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El Gobierno espera ver hoy convertido en ley el proyecto que lo autoriza a renegociar los contratos de los servicios privatizados y a disponer incrementos de tarifas a cuenta. Julio De Vido, ministro de Planificación, pasó ayer por el Congreso para fundamentar el proyecto en una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Obras Públicas y Defensa del Consumidor. A juzgar por los resultados, se diría que el encuentro fue intrascendente, ya que nadie se movió de su posición previa. El justicialismo ratificó que respaldará el proyecto oficial sin modificaciones mientras que la oposición (radicalismo por un lado y socialismo, ARI y Frepaso por otro) presentará dictámenes en contra, sin haber convencido al Gobierno de mover una coma. Sin embargo, el Gobierno podrá anotarse un poroto si logra que hoy el radicalismo baje al recinto a dar quórum, aunque después en la votación se oponga: el oficialismo necesita de los dos tercios de los integrantes de la Cámara baja para tratar el proyecto sobre tablas.
El ministro de Planificación insistió en que la intención del Gobierno “no es aplicar un aumento inmediato de tarifas”, pero no hubo una negativa explícita respecto de que pueda haber aumentos selectivos en los próximos meses. En cambio, De Vido les restó trascendencia a las interpretaciones acerca de que la estimación de inflación incorporada en el proyecto de Presupuesto nacional 2004 preanuncien la decisión de ajustar tarifas. Sin convencer a los legisladores de la oposición, el ministro sostuvo que la pauta del 10,5 por ciento de aumento de precios para el año próximo se fundamenta en las previsiones de subas en salarios privados en virtud de “varias negociaciones paritarias en marcha” antes que en los cambios esperados en el costo de los servicios públicos. Además, señaló que el Gobierno preveía un incremento del consumo y, con ello, una presión a la suba sobre los precios.
De Vido centró su pedido de apoyo al proyecto oficial en la necesidad de “tratar en forma urgente al menos 16 puntos” incluidos en diferentes contratos de concesión. Entre éstos, subrayó que el tema que requeriría tratamiento prioritario es la concesión de rutas por peaje, respecto del cual admitió que si bien “es política del Gobierno” tender a la eliminación de todo tipo de subsidio a los privados, por razones funcionales no sería posible imponer ese criterio en lo inmediato.
Integrantes del bloque radical le reclamaron al ministro, durante el debate de ayer, que previamente a la renegociación de los contratos se discutiera una nueva formulación de los marcos regulatorios. El ministro recordó que el Gobierno no le restaba trascendencia a ese tema y que, de hecho, un equipo de especialistas de Flacso trabajaba en la elaboración de propuestas. Pero volvió a argumentar que había “urgencias” que atender que no se compadecen con los tiempos que demandaría revisar antes los marcos regulatorios.
Tras dos horas de debate, cual si se tratara de un simple trámite, los sectores en pugna volvieron a sus posiciones originales. Mientras Manuel Baladrón, en nombre del bloque del PJ, ratificó que el proyecto del Ejecutivo –con media sanción del Senado– merecerá apoyo sin modificaciones, Héctor Polino (Partido Socialista) se quejó de la posición dual del Gobierno. Le recordó a De Vido que mientras el Gobierno asegura que no tiene intención de aumentar las tarifas, se presenta en la Justicia con dos escritos que objetan una medida cautelar que impidió la aplicación de aumentos en gas y electricidad.
Si Diputados convierte en ley el proyecto con media sanción, el Ejecutivo –a través de la Unidad Renegociadora encabezada por los titulares de Economía y Planificación– quedará facultado hasta diciembre de 2004 a renegociar los contratos y disponer aumentos de tarifas a cuenta. El proyecto establece, además, que el Congreso podrá, en los 60 días posteriores a la renegociación, aprobar o rechazar lo resuelto. Según Polino, también en esto hay una trampa: si el Parlamento no trata el temaen ese período, lo dispuesto por el Ejecutivo se dará automáticamente por aprobado.