Página/12 En Australia

Desde Brisbane

El G-20 destacó ayer en su declaración final la necesidad de garantizar los procesos de reestructuración de deudas soberanas, recomendando el fortalecimiento de ciertas cláusulas contractuales que sirven para poner límites a los fondos buitre. Es la primera vez que este foro para la cooperación económica y financiera, que integran 20 economías que en conjunto generan el 85 por ciento de la producción mundial, hace referencia al tema. Además, en la declaración se les pide a los ministros de Economía y presidentes de bancos centrales que discutan el progreso alcanzado, lo que deja abierta la puerta para seguir el debate y ayudar con la puesta en marcha de la convención multilateral para las reestructuraciones de deuda que aprobó la Organización de las Naciones Unidas. Página/12 estuvo ayer en el centro de convenciones donde se llevó adelante el debate y conversó con el ministro de Economía, Axel Kicillof, sobre las posibilidades que se están abriendo para el país en su disputa con los fondos buitre a partir de las distintas resoluciones de la comunidad internacional.

–Los fondos buitre no son un invento argentino. Son un mal que aqueja a la economía mundial. La historia se remonta a la crisis del ’30, cuando surgieron fondos financieros que se especializaban en comprar acciones de empresas quebradas y con esa tenencia buscaban forzar condiciones más ventajosas para obtener ganancias extraordinarias. Ese fenómeno fue creciendo hasta que se alojaron en el sistema financiero internacional. Desde hace 30 años se dedican a atacar a países y a tratar de obtener condiciones excepcionales en los casos de deuda soberana. Esto quiero decirlo porque resolver definitivamente la cuestión de los fondos buitre es una asignatura pendiente que tiene la arquitectura financiera internacional desde hace décadas. No puedo pronosticar cuáles van a ser los tiempos en los que se va a buscar una solución definitiva. Lo que sí puedo decir es que en este último tiempo, a partir de la situación que vive la Argentina en los tribunales estadounidenses, pero sobre todo por la decisión de la presidenta Cristina Kirchner de llevar el tema a los niveles más altos de la agenda mundial, se ha estado haciendo lo posible para que esa solución exista. No sé si ese plazo es más o menos breve, pero cada una de estas discusiones en las Naciones Unidas, el Fondo Monetario y el G-20 constituyen un escalón más hacia una solución definitiva del problema de los fondos buitre.

–La idea de la Argentina de hacer una convención internacional, que no sólo es una idea nuestra porque fue apoyada por el G-77 y después por las Naciones Unidas, responde a que difícilmente un problema que nace de contratos privados, que después son interpretados de forma arbitraria y caprichosa por jueces, termine teniendo una solución privada. Tendría que haber un ente internacional que entienda en la cuestión de las reestructuraciones y que les ponga límite a los ataques de los fondos buitre. Pero que hoy el tema haya estado en la mesa de diálogo de los países del G-20, y que se haya repetido tanto en esa mesa la expresión fondos buitre, es un paso central porque hasta hace poco, cuando empezó el juicio en Nueva York, se los trataba como inversores financieros, hedge funds o fondos de cobertura, todos eufemismos para quitarles la carga que realmente tienen, que es su peligrosidad para afectar procesos de reestructuración de deuda.

–No es definitorio. De hecho, ya van tres informes recientes sobre el tema del Fondo Monetario Internacional, que es un organismo multilateral.

–Hizo más que eso porque en su último informe planteó que Estados Unidos tal vez tenga que modificar su ley de inmunidad soberana. Eso está excediendo un poco el tratamiento privado y contractual que le quieren dar los propios países centrales y las instituciones financieras internacionales. Yo sé que lo que está ocurriendo con el juez Griesa es hoy, pero en muy breve tiempo conseguimos que aparezca hasta en el comunicado del G-20 la necesidad de encontrar una solución y a medida que se discute, más queda en claro cuáles son soluciones y cuáles no. Si ahora se cambian los contratos con, como se dijo hoy (por ayer), “cláusulas antibuitre”, uno puede discutir el alcance de esas cláusulas porque si un juez va a interpretar donde dice pari passu cualquier otra cosa, no hay cláusula que alcance y uno tiene la sospecha de que los fondos buitre tienen bastante influencia en el sistema político y judicial. No hay cláusula que alcance. Se necesita un tribunal que comprenda el problema y que lo aborde. Pero además está el stock de deuda emitido con cláusula pari passu. Concretamente, hoy hay aproximadamente 900 mil millones de dólares de deuda con la misma cláusula que tiene la deuda argentina. Eso implica que si alguno de los países que emitió esa deuda cae en default y en reestructuración, esa reestructuración es imposible. A medida que sigan las conversaciones, estos problemas se van a hacer más visibles.

–Tanto los presidentes como los ministros están muy al tanto de la situación y lo ven como un enorme peligro; pero sobre todo hay un punto que quiero plantear y que vale la pena considerar cuando maliciosamente se plantea que esos países no apoyan a la Argentina. Hay muchos países que piensan que plantear los dilemas de la reestructuración de deuda puede ser una señal de debilidad. Creen que si en los más altos foros hablamos de reestructuración de deuda, alguien puede interpretar que es porque va a haber default. Esto nosotros lo entendemos, pero está el stock de deuda que hay que solucionar y no se soluciona con nuevos contratos. Además está el problema de que hay jueces que cualquier contrato lo interpretan de cualquier manera.

–Lo de la Argentina en el juzgado de Griesa es una cuestión dinámica. Al principio parecía que el juez iba a actuar sumariamente para obligar al país a pagar, pero después hemos encontrado que el juez nombró a un negociador. Si estuviera tan convencido de su sentencia, la ejecutaría, pero no se puede. Los fondos buitre están tratando de generar condiciones extorsivas en base a las órdenes que va dando el juez, un juez que al mismo tiempo no resuelve qué hacer con la ley argentina y la ley europea como quien mantiene ese poder extorsivo, pero al mismo tiempo el tema va evolucionando. Creo que la sentencia es de imposible cumplimiento porque está afectando a terceros. Es una causa que no se limita al juzgado de Griesa. Hay grupos de bonistas accionando en la Argentina y en Europa contra el banco. El juzgado de Griesa es una porción pequeña de este problema. Con su sentencia imposible, Griesa consiguió involucrar a terceras partes y universalizar el problema. El caso evoluciona día a día. Como dijo la Presidenta tan claramente: por segunda única vez, Griesa dejó pagar los bonos argentinos y ahora por tercera única vez dejó al Citibank pagar de nuevo. Que el juez no resuelva cuestiones que es ya evidente que están equivocadas llama a pensar si el transcurso del tiempo no va a ir desbrozando el panorama y poniendo más en claro que los fondos buitre, con esto intentan obtener una ganancia descabellada.

–Desde el principio nosotros planteamos que hacerle caso a Griesa y pagar los 1600 millones de dólares que reclama Singer no era una solución sino multiplicar el problema. Si hubiéramos pagado 1600 millones de dólares a los fondos buitre para cumplir con la interpretación de Griesa, habrían aparecido todos estos otros fondos que tienen más títulos de este tipo y de otro tipo. Así hubieran aparecido los 23 mil millones de dólares de los que hablábamos. Ahora quedó en evidencia que la posición argentina no era una maniobra distractiva sino que era lo que iba a ocurrir. De hecho, ya están apareciendo esos fondos, pero los que aparecen tienen diferentes condiciones. Por eso no es muy tranquilizador que sea Griesa el que decida qué sentencia les aplica. Hay quienes tienen bonos con la cláusula pari passu, bonos sin la cláusula pari passu y bonos que ya fueron a otros juzgados. Dentro de ese pequeño universo del 7,6 por ciento que no aceptó los canjes, hay una parte que todos los analistas dicen que está perdida y que no va a aparecer nunca, pero hay otros que van a ir apareciendo en diferentes condiciones. Nosotros lo que siempre dijimos es que el objetivo de la Argentina es lograr una solución equitativa, legal y justa para el 100 por ciento de los bonistas. Esto quiere decir que ese 7,6 por ciento puede resolverse, pero bajo estas bases. Lo de Griesa claramente genera inequidad entre los bonistas, ilegalidad y no es sustentable. No es una solución. Es lo contrario a una solución.

–La Argentina tiene una vocación de encontrar una solución bajo los parámetros que mencioné recién, pero si uno tiene del otro lado a los fondos buitre y al juez Griesa pareciera que el objetivo no es el mismo. Para llegar a cualquier tipo de solución definitiva se necesitan dos partes; pero si la otra parte sigue planteando cosas descabelladas, no soy optimista, con cláusula RUFO y sin cláusula RUFO. Por supuesto, la vocación de la Argentina es resolver sus problemas financieros. Desde que asumieron primero Néstor Kirchner y después Cristina Fernández lo único que han hecho con respecto a las cuestiones externas es abocarse a encontrar una solución.

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