Los fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos –Procelac– Carlos Gonella y Milton Khaski denunciaron al periodista y primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por Cambiemos, Fernando Niembro, y su socio Atilio Meza por posibles maniobras de lavado de dinero. También pidieron que se investiguen a los funcionarios porteños Horacio Rodríguez Larreta –jefe de Gabinete y jefe de Gobierno electo–, Carolina Stanley –ministra de Desarrollo Social–, Gabriela Reybaud –ministra de Salud– y Pablo Facundo Gaytan –secretario de Comunicación Social– por los delitos de incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y administración fraudulenta. “Nos hallamos por el momento frente a un universo de 164 contrataciones adjudicadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de La Usina Producciones por un monto total de 19.473.878,80 pesos en el marco de las cuales nunca se acudió al mecanismo de licitación pública”, explicaron.

Los fiscales señalaron que la contratación directa solo debe ser aplicada en circunstancias excepcionales que están reguladas y que ninguna de ellas se aplica a los contratos entre la empresa fundada por Niembro y la administración porteña. “Salvo que se hubiere considerado como servicio esencial e impostergable, por ejemplo, la realización de una encuesta y/o el reparto de folletería, lo cual, no pareciera serlo”, aclararon. Destacaron, además que no se puede soslayar que Niembro y Meza “poseen una amplia e incuestionable ligazón con el más alto funcionariado de la administración pública porteña, dada su condición de candidatos a diputados nacionales por el partido denominado PRO, fuerza partidaria que, cómo es público y notorio, se encuentra en pleno ejercicio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Luego de que se conocieran en los últimos días las irregularidades que involucran al gobierno porteño y sus candidatos, Meza, que ocupaba el puesto 13 entre los suplentes en la lista bonaerense, anunció de declinaría su postulación. Niembro, en cambio, la mantiene firme y argumenta que se desvinculó de la empresa en 2014, cuando intuyó que podría dedicarse a la política. De todas formas, el vínculo entre el periodista y la administración macrista existían con independencia de su candidatura y las irregularidades están dadas por la forma en que se hicieron los contratos. Pero, aún así, según la opinión de la Procelac, la cesión que el periodista deportivo hizo en 2014 de su participación en La Usina a Aldana Meza, familiar de su socio, podría ser una venta simulada: “Para marzo de 2014, la firma ya le había facturado cerca de 10 millones de pesos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que sin mayor esfuerzo permite apreciar una absoluta desproporción en comparación con el valor al que Niembro dijo haberse desprendido del 50 por ciento de las acciones”, esto es: 20 mil pesos.

Otras irregularidades destacadas en la denuncia son que La Usina Producciones SRL registra su inicio de actividades en mayo de 2012 “en una casi perfecta y exacta sincronía con la data en la que se le adjudicaron los primeros contratos por parte del GCBA”, que sus dos únicos clientes durante sus tres años de existencia habrían sido el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y que la empresa no se encontraría registrada como empleadora, es decir, que no tendría empleados a cargo. “Deviene dificultoso representarse cómo es que una firma sin personal (más allá de la presencia de sus dos socios), podía cumplimentar las prestaciones a las que se comprometía contractualmente con la administración pública porteña”, dice el escrito.

Los fiscales también mencionaron, a partir de información aportada por la legisladora del Frente para la Victoria Gabriela Alegre, que hay contratos que excederían ampliamente el objeto social de la empresa de Niembro y Meza. Por ejemplo, uno de ellos se refiere a “servicios de instalación y puesta en funcionamiento de planta para tratamiento de efluentes” para la Dirección General de Limpieza. Otro, para la misma repartición, es de “servicio de higiene urbana”. “Resulta al menos llamativo que una consultora dedicada a la publicidad, sin empleados contratados, realice este tipo de trabajos o prestaciones”, dijeron. También pusieron como ejemplo un contrato con un presupuesto oficial estimado de 899.695,50 pesos para un servicio de encuestas que se efectivizó con “una presentación escueta y sin mayor contenido impresa en formato tipo PowerPoint.

Gonella y Khaski constataron que mientras se encontraban en plena ejecución los contratos entre La Usina y el gobierno de Mauricio Macri, Meza y Niembro incorporaron a sus respectivos patrimonios diversos autos de alta gama (un Audi Q5 en 2012 y otro igual en 2015 el primero y un Mercedes-Benz A12 el segundo), información que, destacaron “no resulta para nada despreciable atento a la hipótesis de lavado de activos que se baraja”.

Desde el macrismo, las diputadas Laura Alonso y Patricia Bullrich criticaron al titular de la Procelac, a quien acusaron de trabajar para el gobierno nacional. Sin embargo, Gonella y Khaski utilizaron para su denuncia, entre otras fuentes, a la propia administración porteña. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires emitió varios Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados con La Usina y sus socios. Por ejemplo, el 25 de abril de 2013 se reportó a Meza por haber recibido 8 transferencias por un monto total de 630.763,11 pesos provenientes todas del GCBA. Se agregó que “el nombrado se encuentra registrado como firmante” de otra cuenta corriente “a nombre de La Usina Producciones la cual recibe también transferencias de la Cuenta Unica del Tesoro, sin presentar documentación que respalde los movimientos registrados ante el pedido que oportunamente le efectuó la sucursal” y señaló que “la documentación obrante resulta insuficiente para justificar las operatorias, siendo retiradas grandes sumas de dinero en efectivo”. El Banco (que paradójicamente aparece como cliente de La Usina) informó que “ante la falta de respuesta por parte del cliente, con fecha 26 de noviembre de 2014 le envió bajo la misma consigna una carta documento que fue devuelta sin ser recibida por ‘domicilio incompleto’, habiendo sido remitida a la ultima dirección declarada, la cual también figura en los registros de AFIP y en informes comerciales”.

La denuncia, en la que se piden más de veinte medidas de prueba y cautelares contra el patrimonio de los involucrados, quedó a cargo del juez federal Sabestián Casanello. Actualmente existe otro expediente que tiene el juez de instrucción Roberto Ponce en el que también se investigan las irregularidades de los contratos de La Usina y la administración macrista y en el que ya se realizaron procedimientos en oficinas del gobierno porteño. La Procelac señaló que corresponde que el caso quede en el fuero federal debido a que en esta presentación, además de la administración fraudulenta que habrían cometido Rodríguez Larreta, Stanley, Reybaud y Gaytan, incluye el delito de lavado de dinero. El siguiente paso será saber si el juez Ponce se inhibe en su causa y la envía a Casanello.