconiana oferta inicial busca ablandar los precios (de la deuda argentina) para la negociación, y que al final los términos serán mejores para los acreedores, aunque aún pensamos que lo que se recuperará será menos que lo marcado por los precios de ayer (en referencia al lunes)”.
Negando que la cuantificación de la quita en un 75 por ciento “tenga algún particular significado analítico”, los seis especialistas del CSFB que aportaron para el documento suponen que el gobierno argentino tiró la piedra, verá la reacción provocada y en octubre se aparecerá con una versión un poco suavizada de su oferta. Sin embargo, aventuran que una proliferación de juicios –particularmente por los tenedores de activos con más intereses corridos–, aunque inicialmente deprima aún más el precio de los papeles, podría forzar a la Argentina a escapar del problema mediante un mayor esfuerzo fiscal, disparando un rebote en la cotización de los papeles. Pero ni los autores del informe se lo creen demasiado: “Aun a mediano plazo, sería un milagro”, reconocen. La pregunta que se plantea es cómo haría el país para evitar la captura judicial de futuros flujos de pagos, posteriores al acuerdo que se alcance. Medios hay, pero serían muy costosos si las causas se multiplicaran.
Carl Ross, de la banca de inversión Bear Sterns, no se dice dispuesto a admitir que la propuesta argentina sea un tómalo o déjalo. De hecho, los financistas tratan de desentrañar cuál es la posibilidad de un superávit fiscal primario para 2005 en adelante, aferrándose a que Roberto Lavagna se refirió al 3 por ciento como un “piso”. En este sentido, diversos voceros de los acreedores optaron por criticar severamente al Fondo Monetario y al presunto “cheque en blanco” que le extendió a la Argentina.