El tribunal arbitral del Banco Mundial emitió una sentencia contra el Estado nacional por la anulación de la concesión de Aguas Argentinas. El laudo obliga al país a pagarle 405 millones de dólares al grupo francés Suez y a la firma Aguas de Barcelona, las ex concesionarias de la empresa luego convertida en AySA. La decisión del Ciadi no es definitiva. La Procuración Nacional del Tesoro, el organismo a cargo de la defensa oficial, puede solicitar la nulidad del laudo. La resolución de esos pedidos, un recurso utilizado por el país en la mayoría de los casos que enfrentó, inicia un extenso proceso que puede insumir hasta tres años. Incluso, si el fallo quedara firme, el país no estaría obligado a pagar, ya que no existe un mecanismo directo para forzar su cumplimiento. La provisión de agua y saneamiento en la región metropolitana se encuentra a cargo de AySA desde que se decidió la estatización del servicio, en 2006.

El Ciadi es el tribunal del Banco Mundial que dirime controversias entre países y empresas extranjeras. Su competencia fue aceptada por el país durante el gobierno de Carlos Menem. Esa decisión, junto con la firma de 55 Tratados Bilaterales de Inversión, implicó la cesión de soberanía jurídica a tribunales internacionales. Néstor Kirchner y Cristina Fernández rechazaron pagar los fallos en contra, reclamando el reconocimiento de la jurisdicción local. Las compañías concesionarias de servicios públicos que iniciaron demandas luego de la crisis 2001-2002 nunca lo aceptaron.

A lo largo de la última década, Argentina acumuló un número significativo de sentencias en contra, pero no canceló ninguna. Esa fue la regla hasta agosto de 2013 cuando, para destrabar el flujo de financiamiento de los organismos multilaterales, el Gobierno alcanzó un acuerdo con cinco accionistas de concesionarias de servicios públicos privatizados –Azurix, CMS Gas, Continental Casualty, National Grid y Vivendi– que tenían laudos con sentencia firme. Las empresas renunciaron de forma definitiva a las disputas por un total de 677 millones de dólares y, luego de una quita de capital e intereses, el país entregó bonos denominados en dólares.

Las concesionarias del servicio de agua y cloacas en la región metropolitana de Buenos Aires iniciaron su demanda en abril de 2003. Con el grupo francés Suez a la cabeza, las compañías reclamaron una compensación de 1200 millones de dólares. Aducían, entre otras cosas, que el Gobierno se negaba a conceder ajustes de tarifas. La resolución del tribunal celebrada por la compañía a través de un comunicado sentenció al país a pagar 405 millones de dólares. “La decisión representa un paso importante en la resolución de la disputa. El próximo paso consiste en asegurarse que la decisión del Ciadi sea implementada”, sostuvo el grupo Suez.

El 21 de marzo pasado se cumplieron nueve años de gestión estatal de AySA. La estatización de la empresa proveedora del servicio de agua y cloacas terminó con la deficiente concesión a cargo de Suez. El grupo francés recibió, en 1993, la concesión del servicio de Obras Sanitarias. Durante los trece años de gestión privada, la ampliación de la red del servicio de agua potable alcanzó a 460 mil personas y, de cloacas, a 210 mil. Uno de los argumentos oficiales para anular el contrato en 2006 fue que la firma de capitales franceses puso en “peligro potencial” a la sociedad al distribuir aguas contaminadas a más de 800 mil personas en el sudoeste del conurbano.

Cuando el Estado se hizo cargo de la empresa había tres millones de habitantes sin agua potable y unos 4,5 millones sin cloacas. La inminente terminación de la planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas, ubicada sobre el Paraná de Las Palmas, en el partido de Tigre, permitirá alcanzar un nivel de cobertura total en agua potable antes de fin de año. Las obras realizadas en materia de cloacas permitieron reducir el déficit a la mitad, y en el 2019 se prevé alcanzar la cobertura total. Para obtener estos resultados, el Estado invirtió 20.200 millones de pesos desde su (re)estatización.