El Gobierno propuso una reformulación del actual instituto de promoción para la carne vacuna, para que en el futuro integre en sus objetivos el consumo diversificado de carnes, lo cual involucra al producto de origen aviar, porcino, ictícola y ovino. Además replanteará la composición de su órgano de conducción, ya que hasta ahora su presidencia era rotativa entre las principales entidades rurales empresarias (Comisión de Enlace), y a partir del nuevo esquema habría un presidente nombrado por el Ministerio de Agricultura y un vice en representación del sector privado. Estas propuestas están incluidas en el proyecto para el nuevo Instituto de Promoción de Carnes que el Ejecutivo elevó ayer al Congreso Nacional, junto con otros dos que proponen, respectivamente, declarar de interés nacional la sanidad animal y vegetal y la creación de un régimen de promoción y regulación de la acuicultura continental y marítima.

El anuncio fue formulado por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, junto al ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, en un acto que tuvo lugar en la Casa de Gobierno. Los tres proyectos fueron presentados como “un paquete de medidas en beneficio del sector agropecuario, destinadas a optimizar la producción y comercialización, transparentar procesos, obtener mayor regulación en materia sanitaria, defender el medio ambiente e impulsar buenas prácticas agrícolas”.

De los tres, el proyecto de mayor trascendencia es el que modifica los objetivos y la conducción del instituto de las carnes. Casamiquela destacó que “con este proyecto de ley, estamos dando un paso fundamental en el de-sarrollo y fortalecimiento de mercados que se encuentran en un crecimiento constante. Incluir a las cadenas productivas de carnes como la aviar, la porcina, la ovina, la caprina y de las provenientes de la pesca y la acuicultura, fomentarán aún más los diferentes hábitos de consumo del pueblo argentino”.

Con la instrumentación del nuevo Instituto de Promoción de las Carnes Argentinas, cambiará también la conformación actual de la Asamblea de Representantes, la cual pasará a estar compuesta por un presidente y 16 miembros:

- 4 del sector productivo

- 3 del sector industrial

- 4 del gobierno nacional

- 5 de las provincias productoras

El titular del Instituto, de acuerdo con el proyecto, será designado por el Ministro de Agricultura y la vicepresidencia la ocupará un representante del sector privado. El voto del presidente será doble.

La propuesta fue cuestionada ayer mismo por la Comisión de Enlace, en un comunicado emitido poco después de hecho el anuncio oficial. “En su último año de gestión, el gobierno nacional pretende destruir todo lo que todavía funciona en materia de impulso a la producción agropecuaria”, afirman la Federación Agraria, CRA, Sociedad Rural y Coninagro. Según el frente patronal rural, el actual Ipcva “hoy es una herramienta fundamental para contrarrestar la terrible pérdida de competitividad y el alejamiento del mundo que generó el gobierno nacional en el mercado vacuno”. Frente a ello, afirma que con el proyecto de reforma, “una vez más, el gobierno nacional pretende intervenir de forma inconsulta aquellas instituciones que funcionan exitosamente; como lo hizo hace dos años al expropiar el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores (Renatre), un ejemplo de diálogo social reconocido a nivel mundial”. El Renatre era conducido en forma compartida por la Comisión de Enlace y el titular del gremio de los peones rurales, la Uatre, sin que en su gestión se denunciara ni corrigieran las múltiples situaciones de explotación y reducción a la servidumbre que se repiten en diversos establecimientos rurales, como se comprobó cuando las tareas de fiscalización pasaron a manos independientes de las entidades rurales.

La postura de la Comisión de Enlace refleja la defensa de los intereses de la ganadería concentrada y de los frigoríficos exportadores, en desmedro de los pequeños productores familiares y de establecimientos industriales medianos, vinculados con los rubros de la producción de carnes alternativas.

El proyecto referido a las funciones de Senasa busca dotar a este organismo de herramientas para atender de forma inmediata situaciones de emergencia sanitaria y permitir el manejo más eficiente de su planta de personal y presupuesto. Para ello, “declara de interés nacional la sanidad animal y vegetal, la prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas que afectan la producción agropecuaria y forestal de la Argentina y a la inocuidad y calidad de producción primaria y los agroalimentos”.

Finalmente, se buscará promover la acuicultura, buscando “cuidar los recursos pesqueros y continuar apoyando y fortaleciendo el sector”, dotándolo de un marco regulatorio adecuado y adecuando diversos instrumentos de fomento a la actividad, tanto en el ámbito marítimo como continental.