“El fallo que dictó el juez inglés es una novedad favorable para la Argentina y de alguna manera cuestiona la extravagancia de Thomas Griesa”, consideró Sebastián Soler, abogado especialista en política económica y finanzas. Se refiere a la decisión de un tribunal en Londres que determinó que los 225 millones de euros depositados en junio del año pasado por la Argentina en las cuentas del Bank of New York Mellon (BoNY) en el Banco Central están regidos por la legislación británica y son propiedad de los denominados Eurobondholders. Esa afirmación podría ser una obviedad, si no fuera porque Griesa mantiene el dinero bloqueado bajo el supuesto implícito de que todavía pertenece a la Argentina y no a los bonistas europeos. Además, Soler cuestionó a Guillermo Nielsen, economista del Frente Renovador y ex secretario de Finanzas, que propone que la Argentina les haga juicio a los buitres en las Islas Caimán.

Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos dejó firmes las decisiones de Griesa a favor de los buitres, la disputa legal se ramificó a tribunales por todo el mundo. El juez norteamericano prohibió al BoNY, el agente de pago de la deuda reestructurada, transferir cualquier pago realizado por el país, restricción que alcanzó a los depósitos de los títulos en euros con ley inglesa. Entonces, los fondos Quantum Partners, del financista George Soros, y Hayman Capital Master, cuyo titular es el multimillonario texano Kyle Bass, iniciaron una demanda contra el BoNY.

“Los bonistas europeos liderados por Soros pidieron que el tribunal británico le hiciera entender a Griesa que él no es juez del mundo”, indicó Soler en el programa Bestiario, en Radio Cooperativa. Soler es un abogado especializado en derecho financiero. Obtuvo una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard y luego fue socio en Marval, O’Farrell & Mairal, uno de los estudios más poderosos del país. Se desempeñó en el Banco Central entre 2011 y 2013, primero como asesor de la presidencia, a cargo de Mercedes Marcó del Pont, y luego de la subgerencia General de Supervisión de Entidades Financieras y Cambiarias.

El viernes se conoció una declaración del juez inglés David Richards, a cargo de la causa. Si bien no resolvió la cuestión de fondo, dio los primeros pasos en ese camino al responder un conjunto de pedidos de Soros y Bass. La High Court of Justice de Londres ratificó que los 225 millones de euros pagados por Argentina a fines de junio de 2014 están regidos por ley inglesa. También indicó que los pagos realizados por Argentina están depositados en fideicomiso. De esa forma, frenó la pretensión buitre para que se declare ilegal el depósito efectuado por el equipo económico.

“Es importante porque el riesgo que todavía se corre es que prevalezca en Nueva York el argumento de los fondos buitre de que en realidad la transferencia de fondos que se hizo para pagar los vencimientos estaba prohibida por Griesa, de modo que sería una transferencia ilegal y que carece de efectos jurídicos. Entonces, el dinero seguiría siendo de la Argentina. Esta decisión del juez inglés clausura la pregunta de si el dinero es o no todavía de la Argentina, al menos en los bonos denominados en euros”, explicó Soler. Si bien la decisión del juez fortalece la posición de los bonistas, el tribunal de Londres no ordenó al BoNY canalizar los euros retenidos y su decisión no tendrá implicancias inmediatas sobre la causa en Nueva York. La definición del tema de fondo, una posible sanción contra el banco por incumplir con el contrato de fideicomiso, será abordada más adelante en las cortes inglesas.

Por otro lado, Soler criticó la propuesta que deslizó Guillermo Nielsen, ex secretario de Finanzas y actual economista del Frente Renovador, para enfrentar a los buitres: llevarlos a juicio en las Islas Caimán, que es donde están radicados, bajo la acusación de inducir al país a violar un contrato con los bonistas. “Es una insensatez económica, práctica y jurídica”, respondió el especialista en derecho financiero.

“Islas Caimán es una guarida fiscal con más sociedades fantasma que habitantes, y su principal industria es ayudar a esas sociedades a evadir impuestos. Pensar que ahí vamos a conseguir justicia es por lo menos ingenuo. El juzgado de Griesa sería un spa cinco estrellas al lado de un tribunal de Islas Caimán”, consideró Soler. Agregó que “para iniciar ese juicio el país debería depositar una garantía, que sería equivalente a la que nos ordena pagar la sentencia de Griesa a los buitres. Si nos jugamos la ficha en el casino de Islas Caimán y nos sale mal, terminamos pagándoles todo a los buitres”. Además, advirtió que “mientras la plata esté allí se corre el riesgo de embargo al mismo tiempo que requiere reconocer que incumplimos el contrato, algo que va contra la posición razonable del país que afirma que cumplimos pagándole al Bank of New York Mellon y Nación Fideicomisos. Y si llegamos a ganar ese juicio, lo único que habrá pasado es que le ganamos a un buitre en Islas Caimán y quedan en pie todo el resto de las demandas de holdouts sin sede en esa isla”. “Hay que juzgar las cosas por lo que sucede pero también por lo que no sucede. En junio, las expectativas en los medios era que nos iban a pasar cosas catastróficas. Ninguna de ellas pasó”, concluyó Soler.