La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos rechazó la apelación de la Argentina en una demanda iniciada por British Gas y dejó firme la sentencia por la cual el país deberá pagar 185 millones de dólares por la pesificación del contrato y el congelamiento de tarifas de Metrogas en 2002, empresa controlada entonces por British. El máximo tribunal estadounidense rechazó el recurso presentado por la Argentina, tras un fallo de un tribunal arbitral de la Organización de las Naciones Unidas por el cual condenó al país a indemnizar a la compañía británica. La Corte ya había resuelto en contra de la Argentina por el mismo caso en marzo de este año al revisar un fallo de segunda instancia que favorecía al Estado argentino y ahora rechazó la apelación.

La demanda de British Gas, ex controlante de Metrogas, contra Argentina comenzó en 2003, luego de que el año anterior el gobierno de Eduardo Duhalde devaluara y decidiera pesificar las tarifas de los servicios públicos. La firma consideró entonces que ambas medidas violaban acuerdos bilaterales de protecciones de inversiones entre la Argentina y el Reino Unido, al tiempo que reducían el valor de su participación en Metrogas, distribuidora con operaciones en Capital Federal y once partidos del conurbano.

A diferencia de la mayoría de las empresas extranjeras prestadoras de servicios privatizados que iniciaron demandas contra el país en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, la compañía británica optó por recurrir a Uncitar, una Corte de las Naciones Unidas. En 2007, la energética obtuvo un fallo favorable en primera instancia indicando que Argentina debía pagar una indemnización por 185 millones de dólares. El Gobierno apeló ante la Corte de Apelaciones de Washington y en 2012 el panel de jueces revisó el fallo inicial. El tribunal de alzada de la capital norteamericana afirmó entonces que, de acuerdo con los términos del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Inglaterra y Argentina, “los problemas legales deben tratarse primero en el país que recibe la inversión”. De esta manera, la Justicia norteamericana reconoció la jurisdicción local para desarrollar este tipo de litigios. “De acuerdo con el tratado bilateral de inversiones argentino-británico, las disputas deben ventilarse, en una primera instancia, en los tribunales del país demandado y esperar, luego, 18 meses antes de llevar el caso a una Corte arbitral”, indicaba el fallo de segunda instancia. La compañía británica había obviado estos pasos legales.

El 5 de marzo, la Corte Suprema rechazó la interpretación de la Cámara de Apelaciones de Washington. Desde la visión de la mayoría de los jueces, el TBI entre Argentina y el Reino Unido no establece que los tribunales argentinos sean un requerimiento y prohíban recurrir a otras cortes. Para los siete jueces que entonces apoyaron el pedido de revisión (writ a certiorari) de la decisión de segunda instancia presentado por British Gas, un TBI debe ser considerado como un contrato entre privados. El gobierno argentino apeló la decisión, pero ayer fue rechazada.

El 70 por ciento de Metrogas pertenecía al Consorcio Gas Argentino Sociedad Anónima (GASA). De ese total, el 54,67 por ciento correspondía al grupo británico BG Group y el restante 45,33 estaba en manos de RepsolYPF (un 20 por ciento cotiza en las Bolsas de Buenos Aires y Nueva York y un 10 por ciento está en poder de los trabajadores). En noviembre de 2012, la estatizada YPF anunció que hizo uso de la opción de compra de la parte de British Gas en GASA, pero British continuó reclamando en la Justicia norteamericana. En mayo del año pasado, finalmente YPF tomó el control de GASA al desembolsar 9,7 millones de dólares. A esa participación controlante hay que sumarle el 8 por ciento de Metrogas que posee el Estado a través de la Anses. Metrogas estaba por entonces en concurso preventivo de acreedores desde 2010 por el incumplimiento de un vencimiento de 20 millones de dólares, pero en septiembre de 2013 normalizó su situación.