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Aguas Coloradas es un pueblo ubicado a unos 50 kilómetros de la capital de Santiago. Carlos Soplán es parte de las 60 familias de campesinos que ocupan desde hace años una riquísima reserva forestal, donde existen restos arqueológicos y un cementerio indígena. El sábado pasado, aquel campesino terminó formando parte de la misma y brutal embestida que sufren en este momento cientos de familias de su condición: sus pies fueron arrollados por la camioneta de uno de los terratenientes que salió a la caza de un grupo de campesinos que reclama derechos de posesión sobre esos suelos. La cacería incluyó corridas con armas de guerra, camionetas y un pequeño escuadrón a sueldo preparado para matar. En su edición del lunes, Página/12 denunció la existencia de bandas financiadas por terratenientes y hacendados para amedrentar, hostigar y en ocasiones secuestrar a los lugareños, cuya presencia impide la explotación agrícola y comercial de la zona. En esta ocasión, las imágenes fueron relevadas por las cámaras de un equipo del programa “Periodistas”, de América Televisión. Esas imágenes, que serán emitidas esta noche, dieron lugar a una denuncia penal asentada en el Juzgado del Crimen de La Banda contra el empresario por “coacción agravada por exhibición de arma de fuego y amenazas de muerte”.
Las tierras que están en discusión en Aguas Coloradas son 15 mil hectáreas que desde hace un año están supuestamente escrituradas a nombre de Javier Manzoni, un poderoso empresario santiagueño con fuertes vinculaciones con el poder político. Los campesinos reclaman los derechos de posesión veinteañal sobre esa misma porción de suelo, ocupado por sus antepasados desde tiempo inmemorial. Tal como lo adelantó este diario en su edición del lunes pasado, este tipo de reclamo no está localizado sólo en Aguas Coloradas. Forma parte de una constante repetida a lo largo de la provincia que tiene como trasfondo disparadores de tipo económicos, en un marco político y jurídico que habilita la formación de ejércitos de tipo paramilitares dedicados a la cacería de campesinos.
La ocupación de Javier Manzoni en Aguas Coloradas fue denunciada penalmente por los campesinos de la zona, nucleados en el Movimiento de Campesinos de Santiago (Mocase). De acuerdo con la denuncia, Manzoni cercó una propiedad que no le pertenece: “Compró las tierras, se metió de prepo y, como no tenía tiempo para alambrar, hizo una picada en medio del monte para delimitar el terreno borrando las marcas de ocupación de las familias campesinas”, explica en este caso Luis Horacio Santucho, representante legal de los campesinos y autor de la denuncia penal contra el empresario.
Las acciones legales iniciadas hace un año no pudieron detenerlo. En tres oportunidades, el juez René Achával le dictó medidas de no innovar, pero el empresario, tal como denuncian los campesinos, siguió adelante con el proyecto. El sábado pasado, la comunidad de Aguas Coloradas realizaba una nueva movilización hacia su finca para exigirle que detenga las obras, en línea con la resolución judicial. En ese momento, el empresario respondió a su modo: “Los campesinos fueron amenazados de muerte por un grupo de hombres armados que respondían a las órdenes de Manzoni”, dice Santucho.
La existencia de este tipo de bandas armadas fueron denunciados por un grupo del Mocase a mediados de junio de este año. Durante un encuentro en el Ministerio de Justicia, el secretario de Derechos Humanos, Luis Eduardo Duhalde, escuchó la denuncia y comparó a estos grupos con “las guardias blancas”, los ejércitos financiados y organizados por los terratenientes en México o en Brasil y denunciados por el Movimiento de los Sin Tierra. Poco después de aquel encuentro, la comisión del ministerio que investigó las violaciones a los derechos humanos en la provincia de los Juárez hizo un estudio detallado, entre otros ítems, sobre esa situación. En el preinforme elevado al gobierno nacional, los técnicos dieron cuenta de la existencia de “peonadas armadas” organizadas por empresarios dispuestos a resolver sus litigios de propiedad de forma extrajudicial: “Existe un abandono de la instancia judicial por parte de los supuestos compradores –dice el preinforme– para pasar aparentemente a la organización de grupos de peones armados con escopetas y perros, que mediante intimidación con disparos al aire, obstrucción de caminos, exhibición de armas de fuego y reflectores nocturnos en las viviendas intentan el retiro y amedrentamiento de los campesinos poseedores de tierras”.
Los ejércitos organizados por los terratenientes cuentan con la complicidad policial y, en muchos casos, las garantías de impunidad en la órbita judicial. En tierras de Manzoni, según la denuncia que presentó Santucho, los escuadrones están manejados por Jorge Peralta, el policía encargado del destacamento en La Barrosa, uno de los parajes vecinos. “Peralta es el que contrata los peones, controla el sistema de radios y a los hombres tomados por las imágenes de televisión”, explica.
Estos hombres son semejantes al escuadrón del lote 20, cercano a la ciudad de Pinto, retratado en fotografías por otro de los grupos del Mocase. Las imágenes publicadas el lunes en este diario mostraban a un grupo armado y financiado por “el señor Dutto”, el supuesto comprador de esas tierras que fue denunciado en Santiago del Estero por los campesinos durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En este momento, las denuncias sobre la emergencia de este tipo de organizaciones de justicieros están centralizadas por las organizaciones campesinas y por la Mesa de Tierras coordinada por el Obispado. Hasta esa mesa llegó en estos días una nueva denuncia de los campesinos de Añatuya, una de las ciudades en las que los empresarios –según el preinforme de la comisión– están organizándose con los mismos códigos. Allí, un grupo de campesinos presentó una denuncia penal contra los ocupantes del lote 12, cercano al latifundio Quebrachales Tintina SA, una de las compañías que perteneció a Ernesto Tornquist, fundador de Quimilí. “La empresa cayó en liquidación y en quiebra –explica Santucho– y las 800 mil hectáreas que tenían se empezaron a vender en miles de lotes pequeños”. En ese estado, dice Santucho, “ahora aparecen personas por todos lados diciendo que tienen títulos de propiedad sobre todo esto, pero no muestran los papeles”. En la mayoría de los casos, quienes se presentan como dueños plagian títulos de propiedad, alteran los datos en catastro para expulsar o negociar con los campesinos del lugar.