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El Gobierno quiere utilizar al correo como un caso testigo para el resto de las privatizadas, aunque sin disparar un conflicto abierto como el que mantenía con el grupo Macri. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, afirmó que hasta el momento “no hay ninguna concesión de servicios públicos con las características del correo, donde el incumplimiento fue casi absoluto”. Pero advirtió que “si hubiera incumplimientos de la misma magnitud se tomará la misma decisión” de revocar la concesión, porque “los años de la patria contratista terminaron”. Por otro lado, el Gobierno se preocupó por aclarar que el manejo estatal de la empresa será transitorio, y que la concesión será relicitada. Sin embargo, los principales gremios del sector reclaman que el gerenciamiento del correo quede en manos del Estado de manera permanente.
Eduardo Di Cola, designado interventor del que por los próximos 180 días se denominará Correo Oficial, aseguró que “se preservarán las fuentes de trabajo” y prometió que durante su gestión se prestará “un servicio eficiente al mejor costo para el usuario”.
“Los objetivos de mi gestión serán garantizar la regularidad del servicio; preservar el patrimonio de todos los argentinos, porque cuando se otorgó la concesión también se otorgaron bienes (inmuebles) que son del Estado, y garantizar las fuentes de trabajo”, explicó Di Cola.
Además, el diputado cordobés dejó entrever que se investigará el origen de las deudas, por unos 1000 millones de pesos, contabilizadas dentro de la convocatoria de acreedores del correo. “La ex concesionaria tiene deudas que hay que esclarecer y para eso hay un juez de por medio”, afirmó.
Ayer, Alberto Fernández insistió una y otra vez que el Estado no se quedará con la concesión para siempre. “La medida no tiene el propósito de que el Estado reasuma funciones que fueron delegadas a la actividad privada”, sostuvo. La preocupación ahora del Gobierno es contrarrestar la presión mediática que están ejerciendo los gremios del sector, quienes creen que la empresa debería quedar en manos del Estado.
Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Prestadores Postales de la República Argentina, José Raúl Ongaro, opinó que el gerenciamiento debería ser estatal y privatizarse la distribución, que “es lo más complicado en este momento”. Sobre eventuales interesados extranjeros dijo que además de la norteamericana Federal Express “se habla del correo alemán y del correo brasileño”.
Ongaro reveló que “el Correo Argentino empezó a dejar servicios importantes en todo el país, oficinas, áreas o estafetas postales que para ellos no eran rentables, fundamentalmente en pueblos chicos”.
Por su parte, Víctor Jerez, secretario general de la Federación del Personal Jerárquico y Profesional de Correos, señaló que “en casi todos los países el correo está en mano del Estado” y consideró que “en la órbita estatal podemos prestar el servicio más eficientemente, trabajando mejor y bajando los costos”. “Se ha hecho un abuso total del costo de la correspondencia. La correspondencia internacional es privativa para la población, porque aumentó en forma desmesurada”, denunció.
Jerez se quejó también de que “coexistan 300 prestadores postales registrados y 700 clandestinos. Esta situación deriva de una pelea que se dio entre Yabrán y Cavallo, y es única en el mundo. En EE.UU. el correo es monopólico en la distribución de correspondencia de hasta 2 kg de peso”, agregó. Para el gremialista, el yabranismo “nunca se fue” del mercado de correos y explicó que ahora ese sistema “lo manejan las empresas que él no reconocía”, como OCA y Seprint, actualmente dirigidas por Héctor Colella, quien fuera la mano derecha del empresario suicidado.
El jefe de Gabinete tampoco desaprovechó la oportunidad para presentar el de Macri como un caso líder de cara a la revisión de los contratos de servicios privatizados. “Confiamos en que ninguna concesión tenga semejante nivel de incumplimiento por parte del concesionario, pero dejamos de tener un Estado estúpido y tolerante que permite que un pícaro gane cuando todos los demás pierden”, declaró. “Si hubiera incumplimientos de esta magnitud la resolución sería la misma”, advirtió.