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El desaire fue explícito. Ninguno de los jueces de la Corte Suprema está dispuesto a socorrer a Eduardo Moliné O’Connor y lo dejaron en claro en una resolución que firmaron ayer. Los siete ministros que quedan en el tribunal se excusaron de intervenir “en todos los asuntos vinculados al juicio político” de su colega suspendido provisoriamente la semana pasada por el Senado. Ahora sortearán nueve conjueces entre todos los presidentes de las cámaras de apelaciones para que traten estos temas.
Moliné acató ayer la medida de los senadores y no fue al plenario de la Corte. Sus (cerca de ser ex) compañeros se dedicaron a analizar qué hacer con los recursos que ya planteó y los que llevará al alto tribunal cuestionando distintos puntos de su juicio político. Por unanimidad, se excusaron en la recusación del supremo tenista contra la senadora Cristina Fernández de Kirchner, que había sido rechazada por la Cámara alta. La acusaba de compartir con su esposo, el presidente Néstor Kirchner, el objetivo de desplazar a uno o más cortesanos.
Sus Señorías esgrimieron, oficialmente, “razones de delicadeza y decoro” para no fallar. “Me parece bien que así lo hagan, para evitar suspicacias”, dijo el abogado de Moliné, Gregorio Badeni. De todos modos, es evidente que más allá de que cualquiera de los ministros de la Corte podría verse en una situación similar a la de quien fuera el “cerebro” de la mayoría automática, quisieron abrirse.
La semana pasada, antes de ser suspendido, Moliné presentó un pedido de licencia, pero el tribunal no dijo nada al respecto. Concedérsela, en realidad, sería una forma de desconocer la decisión parlamentaria. El asunto quedó en el aire pero, según un funcionario de la Corte “también debería ser resuelto por los conjueces designados”.
El tribunal suplente que tendrá que actuar en los reclamos que promueva el viejo aliado de Julio Nazareno será sorteado en una audiencia fijada prevista para el viernes. Para ese entonces, probablemente su defensor ya habrá presentado un recurso extraordinario ante el Senado en el que postulará la inconstitucionalidad de dos artículos de su reglamento interno: el 4, que habilita la suspensión de un magistrado antes de una resolución sobre su permanencia en el cargo, y 6, que deja la producción de pruebas durante el juicio político en manos de la Comisión de Asuntos Constitucionales y no en el pleno. Si la Cámara rechaza esa presentación, directamente irá con un recurso de queja ante la propia Corte. Badeni volvió a insistir ayer en que, en última instancia, siempre guardan la carta de recurrir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante el acuerdo de ayer los jueces máximos volvieron a exhortar al Poder Ejecutivo –lo vienen haciendo desde hace días– para que libere una partida de dinero para pagar un aumento retroactivo de 200 pesos a los empleados del Poder Judicial. La semana pasada el Consejo de la Magistratura autorizó que se efectuara el pago, con dinero excedente con el que cuenta y en virtud de la ley de autarquía, a todo el persona que está bajo su órbita, que son unas 18 mil personas. Pero la Corte considera que no tiene atribuciones para modificar el total presupuestario y ayer lo ratificó, por lo que los 3000 trabajadores que dependen directamente de ella siguen sin percibir el plus. Los supremos enviaron una tercera nota al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para que intercediera. “Ni siquiera contesta nuestros llamados”, se quejaban cerca del presidente de la Corte, Carlos Fayt. La situación amenaza con derivar en una medida de fuerza capaz de paralizar a la Justicia ya que entre quienes no cobraron figuran los notificadores de citaciones y fallos, y el Ministerio Público. El pedido francés de extradición del represor Alfredo Astiz estuvo presente en el plenario de la Corte, que ya le envió el tema al procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, para que emita un dictamen. Todo hace pensar que el planteo será rechazado por el tribunal; el interrogante es si los magistrados dictarán o no en este caso la inconstitucionalidadde las leyes de Punto Final y Obediencia Debida para afirmar la continuidad de los juicios en la Argentina.