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Desde Nueva York

Los intentos carroñeros por embargar fondos vinculados a la Argentina tuvieron ayer un nuevo episodio en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos. Ni las reservas del Banco Central, ni la Fragata Libertad, ni los activos de la petrolera YPF. Esta vez el objetivo son los 539 millones de dólares depositados por el país para cumplir con sus obligaciones financieras en una cuenta del Bank of New York Mellon en el Banco Central. Un grupo de aprendices de buitre con sentencias menores, tienen reclamos por aproximadamente un millón de dólares, buscaron convencer al panel de tres jueces que una porción de los fondos custodiados por el agente fiduciario les corresponden. Los demandantes están liderados por el fondo DCA Grantor Trust de Miami y apuntan a los dólares de los tenedores de bonos reestructurados congelados en el banco estadounidense. El ensañamiento que mostraron los magistrados con la errática y vacilante argumentación de los abogados buitres no permite concluir que los jueces validarán el reclamo. La decisión se conocerá en las próximas semanas.

Antes de comenzar con la agenda del día, el presidente del panel de jueces Robert Katzmann pidió un minuto de silencio. En la puerta del edificio veinte uniformados de la NY Courts Police ensayaban desde temprano un homenaje a los oficiales que murieron en el atentado del 11 de septiembre de 2001. Las cortes están ubicadas a pocas cuadras del World Trade Center. Por eso, minutos antes que el asistente del tribunal martillara tres veces para anunciar el ingreso de los jueces al salón del piso 17, se podían escuchar las gaitas de otra fuerza policial practicando su saludo conmemorativo. El primer caso de la jornada fue la demanda de los aprendices de buitre contra Argentina y el BoNY.

Comenzaron los abogados demandantes que rápidamente fueron interrumpidos por el juez Gerard Lynch, quién llevó la voz cantante del tribunal durante toda la audiencia en la que también estaba presente la jueza Janet Arterton. “Pareciera que ustedes dicen que un grupo de acreedores con una sentencia tiene más derecho a ser recompensado que los acreedores en poder de un contrato, un bono”, sostuvo el magistrado. Durante los 25 minutos que duraron las intervenciones de los dos letrados carroñeros los tres magistrados los interrumpieron amablemente para señalarles inconsistencias en su reclamos.

El caso se remonta a la decisión inicial del magistrado Thomas Griesa donde prohibió al agente fiduciario cumplir con sus obligaciones contractuales si Argentina no le pagaba 1600 millones de dólares a los buitres. Desde que el gobierno argentino pagó, los fondos quedaron congelados. La mejor garantía para los titulares de los fondos congelados desde hace más de un año por el juez Thomas Griesa es que ni siquiera el octogenario magistrado se animó a explorar esa vía y rechazó las solicitudes.

“No sabemos dónde está la plata ni quién la controla”, lanzó la abogada de los aprendices de buitre. “Creía que el juez Griesa controlaba esos fondos”, respondió Lynch que tuvo varias intervenciones distendidas pero contundentes. Por el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton que representa al país estuvo Carmime Boccuzzi. Acostumbrado a la escenografía, tuvo una intervención contundente y sin interrupciones de los jueces donde argumentó que esos activos no cumplen las condiciones para ser embargados por las cortes estadounidenses. Calificó de bizarro el planteo de los demandantes e indicó que los fondos le corresponden a los acreedores del país.

“Los demandantes ahora violan la cláusula de tratamiento igualitario al reclamar que tienen derechos superiores sobre esos fondos”, apuntó Boccuzzi. Quien también intervino rechazando el pedido carroñero fue el representante del Bank of New York Mellon, Eric Shaffer, y entre los espectadores estaba el equipo del consulado argentino en Nueva York.

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