Pese a parecer todo imprevisible en el actual y muy turbulento escenario político brasileño, se puede prever que difícilmente la situación se arrastrará por mucho tiempo más. Dilma Rousseff inició su segundo mandato presidencial hace poco más de siete meses, y su gobierno se mantuvo acosado desde el primer día. Con eso, el país vive, perplejo, en un cuadro de parálisis y profunda incertidumbre.

Casi todas las iniciativas del Poder Ejecutivo son bombardeadas por un Congreso no sólo rebelde, como en muchas ocasiones, sino también dispuesto a asumir decisiones claramente irresponsables, que no hacen más que amenazar a un ya complejo panorama económico, mientras promueve un desgaste cotidiano de una mandataria cuyo capital político parece extinguirse cada vez más. La alianza de partidos que teóricamente le darían a Dilma las herramientas suficientes para asegurar un clima de gobernabilidad se muestra, cada vez más, fuera de control.

Crece la sensación de vacío de poder y ausencia de liderazgo mientras sube el volumen de las voces que piden simple y llanamente que la mandataria abandone su cargo o sea directamente catapultada lejos del sillón presidencial. La oposición, por su vez, navega alegre en un mar de puro oportunismo. Ya no se trata de proponer alternativas a las propuestas y proyectos del gobierno: se trata de discutir, internamente, cuál es la modalidad más conveniente de aprovecharse de la crisis en beneficio propio.

Así, el sector que obedece al presidente del principal partido opositor, el PSDB, defiende la destitución inmediata de Dilma Rousseff, y su vicepresidente, Michel Temer, la convocatoria de nuevas elecciones en el plazo de 90 días. Con eso, el líder de ese sector, el mismo Aécio Neves, derrotado por Dilma el pasado octubre, sería el favorito para ejercer la presidencia hasta el final del presente mandato y postularse otra vez en 2018. Otro sector, el que responde al grupo encabezado por el actual gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, prefiere que Dilma y Temer permanezcan donde están, para desangrarlos día a día, y al mismo tiempo promover la corrosión, hasta la médula, de cualquier posibilidad de que Lula da Silva llegue entero a 2018.

Lo que pasará con el país tanto con el final abrupto del mandato de Dilma como con la corrosión cotidiana de su gobierno es de menor importancia. En líneas generales, ése es el actual cuadro en que se desarrolla el juego político en Brasil. El gobierno de Dilma Rousseff se encuentra virtualmente paralizado, sin lograr establecer interlocución con nadie en el Congreso, en los demás partidos aliados, y menos aún con el empresariado y el sector financiero.

Los movimientos sociales que tradicionalmente funcionaron como base de respaldo a su partido, el PT, están sin saber qué directrices asumir. Para empeorar lo que ya está asustador, falta, al gobierno, una política de comunicación que sea capaz de al menos matizar la impiadosa campaña difamatoria llevada a cabo por la totalidad de los grandes medios hegemónicos.

Como consecuencia de todo eso, Dilma Rousseff carece totalmente de gobernabilidad. No son pocos los que creen que la única cosa que todavía la mantiene en la presidencia es el temor de los efectos de una salida abrupta en la política, en la economía y en las calles. Frente a ese cuadro cada vez más preocupante, la mandataria sigue manteniéndose inerte. Una excepcional reacción surgió ayer, por ocasión de la entrega de un nuevo lote de residencias del programa Mi Casa, Mi Vida. Con palabras claramente estudiadas, Dilma aseguró que los votos recibidos en las urnas del pasado octubre le dan legitimidad, y que sabrá honrar cada uno de sus electores. A las pocas horas se supo que convocó una nueva reunión de emergencia de sus ministros políticos para mañana, domingo, en un nuevo intento de encontrar medios para superar la crisis.

El problema es saber si con su actual ministerio y con sus actuales interlocutores todavía hay cómo encontrar una salida. Falta, a Dilma y a su grupo, una estrategia mínimamente sólida. El único que mantiene cierta capacidad de articulación es el vicepresidente Michel Temer, pero hasta él ya emitió ciertas e inquietantes señales de que su decisión de sacrificarse tiene límites.

De otra parte, queda cada vez más claro que lo que no tiene límite alguno es la determinación del presidente de la Cámara de Diputados, del mismo partido de Temer, el PMDB (que, a propósito, lo preside), de bombardear de manera permanente al gobierno. Pocas veces en la historia política de los últimos 30 años un presidente de diputados dispuso de tanto poder para, a raíz de su rencor personal, poner en jaque a un gobierno. Quizá por las mismas características de la actual legislatura, quizá por la increíble tendencia a la inercia del actual gobierno.

Sus efectos, en todo caso, son desastrosos, y contribuyen mucho para profundizar la crisis políticas y crear más inestabilidad y tensión en la economía. Hay que recordar que Cunha no tiene toda la culpa: el gobierno, con su ausencia de acción, también es responsable.

El acoso desleal y el juego sucio de los medios de comunicación sigue sin enfrentar defensa alguna. Su peso es cada vez más fortalecido, principalmente a raíz de las redes sociales utilizadas por grupos que defienden una sola iniciativa, traducida en la consigna “Fuera Dilma”.

Corriendo en raya paralela a todo eso, sigue el accionar claramente politizado de la Policía Federal, de los fiscales y de la Justicia en operativos de combate –muy selectivo combate, por cierto– a una corrupción que se hizo endémica. Cuanto más espectacular cada acción policial, más desgaste para el gobierno y para el PT, más puntos para la oposición.

Pero quizá ninguno de esos sea realmente el gran problema que Dilma tiene por delante: sea el tiempo, que se hace cada vez más corto. Ya no se trata de saber si hay luz al final del túnel, pero si hay túnel.