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La única opción que tiene la Argentina para generar una economía sustentable e inclusiva es desarrollar su aparato productivo. La experiencia de las últimas décadas así lo refleja. Cuando los gobiernos se apartaron de esa meta apostando a esquemas de valorización financiera y abastecimiento masivo con productos importados las consecuencias macroeconómicas y sociales resultaron catastróficas. Los proyectos neoliberales de Martínez de Hoz y Cavallo dejaron tierra arrasada. Para una nación con más de 40 millones de habitantes, el modelo agroexportador con apertura comercial y desregulación de capitales puede ser el negocio soñado de una cúpula, pero una condena para amplias mayorías. A esta altura se han acumulado tantas evidencias de esta realidad que ya debería ser un debate saldado, pero las opciones sobre la mesa para este domingo electoral demuestran lo contrario. El trabajo intencionado para confundir y distorsionar por parte del conglomerado mediático dominante ha hecho una contribución esencial en ese sentido.

Es imprescindible desarrollar el aparato productivo, y en particular la industria, para generar empleo. Lo contrario se vio en los ’90, años de destrucción del tejido fabril y desocupación record. Empleo es sinónimo de mercado interno, de demanda, la cual será más potente mientras mayor sea el poder adquisitivo del salario y más amplia la base de trabajadores registrados. El Estado tiene en ese sentido una misión de custodia indelegable, tanto del nivel de los sueldos como de la fiscalización laboral, para garantizar que la expansión de la economía no se realice a costa de la mano de obra. En otras regiones y en otros momentos históricos, como el sudeste asiático a partir de los ‘70, se produjeron transformaciones industriales profundas con salarios miserables. Eso sin ir más atrás en los ejemplos.

Para desarrollar la industria, aspirando al empleo de calidad y a la inclusión social, lo primero que se necesita, aunque resulte una obviedad, es voluntad política. Una devaluación brusca, por ejemplo, iría en contra de ese objetivo porque dañaría los salarios y afectaría el consumo popular. Cualquier proyecto que deje de lado esa condición de base no podrá ser nunca sustentable.

Sin voluntad política es inviable el desarrollo industrial por otra razón elemental: el Estado es quien debe conducir el proceso, generar la planificación, diseñar las políticas macroeconómicas y sectoriales precisas para superar obstáculos, disolver cuellos de botella, acercar financiamiento, levantar infraestructuras, pactar alianzas regionales y mundiales. La última década alcanzó para advertir la densidad y la complejidad de la tarea. El gobierno de Cristina Kirchner dejará en ese sentido una herencia notable, sobre todo en comparación con el escenario de devastación de 2001/2002, cuando no había dudas de que el país había descendido a los más bajos infiernos, en los términos de Kirchner, y también en relación al resto de los traspasos de la democracia. Un punto central de esa herencia es el desendeudamiento en dólares con el sector privado, lo que le quita al que venga un problema enorme, que otras administraciones, como la Alianza, no pudieron superar.

Conducción estatal y demanda interna pujante son entonces dos condiciones de arranque para cualquier modelo de desarrollo. El Plan Estratégico Industrial (PEI) 2020 que viene aplicando el gobierno nacional desde hace cuatro años ya lo establecía. Ese marco de acción diseñado con aportes de la Cepal, cámaras empresarias, sindicatos y universidades fijó metas y políticas posibles para once cadenas de valor. En algunas se logró avanzar más rápido y en otras aparecieron dificultades que complicaron la marcha, en buena medida derivadas de un escenario regional e internacional que se fue tornando adverso.

La Fundación para el Desarrollo Argentino (DAR), que conduce “Pepe” Scioli y tiene como coordinadores principales a Sergio Woyecheszen y Mercedes La Gioiosa, le dio continuidad a aquel trabajo con un programa para expandir trece cadenas de valor que involucran a 36 sectores. El diagnóstico que allí se traza para encarar los próximos años es que existen cuatro pilares y dos motores hacia el desarrollo. El primer pilar se vincula con la infraestructura: vial, ferroviaria, de vías navegables, puertos y energía, entre las principales. Amplificarla para bajar costos empresarios y lograr una “competitividad genuina que esquive los saltos cambiarios”, como ya se planteaba en el PEI 2020, requiere financiamiento en escalas importantes. Obtenerlo sin las condicionalidades de organismos como el FMI y a tasas razonables es parte del desafío, reconocen en la Fundación. El segundo pilar, como se mencionó más arriba, es la demanda interna sostenida, que más allá de cuestiones primarias de justicia social, genere economías de escala para la inversión. El tercer pilar es el propio aparato estatal con sus instituciones para guiar el programa. En la última década se fue reconstruyendo esa estructura, lo que es visible en organismos como el INTI y el INTA, y en los equipos técnicos de los distintos ministerios, pero como en la propia industria, el trabajo debe continuar. Y el cuarto pilar es la inversión social en sentido amplio, lo que incluye la educación, la capacitación de mano de obra y la protección de la salud.

Los dos motores son la innovación en ciencia y tecnología, también con promoción estatal, para ser incorporada en las distintas cadenas de valor. Y el segundo es la recuperación de eslabonamientos productivos. Se necesita “inflar” las cadenas, darles densidad con nuevos actores que actúen como proveedores de partes, piezas e insumos. Para eso se requiere un trabajo de planificación y apoyo muy detallado. “La salida a la restricción externa es por arriba. Solo se puede sostener un modelo de crecimiento en base al consumo interno contrarrestando la fuga de divisas y achicando el déficit en divisas del entramado industrial”, sostiene Woyecheszen.

El economista, también subsecretario de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Buenos Aires, destaca que la plataforma que constituyen la recuperada YPF, Invap y fabricaciones militares, entre otras empresas bajo control público, son puntas de lanza para avanzar en una industrialización con fuerte innovación científica y tecnológica que vaya derramando sobre el resto de los sectores fabriles. También sostiene que la Argentina en los próximos años tendrá grandes oportunidades en agroindustria, minería y energía. “Serán tres sectores fuertes”, vaticina. Para que eso no implique una reprimarización de exportaciones, la clave es utilizar sus aportes en divisas para financiar otras actividades.

Generar economías de escala que permitan encarar falencias como las que existen en materia de autopartes y electrónica es otra de las metas del plan. Para eso se proyecta profundizar la complementación industrial automotriz con Brasil y fomentar la producción de electrónica, desde Tierra del Fuego, para ese sector, maquinaría agrícola y la industria naval, entre otros rubros. Esa expansión debería servir al mismo tiempo para llegar a acuerdos con industrias estratégicas, como las de insumos difundidos –acero, hierro, vidrio, plásticos, cemento–, en general de carácter monopólico y con notable incidencia en la estructura de costos fabriles, para que eleven su producción y reemplacen rentabilidad por precios con mayor volumen de ventas. En este punto vuelve a ser determinante la vocación política para negociar con actores económicos poderosos.

La creación de una banca de desarrollo, en principio a través de los bancos Nación y BICE, y luego con una institución específica, al estilo del Bndes de Brasil, figura también en la hoja de ruta. La desarticulación productiva neoliberal retrasó los tiempos de un desarrollo económico sustentable. Profundizar el rumbo en la dirección opuesta es imprescindible para dejar atrás ese pasado.