La Justicia santafesina revocó la prisión preventiva que regía para Carolina Gallegos, madre del joven acusado por el asesinato de Chiara Páez, y también la dictada contra su pareja, Carlos Cerrato, por considerar que ninguna de las pruebas relevadas por el fiscal los sindica como responsables. “No puede descartarse que Cerrato y Gallegos hayan participado en el homicidio, pero las pruebas existentes sólo permiten efectuar una hipótesis de sospecha, pero no alcanzan para arribar al grado de probabilidad que requiere” el Código Procesal Penal de Santa Fe, señaló en su resolución el camarista de Venado Tuerto Fernando Vidal. Para el magistrado, “en este momento” de la investigación “no existen pruebas directas que los involucren y las indirectas que se mencionan no permiten arribar al grado de convicción mencionada”. En diálogo con Página/12, el fiscal Mauricio Clavero, a cargo de la investigación de la causa, manifestó su desconcierto por los fundamentos de la decisión judicial. “No estamos huérfanos de pruebas y la fiscalía presentó más de diez argumentos de peligrosidad procesal” que indican que Gallegos y Cerrato debían permanecer con preventiva, explicó, tras una reunión con el padre de Chiara. La familiares de la joven convocaron a una manifestación para hoy a las 7 de la tarde en Rufino.

Gallegos y Cerrato cumplían prisión preventiva por tiempo indeterminado porque la Justicia había considerado que ponían en peligro la investigación de la causa. Anoche estaban en libertad; fuentes del pueblo desconocían si regresarían a su casa, la misma donde en la madrugada del 11 de mayo fue hallado, enterrado, el cuerpo de la joven.

El fiscal Clavero expresó su sorpresa por la decisión y los argumentos del juez Vidal. “Entendió que no hay elementos, pidió prueba directa. En un hecho como este, pedir prueba directa es ¿pedir una confesión? ¿Una videograbación del momento en que matan a la nena?”, señaló el funcionario judicial. “No estamos huérfanos de pruebas y la investigación reviste seis cuerpos ya, no es una caza de brujas”, afirmó Clavero. En la causa, recordó, hay “49 elementos secuestrados como evidencia”. Además, consta que la prueba del luminol indicó que en los dormitorios y la cocina de la casa en cuyo patio fue hallado enterrado el cuerpo de la adolescente había restos de sangre, al igual que en objetos como una reposera, una esterilla, y “distintas prendas de vestir, algunas secuestradas del dormitorio de los imputados y otros del dormitorio del menor”. En una segunda instancia de recolección de pruebas se realizó “una segunda prueba de luminol, que indicó que había restos de sangre en toda la casa menos en el taller” de herrería donde, de acuerdo con el relato de Manuel, el joven de 16 años novio de Chiara y padre del bebé que ésta gestaba, él había asesinado a la adolescente solo, sin ayuda y a oscuras.

Por otra parte, informó Clavero, “la fiscalía presentó más de diez argumentos de peligrosidad procesal” para pedir que se mantuviera la prisión preventiva de Gallegos y Cerrato. “En el expediente también está, probado por la fiscalía, que con un teléfono celular que metieron al penal de mujeres de Melincué (donde está Gallegos), la imputada llamó a testigos de la causa. Eso consta en la causa, el teléfono fue secuestrado; y el juez no lo consideró como peligro procesal. Tampoco consideró la actitud de los imputados de haber enterrado el cuerpo para ocultarlo en patio de la casa; no entendió como peligro procesal el hacer ese asado y comerlo en el patio, a la vista de los vecinos, para hacer entender que nunca había pasado nada. Tampoco entendió como peligrosidad procesal los llamados que, mientras todavía se estaba buscando a Chiara, hicieron los imputados a la familia de la víctima para preguntar qué novedades había. También está comprobado en la causa que, al mismo tiempo, mientras todo Rufino buscaba a Chiara, ellos habían consultado a al menos tres abogados. Para el juez tampoco reviste peligro procesal que hayan lavado la ropa del menor.”

La resolución del juez Vidal revocó la decisión del juez de primera instancia de Venado Tuerto, Eduardo Bianchini, que consideró a Gallegos y Cerrato como autores de homicidio calificado y aborto no consentido por la víctima. “Lo más probable es que los coimputados se hayan enterado después de cometido el hecho y hayan colaborado para encubrir lo ocurrido, pero el encubrimiento en este caso no sería punible”, señaló en los fundamentos de su decisión el juez Vidal. Gallegos y Cerrato pudieron ayudar a encubrir el crimen, señaló Vidal, “al ser despertados por el menor desesperado por lo que acababa de hacer o habiéndose despertado ellos mismos al advertir ruidos extraños”. Por ser madre de Manuel, el encubrimiento no sería punible en caso de Gallego, y lo mismo valdría para la pareja de ella.