Las cámaras empresarias que conforman el autodenominado Grupo de los Seis (G-6) presentarán hoy ante la Justicia una solicitud para que sea declarada inconstitucional la nueva Ley de Abastecimiento, sancionada por el Congreso hace tres meses y aún no aplicada. Este grupo de choque, bajo el patrocinio del estudio Cassagne, pretende anticiparse ante una eventual aplicación de una herramienta que protege a los consumidores, además de generar mayor ruido político preelectoral. El G-6 es conformado por la Unión Industrial, la Cámara de Comercio, de la Construcción, la Sociedad Rural, la Bolsa de Buenos Aires y la Asociación de Bancos de capital nacional (Adeba). El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró “vergonzosa” y “mafiosa” la actitud de los empresarios que integran las respectivas cámaras del grupo de lobby, que “sólo buscan mantener su renta extraordinaria”. “La ley regula las relaciones de producción y de consumo. Pretendemos proteger al eslabón más débil de la cadena”, afirmó.

Al igual que lo ocurrido cuando el Gobierno dispuso la expropiación del predio de Palermo de la Sociedad Rural, donde la entidad interpuso un amparo previo a la medida, los empresarios del G-6 pretendieron anticiparse a la aplicación de la ley. Desde que se inició el debate del conjunto de normas para regular el abastecimiento y evitar abusos en los consumidores, las cámaras patronales habían adelantado que, sin importar el resultado del tratamiento en el Congreso, recurrirían a la Justicia. Esta postura no cambió pese a las reuniones mantenidas con el ministro de Economía, Axel Kicillof, y con el secretario de Comercio, Augusto Costa, quienes buscaron despejar las dudas empresarias. Los principales puntos que rechaza el establishment son la posibilidad de que el Estado intervenga sobre casos de especulación en materia de abastecimiento de productos y la conformación de un observatorio de precios.

Las demoras en cristalizar el reclamo judicial fueron por dudas respecto de la posibilidad de realizar una presentación sin que exista un caso particular que amerite la contraofensiva. Los letrados de algunas de las cámaras del G-6 incluso se mostraban escépticos a que existiese esa posibilidad. Sin embargo, el estudio Cassagne, que tiene historial de éxitos en materia de solicitudes de inconstitucionalidad previa a la aplicación de una medida, recogió el guante bajo el argumento de que la mera sanción de la ley implica un daño inminente. El efecto de una acción declarativa de certeza, como la de inconstitucionalidad de la norma en cuestión, no implica su derogación, sino que corresponderá eventualmente al Congreso.

En su habitual rueda de prensa, Capitanich atribuyó a los empresarios de este grupo de lobby una “conducta mafiosa, distorsiva del verdadero capitalismo”. “Defienden una renta extraordinaria que pretenden hacerla frente al eslabón más débil de la cadena. Que lo hagan en términos de presentación judicial es lisa y llanamente aceptar que son culpables del proceso de formación de precios, que son responsables directos de la inflación”, consideró el jefe de Gabinete. “Los grandes grupos económicos están representados por el Grupo de los Seis, que no pretenden ningún marco regulatorio, porque son formadores de precios. Es mentira que defiendan la libre empresa, lo que defienden es la renta extraordinaria”, agregó.

Luego de que se sume con su firma la Cámara de Comercio, el estudio de los empresarios del G-6 presentará el escrito a la Justicia, el cual consta de más de cien páginas y podría ir acompañado de un amparo para intentar que la norma quede en suspenso mientras se investiga el tema de fondo. El amparo estaría en línea con los argumentos de intervencionismo que esgrimieron desde el Foro de Convergencia Económica, otra usina de pensamiento neoliberal. La presentación coincide con la apertura de una nueva edición de la 20ª Conferencia de la Unión Industrial, que tendrá la presencia de funcionarios del gabinete nacional, como el ministro Kicillof, y su par de Industria, Débora Giorgi. El plato fuerte será mañana, cuando la presidenta Cristina Fernández, quien ya confirmó su asistencia, clausure esta conferencia industrial.