Cuatro ex funcionarios del Ministerio de Economía fueron condenados por intentar favorecer, por acción y por omisión, en una millonaria suma al grupo Greco, ex propietario del Banco de los Andes y dueño, en su momento, de más de cuarenta empresas ligadas a la alimentación. Ese gran momento fue, precisamente, en la dictadura empresarial-militar de los ’70, durante la cual el grupo se convirtió en un emblema de cómo se enriquecieron algunas firmas al amparo de las condiciones creadas por el entonces ministro José Alfredo Martínez de Hoz. Pero esos grupos crecieron casi tan rápido como cayeron. Retornada la democracia, los hermanos Héctor y José Greco pretendieron recuperar los activos perdidos demandando al Estado la compensación por “los bienes apropiados”. Los funcionarios ahora condenados fueron señalados como los que le dieron vida a la demanda y estuvieron a punto de convertir en exigible la millonaria indemnización reclamada, al no haber ejercido como correspondía la defensa del Estado.

La característica identificatoria de entidades como el Banco de los Andes, el Banco de Intercambio Regional o el Banco Oddone fue que nacieron con una ley que les permitió absorber depósitos del público ofreciendo altas tasas, para después declararse en “insolvencia” haciendo que las finanzas públicas respondieran ante el público. Durante 1980, varias de estas entidades cayeron en bloque; sus empresas fueron expropiadas y varios de sus responsables terminaron en prisión. Con la llegada de la democracia, algunos de ellos, como los hermanos Greco, iniciaron una causa contra el Estado por la recuperación de sus activos, obviando la forma en que los obtuvieron. Esta pretensión, sucesivamente rechazada desde el gobierno de Raúl Alfonsín en adelante, logró en cambio cabida durante la gestión de Roberto Lavagna, ministro de Economía primero bajo el mando del presidente provisional Eduardo Duhalde y a partir de mayo de 2003 ya con el presidente electo Néstor Kirchner.

El grupo Greco había llegado a convertirse, entre 1976 y 1979, en un poderoso holding que, además del Banco de los Andes, controlaba las bodegas Resero, Arizu, Aguas Villavicencio y otras 40 firmas que le permitían, por ejemplo, concentrar más de la mitad de la producción vitivinícola del país. Pero en 1980, como se señaló, fue a la quiebra y terminó intervenido por la misma dictadura. Los hermanos Greco aseguran que el gobierno de Alfonsín se comprometió, en 1987, a restituirle parte de sus empresas, pero años más tarde reclamaron judicialmente por supuesto incumplimiento del convenio.

Héctor Miguel Osvaldo Greco, quien fuera presidente del holding, había muerto en un accidente automovilístico en la mañana del 14 de diciembre de 1988, en la ciudad de Buenos Aires, a los 60 años, en un día en el que pensaba entrevistarse con el ministro Juan Sourrouille para seguir negociando en la misma causa. Su hermano menor y sus ex socios siguieron adelante con la “empresa”.

Este reclamo corrió poca suerte hasta que en el año 2003, la abogada Beatriz Pernas reemplazó a la doctora María Eugenia Martínez en el área de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, bajo las órdenes de los directores Daniel Alberto García y Yolanda Eggink, el subsecretario Osvaldo Siseles y el secretario Eduardo Pérez, este último hombre de confianza del ministro Lavagna. Según un dictamen elaborado en su oportunidad por la doctora Martínez, “no existe un solo documento” que respaldara la pretensión de los Greco. “Por el contrario, ellos están en deuda con el Estado”, sostenía Martínez en aquel escrito que pasó a formar parte del expediente.

Sin embargo, la posterior actuación de los funcionarios del departamento jurídico del Palacio de Hacienda terminó convalidando el reclamo, dejando caer los plazos de presentación de contrapruebas y descargos ante la Justicia, incluso respecto de un fallo del juez Juan Francisco Soto del año 2005, que no sólo convalidó una cifra de 600 millones de pesos demandada por los Greco, sino que ni siquiera le descontó los compromisos adeudados al Estado por el demandante. La indefensión del Estado había sido tal que la propia sucesora de Lavagna, Felisa Miceli, presentó la denuncia contra los empleados a cargo del área ante la Justicia.

La indemnización no llegó a pagarse, pero la Justicia consideró a cuatro de los funcionarios involucrados (la imputación no alcanzó al secretario, Eduardo Pérez) en una maniobra defraudatoria destinada a favorecer al grupo Greco en 600 millones de pesos.

Esta semana, un tribunal oral federal condenó a Osvaldo Siseles a cuatro años de prisión. En 2008, cuando fue citado a indagatoria, Siseles se desempeñaba como asesor del Instituto de la Vivienda de la CABA, a las órdenes de Roberto Apelbaum, ya con la gestión de Mauricio Macri. Yolanda Eggink fue condenada a tres años de prisión, con ejecución (de la pena) en suspenso; a Daniel García le dio dos años y ocho meses, y a la abogada Beatriz Pernas, dos años y seis meses.