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Producción: Javier Lewkowicz

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El Estado será clave

Por Martín Burgos *

Las condiciones internacionales en las cuales se desenvolvió la economía argentina desde 2003 parecen conocer unos cambios brutales cuyo emergente es la caída de los precios internacionales de los commodities, entre ellos la soja. De los 500 dólares por toneladas a los cuales se exportaba el yuyo a los 340 dólares que se está vendiendo desde hace más de un año, resulta evidente que la economía argentina en su conjunto no dejará de resentirse, tanto a nivel de la divisas como a nivel del sector agropecuario.

Si bien el actual bajón de las commodities puede ser coyuntural o estructural, según las versiones, la gestión de la economía supone siempre asumir la perspectiva pesimista, es decir, que los bajos precios llegaron para quedarse. Eso complica la entrada de divisas, dado que si asumimos que la economía puede crecer hasta el nivel en que el ingreso nacional se tope con la restricción de divisas, una caída de los precios de la soja implica que el crecimiento futuro de Argentina será menor, a menos que se logren intensificar políticas de sustitución de importaciones en los rubros hidrocarburíferos e industriales.

Por otro lado, la menor inflación que conocemos en la actualidad tiene una estrecha relación con la baja del precio internacional de los alimentos, además de las políticas específicas llevadas adelante por el gobierno como “precios cuidados”. En consecuencia, salvo que se realice una nueva devaluación, se podría morigerar los niveles de inflación y estabilizarlos alrededor de 20 por ciento. Esta menor inflación en los alimentos implica una menor rentabilidad para el sector agrícola, en particular para los eslabones más débiles del mismo, es decir los pequeños y medianos agricultores.

Esto puede explicar en parte la crisis de la alianza entre las entidades empresariales del sector agropecuario, y el acercamiento entre Federación Agraria y el gobierno nacional. Lejos quedaron las diatribas de Eduardo Buzzi contra el kirchnerismo, y su sorprendente acercamiento con la Sociedad Rural, adversario histórico de Federación Agraria. Lejos también quedaron las tesis sobre supuestas transformaciones en las representaciones del campo que explicaría la unidad de acción de esas entidades. Hoy los pequeños y medianos agricultores son conscientes de que necesitan y necesitarán de intervenciones del Estado para no dejar que los grandes se devoren a los chicos en un mercado guiado por los grandes terratenientes y los monopolios de insumos y de exportación de granos.

Frente a este nuevo escenario, la devolución de las retenciones a pequeños productores que empezó a realizar el Ministerio de Economía desde principios de año es una señal de una modificación de alianzas que resulta fundamental para un proyecto nacional, dado que este debe incorporar al campesino pequeño y mediano, así como contiene a las pequeñas y medianas industrias y comercios. La caída de la rentabilidad de la soja puede permitir impulsar una diversificación de los cultivos para lograr un paradigma más cercano a la “chacra mixta” y más alejado del monocultivo de soja. Pensar el desarrollo rural como se piensa el desarrollo industrial implica, sin lugar a dudas, una mayor intervención del Estado en políticas específicas, para evitar que las crisis regionales en sectores como la leche, el trigo, la carne, arrojen los productores al espejismo de una “solución devaluadora” que solo implica mayores ganancias para los mercados concentrados.

En el contexto actual, es necesario revisar también la alícuota de retenciones del 35 por ciento a la soja, defendibles cuando este cultivo valía 500 dólares la tonelada, situación muy diferente a la actual. La reducción de las retenciones tendría por objetivo sostener cierto nivel de rentabilidad en el cultivo soja, pero podría ser una moneda de cambio para establecer determinadas pautas orientadas a lograr un desarrollo rural más diversificado, dado que la soja es parte de un ideal de “chacra mixta”.

Por último, queda revisar la concentración y extranjerización del transporte, el acopio y la comercialización de la soja. En ese plano, la estatización de las vías de ferrocarril de carga resulta un elemento clave, dado que el uso discriminatorio de las vías por parte de una empresa atenta contra la competitividad sistémica de la cadena de la soja, lo mismo que los puertos privados y su logística asociada. Es necesario volver a pensar en un puerto estatal de exportación que sirva de testigo de los precios de exportación, de la estructura de costos y de la rentabilidad dentro de la cadena, y que todo esto pueda articularse en una Agencia Nacional de Comercialización.

* Coordinador del departamento de economía del CCC.

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Apuesta al libre mercado

Por Martín Fraguío * y Gastón Fernández Palma **

En estos días se debate en la Argentina cuál va a ser la superficie destinada a los cultivos de cosecha gruesa en la próxima campaña. El interrogante no es menor, ya que las distintas estimaciones indican una intención de siembra con una clara tendencia a la baja en casi todos los cultivos. Pareciera que la expectativa que genera el cambio de gobierno estaría retrasando lo máximo posible la decisión de siembra, para cuando se conozcan las medidas que podrían tomarse para el campo y la economía. Con pocas medidas, el próximo gobierno (y éste también) podrían revertir la caída y lograr que el área a sembrar se acreciente. Para entender esta situación deben analizarse por un lado los ingresos obtenidos y por el otro los costos de producción.

Los ingresos se forman a partir de multiplicar rendimiento por precio. Los rendimientos de maíz y soja de la campaña que está terminando están en niveles records gracias al buen clima y a que, a pesar de los problemas, el productor aplicó un alto nivel de tecnología.

En cuanto a los precios, la gran cosecha mundial motivó una caída de los precios internacionales de los granos. Al mismo tiempo, a nivel local reciben un castigo adicional, que surge de los derechos de exportación y los ROE (Registros de Exportación), que al ser manejados en forma discrecional, producen otra disminución artificial del precio, al desaparecer los exportadores del circuito comercial. En este contexto, a igual distancia del puerto, en Argentina el productor percibe unos 60 dólares por una tonelada de maíz mientras que en Brasil obtiene 130 dólares y en Estados Unidos 140 dólares.

Por lo tanto, para mejorar los ingresos, la solución que debe aplicar el Poder Ejecutivo es la rápida eliminación de los ROEs y todas las trabas que existen para exportar granos y los productos de sus cadenas de valor. También deben eliminarse los derechos de exportación, que claramente son el impuesto más distorsivo que se puede aplicar en cualquier economía y que tienen como consecuencia la destrucción de la capacidad productiva. Estas medidas integran los consensos acordados por Maizar en el año 2007 entre los integrantes de todos los eslabones de la cadena del maíz y del sorgo.

Los derechos de exportación tienen una incidencia muy baja sobre los costos de producción de los productos derivados, no brindan a las industrias ninguna ventaja competitiva sostenible y tampoco evitan el aumento constante de los precios al consumidor. Nuestro país genera biomasa suficiente para alimentar más de 400 millones de personas, dato que explica el absurdo de terminales, acopios, silos de campo y los incómodos bolsones de plástico con alimentos que se deterioran por su larga permanencia en los lotes.

A pesar de tener granos más costosos muchos otros países lograron desarrollar industrias de transformación más competitivas que las nuestras. Ningún país basa la competitividad de sus cadenas de valor en la aplicación de castigos a la producción de materias primas. Por el contrario, todos nuestros competidores promueven o subsidian sus exportaciones y ofrecen distintos tipos de ayudas para incrementar la oferta, de manera que las industrias obtengan la materia prima en forma fluida y con menores costos.

A este contexto de precios bajos se agrega un escenario interno con costos de producción crecientes. Es la primera vez en décadas que el costo del flete es el principal para una hectárea agrícola. Como ejemplo, se calcula que a una distancia de 170 km del puerto, el transporte de un maíz de alto rendimiento cuesta más de 450 dólares por hectárea, mucho más que el alquiler o que la suma de todos los insumos. Los fletes en la Argentina son un 84 por ciento más costosos que en Estados Unidos y un 77 por ciento más que en Brasil.

Un componente importante del costo del transporte es el precio del gasoil, que vale en Argentina 1.5 dólares por litro, mientras que en Brasil y Estados Unidos ronda los 0,7 dólares. Los valores de las cubiertas para camiones, los repuestos y el mantenimiento de la maquinaria agrícola también tienen un costo muy superior al de nuestros competidores en el mercado.

Además, las trabas a las importaciones, sumado al problema del tipo de cambio, incrementan el costo de los insumos de base importada. Muchos importadores pagan su mercadería en dólares al contado y deben importar sin saber cuándo podrán pagar al exterior. En síntesis, tenemos los costos más altos del mundo con los precios de granos más bajos del mundo.

El nuevo gobierno tiene la oportunidad de iniciar su mandato con una enorme cosecha, que se traduciría en una mayor generación de empleo genuino y en un importante ingreso de divisas al país generadas por las exportaciones de granos y sus productos de valor agregado. Así se podría revertir la crítica situación económica que atraviesan las economías regionales y los productores agropecuarios. Pero para ello es indispensable que se anuncien, en forma clara y rápida, estas simples medidas que permitirían elevar los ingresos y bajar los costos.

* Director Ejecutivo de Maizar - Asociación Maíz y Sorgo Argentino.

** Presidente de Maizar - Asociación Maíz y Sorgo Argentino.