El Senado debatirá esta semana el proyecto de ley que busca crear la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee). La norma creará un paraguas legal para que las acciones que están en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) o empresas públicas no puedan venderse por un simple decreto (ver aparte) El valor de estas acciones en poder del Estado asciende a 548.000 millones de pesos. Cuando el Gobierno recuperó los recursos que estaban en manos de las ex AFJP, dirigentes y economistas de la oposición hablaron de “confiscación” de las empresas privadas. Sin embargo, a juzgar por los balances que presentan las mismas empresas periódicamente en la Bolsa y en la Comisión Nacional de Valores, su rentabilidad suele ser mayor que la de aquellas compañías en donde no hay representación del Estado. Página/12 analizó los balances de 85 empresas, de las cuales 39 tienen participación del Estado. Durante el primer semestre, este estas últimas obtuvieron una rentabilidad un 29,1 por ciento superior al mismo período del año pasado. En cambio, el promedio de rentabilidad del conjunto de las sociedades analizadas fue de 7 por ciento.

En el primer semestre del año, las empresas en las que participa el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, más YPF que no forma parte del FGS pero está calculada, obtuvieron una rentabilidad de 20.676 millones de pesos, contra los 16.012 millones de pesos que lograron en igual período de 2014. La expansión en las ganancias fue de 4663 millones de pesos. Esta participación en las empresas le redituó al Estado ganancias (aun no distribuidas) por 5646 millones de pesos, contra los 4656 millones del primer semestre del año pasado.

“Para decidir la venta de estos importantes activos ya no bastará con la lapicera de nadie, deberá pasar por el Congreso argentino y ser aprobadas por las dos terceras partes. Es un reaseguro para que nadie más pueda disponer alegremente del patrimonio de los argentinos, porque esto es plata de los argentinos que había sido prestada sin la intervención de nadie. No es que estamos pidiendo que se venda, no, que se venda pero con discusión de cuánto, cómo y si es conveniente. Y para eso, qué mejor que el Congreso donde están representadas todas las fuerzas políticas”, manifestó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante el anuncio del proyecto, el pasado 20 de agosto.

Cuando el Gobierno recuperó los recursos de los trabajadores en manos de las ex AFJP, la oposición decidió votar en contra con el argumento de la confiscación. “Hay mucha arbitrariedad y discrecionalidad. El Gobierno se está radicalizando ante la crisis económica, yendo a un chavismo extremo”, manifestó el por entonces jefe del bloque de la UCR en el Senado, Gerardo Morales. Sin embargo, los números de estas empresas dan cuenta de otra realidad. En función de la participación estatal, la empresa que le redituó mayores ganancias al Estado fue YPF, cuya participación es de 51 por ciento, con 2256 millones de pesos; el Banco Macro, donde el Estado posee una participación de 30,97 por ciento, con 600 millones de pesos; el Grupo Financiero Galicia (21,28 por ciento), con 406 millones de pesos y Telecom (24,9 por ciento) con 489 millones de pesos.

La empresa Consultatio, que pertenece al rubro construcción, tuvo una rentabilidad en el primer semestre de 440 por ciento en relación al mismo período del año pasado. El Estado posee el 26,62 por ciento de las acciones de esta compañía, por lo que en función de esta participación, el Estado alcanzó una rentabilidad de 278,9 millones de pesos. El FGS posee el 9 por ciento de las acciones del Grupo Clarín, cuya rentabilidad semestral fue de 456 por ciento en la comparación interanual. Este resultado representó para el Estado una ganancia potencial de 93 millones de pesos. Y la empresa La Anónima, cuya rentabilidad durante el período enerojunio fue superior en un 26 por ciento, representó para el Estado una ganancia de 92,4 millones de pesos. El FGS posee el 20,68 por ciento del capital accionario de la sociedad patagónica.

El candidato presidencial de Cambiemos, Mauricio Macri, intenta ahora tomar distancia de su discurso privatizador, pese a que en el pasado había expresado que volvería a convertir en un negocio privado el manejo de los recursos de los trabajadores. En octubre del año pasado, Francisco Cabrera, actual ministro de Desarrollo Económico porteño, expresó un proyecto macrista sobre el tema: “La idea consistiría en vender en bloque las acciones de empresas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a fondos de pensión internacionales, que podrían elegir colocar directores con el objetivo de maximizar el valor de las compañías. El dinero en efectivo para el FGS significaría un ingreso de divisas y se podría reinvertir con una estrategia de renta fija, ya sea deuda corporativa, papeles comerciales o hasta un bono de infraestructura”.

El desempeño de las empresas con participación estatal contrasta con el de las empresas sin participación del Estado. En 2014, un conjunto de 36 empresas con participación estatal obtuvieron un incremento de su rentabilidad anual de 57 por ciento, cuando el promedio de crecimiento de las empresas analizadas fue de 39 por ciento. En el primer semestre de este año, las 46 empresas que no poseen participación estatal acumularon una rentabilidad de 9256 millones de pesos, contra los 12.151 millones de pesos del semestre de 2014 (-23,8 por ciento). Esta merma estuvo empujada por los malos resultados de Tenaris, que redujo el volumen de ganancias en 3843 millones de pesos. Si se quita del análisis a Tenaris, el conjunto de las 45 empresas restantes ganó un 17,6 por ciento más.

“Son empresas que están en el sector industrial, en el sector energético, o sea que tienen que ver con la vida cotidiana, con la actividad económica, también con los intereses de los pequeños, medianos y también grandes empresarios, por lo tanto no solamente tiene el valor de un gran capital de reserva de los jubilados, sino un sentido estratégico para participar en las decisiones de estas empresas porque hacen a la gran macro de la economía”, sostuvo Cristina Fernandez de Kirchner el día en que anunció el envío al Congreso del proyecto para crear la Anpee.