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El secretario de Obras Públicas, Luis López, aseguró ayer ante el Congreso que las actuales operadoras de rutas nacionales por el sistema de peajes que tengan una situación de litigio con el Estado serán excluidas de la licitación en curso. El funcionario, subordinado del ministro de Planificación, Julio De Vido, defendió ante los diputados de la Comisión de Obras Públicas esta iniciativa oficial, que preserva las casillas, aunque bajo otras condiciones.
Los legisladores tienen varios reparos sobre la licitación oficial, empezando por lo que interpretan como una marginación de la Dirección Nacional de Vialidad, en algunos aspectos subordinada al Occovi (Organo de Control de las Concesiones Viales). Pero los mayores esfuerzos de los funcionarios de este ente y de Planificación ayer estuvieron orientados a convencer a los diputados que el actual proceso no entraña ningún favoritismo para las empresas que hoy están en el negocio y a las que se les imputan millonarios incumplimientos a favor del Estado.
Según señaló López, a más tardar el 17 de octubre la comisión de renegociación de contratos detallará en un informe cuál es la situación de cada uno de los actuales concesionarios, cuyos nombres se repiten en la nómina de precalificados para este proceso: Macri, Roggio, Dycasa, Supercemento y Perales, entre otros. De este informe, algunos podrían resultar excluidos, en particular si tienen pleitos pendientes contra el Estado.
El secretario de Obras Públicas también defendió el nuevo esquema de concesión por el cual algunos corredores serán beneficiados con subsidio y otros obligados al pago del canon. El Estado reservará para sí los “325 millones de pesos anuales” que según el funcionario hoy destina el fisco a subvencionar a los operadores. Con esos recursos licitará las principales obras de mantenimiento de los caminos, que le demandarán alrededor de 500 millones de pesos en los cinco años de la concesión. Así, subrayó el colaborador de De Vido, las arcas públicas conseguirán un ahorro superior a los 1000 millones.