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El debate económico de cara al próximo gobierno está partido en dos agendas paralelas. De un lado aparecen quienes promueven un ajuste estructural en todos los frentes, cambiario, fiscal y monetario, a partir del supuesto de que el dólar está retrasado –lo cual conspira contra la competitividad, la inversión y la liquidación de divisas– y de que el gasto público y la emisión son excesivos, provocando distorsiones de todo tipo, empezando por la inflación. En este campo hay quienes se inclinan por políticas de shock y otros que hablan de gradualismo, tanto en los plazos para llevar adelante la devaluación y el recorte en las erogaciones como en la intensidad de esas medidas. Las correcciones son indispensables, además, para ganar la confianza de los mercados financieros y de las instituciones que los representan, como el Fondo Monetario o las calificadoras de riesgo crediticio, a fin de generar un flujo de financiamiento internacional a costos cada vez más reducidos. La restauración neoliberal confía en atraer capitales del exterior para impulsar un proceso inversor que saque a la economía del estancamiento. Para eso, es condición ineludible un arreglo con los fondos buitre. Nada nuevo. Es el modelo de los sectores exportadores, fundamentalmente agropecuario y algunos industriales, asociado a la banca que hace negocios prestándole al Estado. El combo incluye apertura comercial, desregulación financiera y desplazamiento del Estado como ordenador del capital privado. En la Argentina sobra experiencia respecto de las consecuencias de ese tipo de políticas sobre el entramado industrial, el empleo, el salario y la distribución del ingreso. Los economistas de la city reconocen que son decisiones “difíciles” de sobrellevar desde lo político, pero que pasado el sofocón se empezarán a ver los beneficios del reacomodamiento, tal como ocurrió con la convertibilidad –con algunos rasgos similares y otros distintos, en particular en lo cambiario– a principios de los ‘90.

La otra agenda apunta a profundizar el modelo de desarrollo productivo, con un mercado interno potente e inclusión social. Mercedes Marcó del Pont, ex presidenta del Banco Central, entre otros economistas heterodoxos, sentenció la semana pasada que el mayor desafío en esa línea es superar la restricción externa, es decir, la carencia de divisas para el funcionamiento de la economía. Esta ha sido históricamente una barrera infranqueable para los intentos de industrialización del país, básicamente por dos razones: la estructura deficitaria en divisas del sector fabril, que mientras más crece más dólares requiere para la importación de insumos, hasta que llega un punto que el intercambio comercial no alcanza a generar los ingresos suficientes para abastecer esa demanda, y el pago de servicios de la deuda, que desde la última dictadura hasta la reestructuración de 2005 tuvo una influencia creciente en el estrangulamiento externo. La salida repetida ante este problema en la experiencia nacional ha sido la que se mencionó al principio: devaluación, ajuste y endeudamiento.

El kirchnerismo logró desactivar esa amenaza desde 2003 hasta el final del primer mandato de Cristina Fernández, en parte porque la industria manufacturera tenía capacidad ociosa del largo período recesivo anterior; por los ingresos de las exportaciones de soja y sus derivados –producto que no forma parte de la base alimentaria de la población, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, cuando el saldo comercial dependía esencialmente de las ventas de granos y carnes– en un contexto de alza internacional del precio de los commodities, y por la disminución del peso de la deuda. La Fundación de investigaciones para el Desarrollo (FIDE), que conducen Héctor Valle y la propia Marcó del Pont, señaló en un documento presentado semanas atrás que la incidencia de los servicios de la deuda sobre el déficit de cuenta corriente se redujo a menos de un tercio del que tenía en promedio en la década del ‘90 gracias a la reestructuración de los bonos en default y la política de desendeudamiento.

Desandar ese camino como proponen los economistas ortodoxos, ansiosos por volver a tomar deuda en los mercados internacionales, sumaría un problema más a la restricción externa a futuro, destruyendo uno de los logros sustanciales de la última década. “En 2002 debíamos el 155 por ciento de nuestra riqueza (PIB) y hoy la deuda en moneda extranjera, pública y privada, es de 30 por ciento. Por su parte, la deuda con el sector privado, que es la que condiciona realmente y cuya refinanciación llevó históricamente a conceder en decisiones de política económica, era del 110 por ciento del PIB y hoy bajó a 26. El desendeudamiento supone un espacio enorme de soberanía que encuentra la Argentina para instalar el desarrollo”, dijo la representante de FIDE.

Otro riesgo de la agenda neoliberal es su propuesta de apertura financiera a los capitales especulativos de corto plazo, que el Gobierno bloqueó desde un principio. Sobran ejemplos de los efectos dañinos sobre la economía de esa estrategia, que genera burbujas cuando se produce una entrada masiva de divisas y deja tierra arrasada cuando esos capitales se retiran, por los factores que sean, internos o externos. En la Argentina aún es fresco el recuerdo de lo que ocurrió en ese sentido desde 1994 hasta 2002 con la sucesión de crisis en países como México –efecto Tequila–, el sudeste asiático, Rusia –efecto Vodka– y Brasil –efecto Caipirinha–, y es palpable en la actualidad en varios países de la región, como el propio Brasil. “Estas inversiones de cartera devengan anualmente en promedio servicios por casi el 1 por ciento del PIB (para la región). Este factor por sí solo incrementa los desequilibrios de cuenta corriente y torna a dichas economías más vulnerables frente al cambio de signo de esos flujos financieros”, agrega el reporte.

La restricción externa se fue haciendo notar gradualmente desde hace cuatro años como consecuencia de distintos factores. Uno de ellos, que sigue presente, es el déficit del sector energético, que fue creciendo como una bola de nieve por el alza internacional del precio del petróleo y por la persistente caída de reservas de hidrocarburos a nivel interno. Esa situación se enfrentó con la recuperación de YPF, pero para superarla queda claro que no alcanza con la petrolera estatal y su saludable esfuerzo inversor, sino que en la agenda para superar la restricción externa es una prioridad aumentar la presión sobre el resto de las compañías que operan en el país, que concentran el 58 por ciento de la producción de petróleo y el 70 por ciento de la de gas.

El punto neurálgico de la deficiencia de dólares, de todos modos, sigue siendo el escaso nivel de integración de los bienes industriales con insumos y componentes locales. El Gobierno ha procurado resolverlo con medidas específicas sectoriales y con estímulos fiscales y de financiamiento, en un trabajo de acumulación que aun no alcanzó la densidad suficiente para pasar de una etapa de sustitución de importaciones a otra de desarrollo industrial consolidado. Para eso se necesita crecer en los niveles de inversión en infraestructura e industrias básicas de 18 a 25 puntos del PIB, y una mayor planificación a mediano y largo plazo en sectores estratégicos. Entre tanto, hay que resolver una cuestión no menor, que es la resistencia de las multinacionales –el ejemplo más evidente es el de las automotrices– a reemplazar insumos importados con producción local.

También contra la lógica neoliberal, hay finalmente otras dos cuestiones clave a abordar por el próximo gobierno si quiere ir a fondo contra la restricción externa: el costo de la fuga de divisas y el giro de utilidades de las empresas de capital extranjero a sus casas matrices. FIDE aporta un dato relevante respecto del primer tema. “Esta poderosa fuente de desestabilización macroeconómica y exacerbación de la restricción externa tenía un impacto de 3 puntos del PIB en los ‘90, bajó a 2,7 puntos entre 2003 y 2011 y proyectamos 1,1 punto para este año”. La venta de divisas para atesoramiento –el dólar ahorro– se llevaría más de 5000 millones en 2015. Es un punto de debate entre economistas heterodoxos si se debe restringir o no esta fuente de salida de dólares. La propuesta de la oposición de “abrir el cepo” es un reflejo de su desprecio por un modelo de desarrollo con base industrial. En un sentido también lo es apostar a la inversión extranjera como vía para el crecimiento, dado que la contracara de esa decisión es el drenaje cada vez mayor de divisas por la remisión de utilidades, agravando la restricción externa. La suerte de la economía los próximos años dependerá en buena medida de cuál de las hojas de ruta en disputa termine encarando la próxima administración.