Mariano Rajoy está convencido de que la crisis en España llega a su fin. “Los brotes verdes” de la recuperación es la imagen más citada en sus discursos, y los números que baraja son siempre indudables indicios de crecimiento económico. Sin embargo, más allá del Palacio de la Moncloa, la realidad ofrece datos diferentes. Mientras el presidente de gobierno asegura en entrevistas televisivas que “los desahucios no son la norma habitual”, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el tercer trimestre del año pasado, 6700 personas fueron desalojadas de su vivienda habitual, un 13,5 por ciento más que en el mismo período de 2013.

En concreto, en la ciudad de Barcelona, el Consejo General del Poder Judicial afirma en una estadística presentada en diciembre que se efectúa una media de treinta desalojos diarios, lo cual desmiente el recurrente optimismo del Partido Popular (PP). De ahí que los trabajadores sociales de la Municipalidad de Barcelona hayan decidido plantarle cara a una situación que consideran “uno de los problemas más graves que padecen los ciudadanos”, y le hayan presentado un escrito al intendente, Xavier Trias, exigiendo que no se los obligue a estar presentes en los desahucios.

“Los equipos básicos de Servicios Sociales –trabajadores sociales, educadores, psicólogos y personal de la administración– somos quienes de primera mano conocemos el sufrimiento que está generando a la ciudadanía la creciente desigualdad social (...) La pérdida de la vivienda provocada por el aumento de desahucios es uno de los problemas más graves que padecen ciudadanos y ciudadanas y por ello los profesionales de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona queremos manifestar con este escrito nuestro posicionamiento.” Así reza el primer párrafo del acuerdo que a finales de año le entregaron en mano al intendente –y que acaba de recibir como toda respuesta una carta protocolar– los miembros de los Servicios Sociales para modificar su papel en el proceso de desalojo de una familia. Los profesionales de este sector de la municipalidad se niegan a que su presencia en la ejecución del desahucio sirva para dar apoyo al personal judicial que lo lleva a cabo, y no para desempeñar la que, esencialmente, es su función: atender y acompañar a las personas sin recursos.

Para cumplir con este objetivo, el escrito presentado a Trias le exige que se revoque el acuerdo actual entre el gobierno de la ciudad y los organismos del ámbito judicial en materia de lanzamientos; que se paralicen todos los desahucios derivados de motivos económicos hasta que no se pueda establecer un nuevo acuerdo que garantice el derecho a la vivienda digna de las personas afectadas, y que se apliquen políticas para resolver la falta de hogar de miles de familias en Barcelona.

Israel, trabajador social de la municipalidad, delegado sindical y uno de los firmantes del escrito, explica que desde marzo del 2013 existe un protocolo de ejecución de los desahucios acordado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Departamento de Justicia de la Generalitat, los Colegios de Abogados y Procuradores y el Ayuntamiento de Barcelona que “establece que la administración de Justicia puede dirigirse a los Servicios Sociales en cualquier momento del proceso para que nosotros, en conjunto con la policía, evaluemos la posible situación de riesgo social y la seguridad de la comisión judicial en la realización del lanzamiento”.

“En otras palabras, parece como si el acuerdo estuviera pensado más para proteger a la comisión judicial para llevar a cabo el desahucio, que en hacer una atención preventiva o en buscar el adecuado realojamiento de las personas afectadas”, advierte Israel. La asamblea de trabajadores sociales denuncia que este acuerdo entre los organismos judiciales y la municipalidad “pretende legitimar los desahucios con nuestra presencia al mismo tiempo que no garantiza un realojamiento digno para los ciudadanos”. De hecho, Israel explica que muchas veces lo que hace un miembro de los Servicios Sociales cuando va a un lanzamiento es enviar a los afectados a una pensión, mientras que –asegura– “al Ayuntamiento le saldría mucho más barato habilitar un parque de alquileres sociales”.

Desde las plataformas antidesahucios se reclama también al gobierno un paquete de medidas que realmente llegue al conjunto de la población porque, como señala Carlos Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona, “el patrón que ha engullido a las medidas del gobierno es siempre el mismo: criterios económicos y sociales muy restrictivos que vetan al acceso de muchas personas”.

En Cataluña, la comunidad autónoma que desde 2008 contabiliza el mayor número de desahucios del territorio, cada vez más intendencias apoyan el movimiento de las PAH, que continúa imparable. El gobierno de Barcelona, en cambio, decidió situarse al margen de la moción impulsada en 16 consistorios catalanes para sancionar a las entidades cuyos pisos estuvieran vacíos, ya que “son más partidarios de negociar con los bancos”, advierte Macías. “Y la realidad es que en tres años de conversaciones han logrado recuperar sólo 12 pisos de los 88.000 que se encuentran en desuso en la ciudad, mientras que nuestra obra social ha recuperado ya treinta edificios en los que ha realojado a 2500 personas desahuciadas”, afirma el portavoz de la PAH Barcelona.

Ahora, los trabajadores sociales de la capital catalana se suman a la lucha de las plataformas antidesahucios exigiéndole al intendente de Convergència i Unió (CIU) “un nuevo acuerdo con tiempos adecuados para que la familia encuentre otra casa antes de ser desalojada, y así se ahorre la dolorosa experiencia de ser echada de su hogar”, según afirma su delegado sindical. Desde el cuerpo de trabajadores sociales insisten en que se los está obligando a actuar en contra de su razón de ser, que es la de proteger a los colectivos más vulnerables y lamentan que su presencia en el momento del desahucio distorsiona su plan de trabajo con las familias. “Tú llevas un tiempo acompañándolos, intentando ayudarlos, y cuando de repente te ven ahí, apoyando a los que los echan de casa, obviamente el vínculo con esa familia se rompe”, culmina Israel, uno de los firmantes del escrito presentado ante el gobierno de Barcelona.