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“Cortar por lo sano.” Esa fue la consigna con la que ayer el jefe de Gobierno porteño resolvió borrar de un plumazo la Dirección de Verificaciones y Control de la ciudad, el organismo que nuclea a los inspectores porteños que, para Aníbal Ibarra, “más que un foco, es un focazo de corrupción”. Según la funcionaria responsable del área de control comunal, en los últimos meses se multiplicaron las denuncias contra los inspectores por pedidos de coimas: “Recibimos en promedio tres por semana”, dijo Silvana Giudici, secretaria de Gobierno y Control Comunal. En un operativo que se mantuvo en secreto hasta el último minuto, se clausuró el edificio donde funciona la dependencia, a metros de Tribunales, y se pasó a disponibilidad a todo el personal del área: más de 300 inspectores y 200 empleados administrativos. “Queríamos evitar que nos tomen el edificio y que se destruya documentación importante”, dijo el jefe de Gobierno, para justificar tanto sigilo. “Es que son como la Bonaerense, pero sin armas”, graficó.
De aquí en más, las inspecciones para la habilitación de locales para distintas actividades estarán a cargo de profesionales –arquitectos, ingenieros, escribanos, entre otros– que deberán inscribirse previamente en un registro (ver nota aparte). En cuanto al control de los ya habilitados, estará a cargo de la actual Unidad Polivalente de Inspectores, una suerte de grupo de elite, con 50 integrantes, que fue creado hace poco más de un año por la actual administración.
La medida se dio a conocer poco después de las 18, cuando el personal de la Dirección de Verificaciones y Control terminaba su horario de trabajo. “Elegimos el lunes porque es el día en que los inspectores no hacen trabajo nocturno”, confió una fuente. Un equipo de 30 escribanos, acompañados por personal policial, comenzó a hacer anoche un arqueo completo de la documentación archivada en la dirección disuelta.
No hubo una sino varias gotas que rebasaron el vaso. “Cada vez que voy a un barrio, los comerciantes me dicen ‘¿cuándo va a hacer algo para que los inspectores no pidan coimas?’”, argumentó Ibarra. El último caso fue el de la clausura de varios comercios en el barrio de Flores por vender alcohol sin estar autorizados, en un operativo nocturno realizado días atrás. “Al día siguiente estaban habilitados de vuelta”, se quejó Ibarra.
En rigor, el gobierno porteño había tomado varias medidas en el último año y medio para poner en caja a ese núcleo sobre el que pesan, más que sospechas, fuertes acusaciones. “Primero creamos la Secretaría de Gobierno y Control Comunal, para poner a todos los inspectores bajo esa órbita, luego separamos la habilitación del control posterior, para que no sea la misma persona la que lleva todo el proceso –enumeró Ibarra–; después pusimos en Internet las fotos de todos los inspectores, y por último les fijamos los recorridos, para que no vayan siempre a visitar al mismo contribuyente.”
El jefe de Gobierno admitió que, si bien las medidas apuntaron a garantizar la transparencia en la gestión, no alcanzaron para mantener controlados a los inspectores. “Les dábamos una rutina de 200 inspecciones y después descubrimos que habían hecho 300 más por su cuenta”, reveló el propio jefe de Gobierno.
Tantas medidas no lograron reducir el nivel de denuncias. Por el contrario, lo incrementaron. “Al haber mayores mecanismos de participación ciudadana, recibimos más cantidad de denuncias: en el primer año de gestión recibimos de dos a tres por mes; en los últimos meses el promedio es de dos a tres por semana”, destacó Giudici.
La medida se llevó a cabo con la máxima discreción. Después de las 18, cuando los periodistas esperaban en la Jefatura de Gobierno los anuncios de Ibarra, un grupo de funcionarios y fiscales contravencionales, apoyados por efectivos de la Policía Federal, clausuraban el edificio de Lavalle 1429, donde funciona la Dirección de Verificaciones y Control. Minutos antes, desde la oficina de Ibarra notificaron la medida a la conduccióndel Sindicato Unico de Trabajadores y Empleados del Gobierno de la ciudad (Sutegcba), cuyo titular es Amadeo Genta. La respuesta fue moderada, pero dos dirigentes pidieron entrevistarse con el jefe de Gabinete, Raúl Fernández, para pedir explicaciones.
Los inspectores, ya en el freezer de la administración pública, se enteraron de la medida por los medios. En seguida organizaron una protesta frente al edificio: anoche había reunidas en la puerta unas 30 personas. Y anunciaron más medidas para hoy.
A las 19 en punto, el jefe de Gobierno hizo el anuncio en el Salón Blanco del Palacio de Gobierno. Lo acompañaban el vicejefe electo, Jorge Telerman, el jefe de Gabinete y la propia Giudici, responsable del área mutilada. “La medida responde a dos objetivos: lograr una mayor eficiencia en el control de la normativa vigente y una mayor transparencia en el funcionamiento de esta área”, explicó el jefe de Gobierno.
“Decidimos cortar por lo sano”, argumentó Ibarra, tras admitir que todas las medidas adoptadas hasta ese momento no habían dado el resultado esperado. Es que el cuerpo disuelto ayer arrastra una historia negra de corrupción: los inspectores se convirtieron en una verdadera pesadilla para los comerciantes, obligados muchas veces a pagar una suma de dinero para agilizar una habilitación o esquivar una clausura. “No hemos logrado transformar esa realidad”, admitió Ibarra. Y apeló a la metáfora: “Si las distintas medicinas que aplicamos no dieron resultado, entonces aplicamos la cirugía”.
Los 300 inspectores puestos en disponibilidad cobrarán el sueldo pero no tendrán tareas a su cargo. La mitad está en edad de jubilarse y del resto, unos 40, cargan con sumarios por irregularidades. Sobre los demás, dicen en el gobierno, se invertirá la carga de la prueba: deben demostrar que no son corruptos. “La mayoría cobra en promedio 700 pesos y no pueden justificar los autos o los relojes que tienen”, dijo una fuente del gobierno. No dijo que esos sueldos irrisorios probablemente sean una de las fuentes de corrupción.
Para el resto de los empleados la situación es diferente: serán reubicados en la medida en que sea necesario personal en otras áreas de gobierno. “Después de dos años, si no se le asignan tareas, quedarán cesantes”, precisó Giudici.
El cierre del área, de hecho, deja a la ciudad con 300 inspectores menos. “Prefiero que haya 50 que funcionen bien”, dijo el jefe de Gobierno. Se refería a los que conforman la Unidad Polivalente de Inspección, un cuerpo con perfil profesional creado durante la gestión de Giudici.
Para las nuevas habilitaciones, el gobierno apuesta al sistema inaugurado para la fiscalización de obras en construcción: tercerizar la inspección en profesionales matriculados, que hacen las verificaciones y derivan el trámite en la oficina de habilitaciones, que se encarga de dar la aprobación final. “El sistema garantiza transparencia porque los profesionales ponen en juego su matrícula”, dijo una fuente del gobierno porteño. El sistema fue implementado a partir de marzo de 2001. “Se inscribieron 558 profesionales, que hicieron 2200 verificaciones y desde entonces no se registró ninguna denuncia de corrupción”, agregó la fuente. Ese mismo modelo es el que se piensa aplicar para la habilitación de locales comerciales en toda la ciudad.