El emblemático caso de Víctor Ottoboni, delegado gremial desaforado y despedido por la empresa FATE, generó un nuevo fallo bisagra: la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la sentencia que había permitido excluirlo de su tutela sindical para poder ser echado por la firma. Tras una intensa campaña y movilización, el recurso de queja fue atendido por el máximo tribunal dado que su par bonaerense le había quitado la instancia de apelación, aplicando la doctrina menemista surgida al calor de la frexibilización laboral. “La Corte provincial tiene que emitir un nuevo pronunciamiento pero el fallo en sí de los jueces de la Corte Suprema nacional es progresivo, porque se planta claramente a favor de la libertad sindical, justo en un momento que ellos mismos tienen que discutir sobre la titularidad del derecho a huelga”, explicó a Página/12 Rubén Tripi, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh). Además del paraguas legal que se amplía a favor de los llamados delegados de base y de las comisiones internas que no responden a las conducciones sindicales burocráticas, en los hechos el caso Ottoboni abre las puertas para todos aquellos trabajadores despedidos por su activismo gremial que no se conforman con una indemnización y pretenden ser reinstalados en sus puestos.

Sin disidencias, los jueces de la Corte Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Carlos Fayt admitieron el recurso federal interpuesto por el Ceprodh y mandaron dictar un nuevo pronunciamiento, tomando los argumentos de la subprocuradora Irma Adriana García Nietto. La funcionaria había considerado que “ni la legislación ni los jueces locales pueden vedar el acceso de los litigantes a la instancia superior”, y subrayó que “el argumento principal de la defensa del trabajador se fundó en el principio de libertad sindical, establecido en el artículo 14 bis de la Constitución y en las normas internacionales de derechos humanos”. Para la Corte, lo que está en juego en este caso es “la consagración del ejercicio de esa libertad, en especial en lo relativo a la representación de los intereses de los trabajadores, el derecho a reunión y el derecho a formular un programa de acción”.

En diálogo con Página/12, Tripi explicó que en la provincia de Buenos Aires no hay cámaras de apelación en la justicia laboral, hay que ir a la Corte, donde no analizan todo el caso de nuevo. “Los recursos locales suelen ser rechazados, muy restringidamente admiten que la doctrina del desafuero es un primer tramo de un proceso. En general, consideran que si lo despide la empresa está despedido, que haga juicio por la indemnización.” Además, la Corte bonaerense, que ejerce las funciones de una cámara de casación en el ámbito laboral, no concedía el recurso federal para seguir peleando los casos en la de la Nación. “Al lograr ir a la Corte nacional cambiamos veinte años de jurisprudencia, ahora eso se puede aplicar a cualquier trabajador invocando el caso Ottoboni”, concluyó. En este sentido, destacó que no lo lograron solos sino con una “fuerte campaña de militancia y personalidades que apoyaron”, además del rol de amicus curiae que cumplieron abogados laboralistas y ATE Capital. Esta sentencia se da en un momento crucial porque la Corte debe decidir sobre la titularidad del derecho a huelga en el caso Orellano c/Correo.

“Es un triunfo en lo personal, pero más en lo que representa la jurisprudencia bonaerense. Los delegados sindicales no tenemos derecho a apelar cuando perdemos en primera instancia, éste un fallo que sienta un precedente muy importante a nuestro favor”, dijo a este diario Ottoboni, cuyo despido nunca se concretó y va camino a ser revertido.

A principios de 2008, la seccional San Fernando del Sindicato Unico de Trabajadores de Neumático de la Argentina (Sutna) estaba en un intenso conflicto con las empresas del sector por paritarias y por el convenio colectivo de trabajo. FATE inició diferentes juicios de exclusión de tutela sindical contra delegados del sector y la comisión ejecutiva del Sutna, al mismo tiempo que radicaba denuncias penales contra ellos y despedía a 80 trabajadores que habían participado de una huelga. Por su parte, los empleados denunciaron que la planta de Victoria estuvo varios meses “militarizada”, con presencia policial, perros y filmaciones de sus desplazamientos. El conflicto tuvo un saldo de 200 despedidos de todas las empresas.

Entre los pedidos de desafuero se encontraba el de Ottoboni, a quien denunciaron por realizar asambleas en su sector, por haber detenido dos máquinas que estaban funcionando incorrectamente, participado de medidas de acción directa en el depósito e ingresado a la fábrica en forma clandestina junto a otros tres delegados. Todos fueron detenidos y el Tribunal de Trabajo 1 de San Isidro les quitó los fueros porque consideró “verosímiles las razones esgrimidas por la empresa para solicitar la exclusión de la garantía sindical”. Ottoboni, quien trabaja en FATE desde hace once años, consideró que “en zona norte hay una evidente persecución a las comisiones internas con delegados nuevos que deciden en asamblea”. Y recordó que fue absuelto de todas las denuncias penales que la empresa hizo en su contra.