El secretario de Comercio Interior de Tierra del Fuego, Sebastián Oyarzún, manifestó su satisfacción por la multa de 1060 millones de pesos que les aplicó el gobierno nacional a ocho terminales automotrices que cartelizaron precios en la isla entre 2002 y 2010. “Es una medida histórica porque confirma que las terminales se pusieron de acuerdo en fijar para Tierra del Fuego precios superiores a los que correspondían, obviando todos los beneficios impositivos que tiene la provincia a través del régimen de promoción económica fijado por la Ley 19.640”, detalló Oyarzún. Por su parte, el secretario de Comercio, Augusto Costa, aseguró que “las multas fueron aplicadas porque las empresas desplegaron prácticas perjudiciales para el interés económico general”.

La sanción surgió a partir de una investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) en la que se demostró que las firmas cobraban en la isla los mismos precios que en el resto del país, pese a que los autos tendrían que salir más baratos por estar exceptuados del pago de impuestos nacionales.

“En 2008 se presentó una demanda por parte de un consumidor de la provincia de Tierra del Fuego, que denunció a las automotrices y a las concesionarias por prácticas anticompetitivas que venían desarrollando desde el año 2002”, explicó Costa. Al cobrar por los autos el mismo precio que en el continente, las automotrices se quedaban con el monto equivalente a los impuestos internos, el IVA y los aranceles de importación que no habían pagado por estar exceptuadas según prevé el régimen especial aduanero para el sector automotor.

Una vez que la CNDC dictaminó que existió una política de cartelización, la Secretaría de Comercio, a través de la resolución 271, multó con 150 millones de pesos a Fiat, Ford, General Motors, PSA (Peugeot y Citroën), Renault y Volkswagen; a Toyota por 104 millones y a Honda por 56 millones. Un total de 1060 millones de pesos. “Durante los seis años de investigación de parte de la CNDC, las automotrices tuvieron oportunidades de presentarse y dar su testimonio. También de entregar documentación que fue desechada porque los hechos demostraban que había una conducta que distorsionaba la competencia y perjudicaba a los consumidores”, dijo Costa. Los montos de las multas responden al daño estimado que las empresas produjeron a los consumidores entre 2002 y 2010.

Costa advirtió que “en este caso aplicamos la Ley de Defensa de la Competencia, pero también tenemos desde el mes de septiembre la modificación de la ex ley de abastecimiento, que ahora se llama Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, que también busca evitar situaciones donde la concentración perjudica a los consumidores”.