[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El dictador Antonio Domingo Bussi tiene previsto asumir como intendente de San Miguel de Tucumán el próximo 29 de octubre. Pero ese día podría estar preso. El juez federal de Tucumán Jorge Parache declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y citó para hoy al veterano represor para indagarlo por la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse. Los organismos de derechos humanos festejaron la resolución que habilita, por primera vez en la provincia, la posibilidad de investigar y juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura.
Vargas Aignasse fue secuestrado en su casa de San Miguel de Tucumán el mismo día del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976. Luego, fue visto en la Jefatura de Policía, donde funcionó un centro clandestino, y en el penal de Villa Urquiza. De allí prometieron liberarlo, pero, en cambio, lo sacaron de noche en un camión con destino desconocido.
Por este hecho, además de Bussi, fueron citados por Parache los represores Luciano Benjamín Menéndez –que está preso en Córdoba y deberá presentarse mañana–, Arturo González Naya, Antonio Arrechea, Marcos Hidalgo, Luis Oviedo y Mario Sirno.
La resolución del juez –que fue firmada el 7 de octubre pero recién se conoció ayer– responde a un pedido del fiscal Emilio Ferrer, quien se pronunció por la invalidez de las leyes de impunidad. El magistrado reivindicó también la competencia de la Justicia federal para investigar las desapariciones y torturas de la última dictadura y se estimó que esos delitos no están prescriptos.
A los organismos de derechos humanos de Tucumán, como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino por los Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), les llamó la atención que el magistrado citara al dictador en base a un artículo del Código Penal que se aplica para delitos de menor gravedad y por lo tanto admite la posibilidad de que el acusado esté en libertad. Explicaron, además, que Parache también tiene en su juzgado la “megacausa” sobre los crímenes que ordenó Bussi en Tucumán, en la que hay más de 600 desapariciones denunciadas. “Este fallo es un paso importantísimo para poder mostrar la culpabilidad de Bussi y pedir su detención por haber implementado en la provincia un plan sistemático para hacer desaparecer personas”, sostuvo Gabriel Pereira, de Andhes.
A pesar del reparo de algunos dirigentes de derechos humanos –respaldado en los antecedentes de los jueces federales tucumanos–, Bussi podría terminar en prisión hoy, si Parache hiciera lugar al reclamo que en ese sentido hará el fiscal. “Estoy convencido de que va a quedar detenido. Hace 27 años que estamos peleando por esto ya que lo único que nos queda a las víctimas es pedir justicia”, aseguró a Página/12 Gerónimo Vargas Aignasse, hijo del senador desaparecido.
Gerónimo Vargas Aignasse compitió y perdió con Bussi la intendencia de San Miguel de Tucumán y es candidato a legislador por el PJ en las elecciones del próximo 26 de octubre. Los avances en la causa por el secuestro de su padre podrían complicar la asunción del represor, prevista para el 29 de octubre. “Mi tío pidió la reapertura de la causa después de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por el Congreso. Pero no pueden decir que pedir justicia por la desaparición de mi padre es un tema electoral, nunca usé este tema para hacer campaña”, afirmó Vargas Aignasse.
Mientras Bussi fue comandante de la quinta brigada del Ejército, en su zona de influencia funcionaron al menos 17 centros clandestinos de detención. Algunos de esos sitios eran visitados regularmente por el dictador, quien también se ocupó personalmente de ejecutar a prisioneros. A pesar de las abundantes pruebas sobre su responsabilidad en esos hechos, la primera vez que Bussi estuvo detenido fue en julio de este año, cuando el juez federal Rodolfo Canicoba Corral lo arrestó a pedido de su par español Baltasar Garzón. El represor quedó en libertad porque el gobierno de José María Aznar no continuó el juicio de extradición, pero su situación cambiará como consecuencia de la nulidad de las leyes de impunidad.