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Los legisladores justicialistas intentarán convertir hoy en ley el proyecto para rescatar a los deudores hipotecarios en mora. El debate se llevará a cabo primero en el Senado, a partir de las tres y media de la tarde, donde ya existe el compromiso del radicalismo para facilitar la aprobación. Una vez logrado ese objetivo, la intención de los diputados oficialistas es completar la sanción del salvataje hoy mismo.
La sanción de esta iniciativa se empantanó por una discusión en el Senado. Hubo legisladores oficialistas que habían aceptado los cambios propuestos por los radicales como, por ejemplo, aceptar que el auxilio estatal incluya a todos los créditos tomados con una garantía hipotecaria. Pero desde el Gobierno rechazaron esa alternativa ya que aumentaría sensiblemente el costo fiscal de la medida. Pese al desaire, el senador Carlos Maestro, presidente del bloque de la UCR, manifestó ayer que facilitarán el tratamiento sobre tablas del proyecto ya que, reconoció, “cualquiera sea la redacción final del proyecto va a significar una solución para mucha gente”.
La propuesta beneficia a aquellos que sacaron un préstamo de hasta 100.000 pesos para comprar, refaccionar o construir su vivienda única y que cayeron en mora después del 1º de enero de 2001. Incluye tanto a los deudores bancarios como a los que les deben a las escribanías. Aunque, en la ley quedará escrito que, mientras para la adhesión al sistema será obligatoria para los acreedores privados, será optativa para los bancos. “Existe un compromiso de los bancos para adherir al sistema”, aseguró a este diario el diputado Daniel Esain (Frente Fiscal, de Mendoza).
La senadora justicialista por San Luis Liliana Negre de Alonso agregó, en diálogo con Página/12, que la gran mayoría de los deudores morosos podrá acogerse al nuevo sistema. Y ejemplificó: los créditos hipotecarios sacados en los bancos fueron de unos 44.000 pesos, mientras que en las escribanías ascendieron a 35.000 pesos.
La sanción de la norma implicará que el deudor deje de relacionarse con el banco o escribanía en el que sacó el préstamo sino que su acreedor pasará a ser el fondo fiduciario estatal. Con una mano, este fondo estatal se hará cargo del crédito y se pondrá al día con el acreedor. Con la otra mano, el fondo le cobrará al deudor hipotecario. En primera instancia le dará un año de gracia para pagar el monto acumulado en la mora. Ese lapso es prorrogable por otro similar.
El Estado no les reconocerá a los acreedores ni los intereses acumulados durante la mora ni los gastos administrativos ni los honorarios de los abogados. La senadora Negre de Alonso recalcó también que las cuotas de los deudores se ajustarán al ingreso familiar y al valor de la propiedad. “Nadie va a pagar más de lo que vale su inmueble. No hay que olvidar que ésta es una herramienta para la gente de bajos recursos”, aseguró.
Miguel Angel Pichetto, titular del bloque de senadores del PJ, fue el encargado de comentar, al inicio de la reunión de la comisión en el Salón Eva Perón de la Cámara alta, que el Ejecutivo había rechazado las modificaciones propuestas. Se quiso evitar pagar un mayor costo fiscal. Así como está redactado el proyecto, el costo ascendería a 700 millones de pesos.
Un capítulo de la iniciativa crea una comisión que se encargará de revisar las acreencias del Banco Hipotecario tomadas con anterioridad a la convertibilidad. Los legisladores sospechan que muchas de esas deudas se inflaron durante el gobierno menemista.