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El bloque de diputados justicialistas dio ayer el primer paso hacia la aprobación del Presupuesto 2004. En los plazos previstos, sin sorpresas, los legisladores del oficialismo emitieron el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, imponiendo su número a radicales, aristas y demás bloques de oposición, que firmaron en disidencia parcial o total. El proyecto quedó habilitado para su tratamiento en el recinto, y obtendría la media sanción el próximo miércoles. Más allá de algunas correcciones introducidas por los diputados peronistas, se preservaron las líneas centrales de la iniciativa del Poder Ejecutivo. Mario Cafiero, por su parte, presentó un proyecto alternativo, con cambios sustanciales en la distribución de recursos respecto de la propuesta oficial.
El proyecto de Cafiero (ARI disidente) fue apoyado por algunos de sus pares de otros bloques, como Alicia Castro (Frente para el Cambio) y María José Lubertino (Socialista), y también por los máximos referentes de la CTA: Víctor De Gennaro, Pablo Micheli (ATE) y el diputado electo Claudio Lozano. El planteo inicial de su propuesta es llegar al “hambre cero” en 2004 y reducir la desocupación a la mitad en tres años. “El Presupuesto de Lavagna no tiene objetivos, salvo el del superávit primario de 3 por ciento que acordó con el FMI, y la generación de recursos para pagar la deuda”, cuestionó Cafiero en diálogo con Página/12.
El proyecto alternativo tiene el mérito de establecer otros parámetros de discusión para la asignación de los ingresos, mucho más ambiciosos que la propuesta gradualista del Gobierno. Tres medidas orientadas al “hambre cero” son la extensión de la asignación familiar por hijo al conjunto de la población, de 30 pesos para todos los menores de 18 años, el pago de 200 pesos a todos los mayores de 65 pesos, y un incremento de 200 pesos en los haberes de los empleados públicos, al igual que el otorgado a los del sector privado.
En el primer caso, la asignación por hijo se extendería de 1,8 millón de personas a 12 millones, con un costo fiscal de 3945 millones de pesos. El pago a los mayores de 65 años demandaría una erogación anual de 1148 millones, mientras que el aumento a los agentes del Estado implicaría 481 millones.
El financiamiento para esos gastos surge de la reasignación de partidas y de una estimación de ingresos mayor a la del Gobierno. Cafiero señaló que el proyecto del Ministerio de Economía deja sin asignación un superávit de 3344 millones de pesos. Esos recursos, según su interpretación, habían sido separados para realizar un pago inicial en efectivo a los acreedores, pero después el Gobierno desistió de esa idea sin determinar adónde iría ese dinero. En el proyecto alternativo se le da una función. También se propone exigir a quienes fugaron divisas sin haberlas declarado a la AFIP que paguen lo que corresponde del impuesto a las Ganancias. Una estimación cauta de los autores de la iniciativa establece en 500 millones de pesos lo que se podría obtener en 2004.
Otros 2000 millones surgirían de un incremento en la recaudación mayor al previsto por el Gobierno. “Todos los analistas coinciden en que la pauta de crecimiento para el próximo año es conservadora, y también la pauta de recaudación. Se estima que los ingresos serían entre 2000 y 4000 millones superiores a lo que figura en el Presupuesto”, indicó Cafiero.
Dos medidas que los defensores de la ortodoxia económica no aceptarían de ningún modo son el financiamiento de obras públicas con emisión (por 4300 millones de pesos) y la suba del 22,5 al 35 por ciento de las retenciones a las exportaciones de soja, a fin de destinar esos recursos a un plan de alimentación, con subsidios a los pequeños productores. El dinero que quedaría libre por el financiamiento con emisión de las obras públicas se destinaría a una reducción del IVA del 21 al 17 por ciento.
A todo el menú se agrega la creación de una comisión investigadora sobre la deuda, para verificar cuál es legítima y cuál no, y la implementación de un programa de lucha contra la evasión y el contrabando. Además, se propone una profunda reforma tributaria y otra reforma previsional. Todoeste paquete da cuerpo a un plan de shock, con la intención de acabar con el hambre en el próximo año.