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El Presupuesto Nacional 2004 que esta semana empezará a tratar la Cámara de Diputados contiene una reducción del gasto del 0,9 por ciento con respecto al del año en curso, una baja equivalente al 0,6 por ciento del PIB. Las subas en promoción social, educación y obras públicas representan, en conjunto, un aumento del gasto equivalente al 0,3 por ciento del producto, es decir, la mitad de lo que el Presupuesto se reduce. Si bien el ajuste consensuado con el FMI permitió un leve aumento en los fondos destinados a sectores considerados críticos o bien con efecto multiplicador sobre la actividad económica, el peso de los recortes caerá sobre los trabajadores de la administración pública y los jubilados, quienes verán reducidos sus ingresos reales el 7,8 por ciento. Los números resultan de un estudio realizado por el Cippec y el Grupo Sophia.
Para quienes lo quieran leer, el Presupuesto 2004 incluye no sólo parte del superávit primario del 3 por ciento del PIB acordado con el FMI, sino también un significativo ajuste del sector público. En épocas de inflación, no hacen falta odiosos recortes salariales, como los decididos sobre el filo del colapso de la convertibilidad. Incluso hasta es posible producir algunos aumentos tranquilizadores. Nadie tendrá que hacer el trabajo sucio, de ello se encargará una entidad menos asible: la inflación. El informe del Cippec muestra que mientras las partidas salariales de la administración nacional se incrementarán contra 2003 el 1,9 por ciento en términos nominales, por la acción de la inflación el poder adquisitivo de esta masa salarial se reducirá el 7,8 por ciento.
Según la investigación, el nuevo Presupuesto se caracteriza por la moderación en las estimaciones de recaudación, la que se estima aumentará en 10 mil millones de pesos. El contexto es el de un crecimiento del PIB de apenas 4 por ciento (subestimado) y una inflación del 10 por ciento (sobreestimada), lo que, según el trabajo, contrasta con la totalidad de los presupuestos presentados desde 1992, en los que las metas de recaudación fueron excesivamente optimistas.
El análisis destaca la reducción del 0,9 por ciento del gasto de la Administración Nacional en términos reales, un valor que contrasta con el aumento nominal del 8,8 por ciento. En otros términos, el gasto pasará del 14,9 al 14,3 por ciento del PIB, un nivel que ubica a la Argentina entre los países con menos gasto relativo del mundo. A pesar de ello, no faltan los analistas que continúan basando sus críticas en el aumento nominal del gasto.
Entre los rubros que recibieron mejoras relativas se destacan los necesarios para atender la emergencia de los ajustes continuados y los que el Gobierno considera relevantes para la mejora de la actividad económica. Los gastos de infraestructura en vivienda y transporte, por ejemplo, superan los 820 millones de pesos, un aumento nominal del 40 por ciento y 28 por ciento real. El gasto social, en tanto, aumentará en 4300 millones, 1,7 por ciento real, de los que más de 2000 millones corresponden a seguridad social y educación, sectores que se beneficiaron con aumentos reales del 17,1 y 9,4 por ciento respectivamente.
Según el análisis del Cippec-Grupo Sophia, dado que el 40 por ciento de las exportaciones argentinas están constituidas por soja y petróleo y que las retenciones sobre estos productos representan el 15 por ciento de la recaudación tributaria, una caída de precios en los mercados de estas commodities provocaría un desajuste de las cuentas públicas. Pero estrictamente considerado, el defecto no es de las cuentas públicas, sino de la estructura económica emergente tras más de un cuarto de siglo de desindustrialización. Salvo que el objetivo de la crítica sean, en realidad, las retenciones a las exportaciones, la vulnerabilidad externa de la economía no puede atribuirse a una falla presupuestaria.