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Si el aportante a una AFJP cree que en la Administradora hay expertos que deciden cómo, mejor o peor, invertir su dinero, se equivoca. Expertos hay, pero compartidos por todo el conglomerado financiero al que pertenece la AFJP, el que suele incluir un banco, una compañía de seguros de vida, otra de retiro, una prepaga médica y algún otro negocio. Así, el gerente financiero de todo el grupo asigna cada operación a una u otra rama según cómo haya resultado, guiado por la necesidad que tenga de reforzar alguna de ellas, teniendo a la vista el riesgo sistémico del conjunto. Por tanto, el afiliado a la AFJP no tiene garantía alguna de que su ahorro previsional sea tratado como una prioridad y de que no le sean endosadas a su fondo las operaciones menos afortunadas, con lo que se puede convertir en el pato de la boda de los conflictos de intereses. Recién ahora, más de nueve años después de inaugurado el régimen de capitalización, está por aparecer en cualquier momento una resolución de la superintendencia del sector que aislará a las jubiladoras.
La norma incluirá, en este sentido, dos reformas. Por una de ellas, se impondrá que el personal, incluidos los máximos responsables financieros, y el ámbito físico que se utilicen en la administración de inversiones deben ser exclusivos de las AFJP. La realidad actual es que algunas ni siquiera tienen una mesa de dinero propia. Además, cada Administradora deberá contar con un comité de inversiones compuesto por personal con dedicación exclusiva, que establezca con claridad sus objetivos de inversión.
Otro increíble vacío en la regulación del sector es la ausencia de obligación de mantener respaldos documentales de las operaciones que las AFJP realizan con intermediarios financieros, como bancos o agentes bursátiles. Por lo común, la concertación de transacciones por teléfono o computadora se registra para control interno, pero ante una investigación las Administradoras pueden aducir haber borrado esas pruebas de las cintas o las memorias. Y efectivamente apelaron a ese argumento en más de una ocasión.
A partir de la nueva resolución, las grabaciones deberán ser conservadas durante un período prolongado, que podría ser de 3 años, como también los impresos de pantalla, que además deben demostrar el pedido de varias cotizaciones para la adquisición de un determinado activo financiero, con la asignación al mejor postor. Esto es por ejemplo lo que rige en México. En la mayoría de los países, no sólo los fondos jubilatorios sino cualquier inversor institucional deben conservar el registro de sus operaciones.
Las AFJP manejan tanto fondos de terceros, provenientes de los aportes de sus adherentes, como el correspondiente al encaje de 1 por ciento previsto para que recapitalicen los fondos de sus afiliados si la rentabilidad cae en un período por debajo del piso admitido, y además de todo eso operan capital propio. Pero hasta ahora ninguna disposición las obligaba a priorizar las operaciones con fondos de terceros, es decir, a darles prioridad para las transacciones más favorables. Este y otros huecos serán en principio salvados mediante un código de ética, que reglamentará la conducta del personal y la manera de gestionar los negocios.
Más del 74 por ciento del dinero que hoy maneja el sistema corresponde a AFJP cuyos dueños son bancos. Hasta ahora las Administradoras tenían prohibido utilizar para sus operaciones en el país al o los bancos vinculados; por ejemplo, constituir plazos fijos en ellos. En adelante, esa restricción se extenderá también a los mercados del exterior.
Las AFJP critican algunas de estas medidas de próxima implantación porque les causarían un aumento de costos, aunque no parece que el incremento sea significativo. Pero los más disgustados son los gerentesfinancieros, que temen por sus sueldos, actualmente rondantes en los 20 a 25 mil pesos mensuales. Temen que los directores resuelvan bajárselos con el pretexto de que en adelante sólo deberían ocuparse de una pata del negocio del grupo. Difícil es, sin embargo, que logren presentarse como dignos de compasión.