En la actualidad hay como mínimo entre 20 y 30 millones de personas en el mundo que sufren las “formas modernas de esclavitud”, es decir, paga por debajo del nivel de subsistencia, violencia física y retención de documentos. La extrema explotación laboral genera ganancias por 150 mil millones de dólares al año, el negocio ilegal más lucrativo después del narcotráfico. Las formas modernas de esclavitud tienen estrecho vínculo con la vida urbana a través del consumo de prendas de vestir, alimentos y productos electrónicos, entre otros, fabricados por empresas globales, y de la explotación sexual de mujeres y niñas fundamentalmente. Con la excusa del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud que se conmemoró ayer, Página/12 dialogó con Pedro Furtado de Oliveira, director de la Oficina Argentina de la OIT, especialista en el tema.

–La idea de esclavitud que tenemos en América latina es distinta de la situación que existe en el mundo. Hay que mirar el problema de otra manera. Es necesario emprender un proceso de sensibilización alrededor de este tema. Hoy en día hay elementos a partir de los cuales se configuró lo que se llama esclavitud moderna, que es esclavitud al fin.

–La retención de documentos de identidad del empleador al trabajador, la deuda en favor del empleador, el miedo, el acoso. La creación del protocolo legalmente vinculante que hemos desarrollado el año pasado en la OIT muestra que tenemos evaluar el problema con los parámetros de nuestra época, no con los anteojos de hace 300 años.

–Sí, también se ha adoptado el concepto de trabajo forzoso. Se trata de situaciones laborales en donde hay retención de documentos, que equivale a la pérdida de la condición de identidad, algo que también caracterizó a la esclavitud “clásica”. La esclavitud actual además supone el engaño sobre mejores condiciones de vida para el trabajador y su familia, la posibilidad de obtener buenos ingresos. Como se trata muchas veces de trabajadores migrantes, se contrae una deuda por el viaje y la manutención inicial, eso genera una suerte de relación de dependencia bajo condiciones de trabajo abusivas, violencia física e intimidación psicológica. Todos esos elementos definen lo que podemos llamar una situación de esclavización, sin comillas.

–Nosotros consideramos que está en todos lados, especialmente en la agricultura, la pesca, la construcción, la confección y las armadurías de electrónica. Pudimos constatar que existen al menos 21 millones de personas explotadas de esta forma en los cinco continentes. Del total, una cuarta parte son mujeres explotadas sexualmente. Y eso es sólo lo que pudimos ver. Claro que en términos absolutos, en el sudeste asiático hay mucha más gente y por lo tanto mayor cantidad de personas en esta situación. En términos generales, las formas de esclavitud afectan a comunidades pobres, a personas en situaciones de extrema debilidad en contextos de falta de regulación del Estado.

–En muchos casos no existe suficiente información sobre los derechos laborales, especialmente en la comunidad boliviana. Por eso es necesario que los líderes comunitarios difundan la información, también hay que trabajar con los países de origen. Otro ejemplo es el de las trabajadoras domésticas. La OIT junto al gobierno de Paraguay y el de Argentina, los sindicatos y las carteras de Trabajo están realizando acciones para visibilizar los derechos laborales de estas mujeres, para que no se expongan a la situación de explotación. La información es la parte más importante. Argentina tiene todo para ser el primer país en ratificar el protocolo de la OIT de combatir el trabajo esclavo.

–Implica el compromiso del país de garantizar la liberación, recuperación y la readaptación de las víctimas. En Brasil, por ejemplo, muchos trabajadores esclavizados fueron recuperados pero luego volvían a ser víctimas porque el sistema no les permitía reinsertarse. Este protocolo considera eso y también el acceso a la Justicia y una adecuada indemnización. Es una mirada ampliada de protección. En la Argentina existe consenso entre gremios, los empresarios y funcionarios de que este protocolo es relevante, de hecho fue apoyado el año pasado en Ginebra. Ahora tendría que ser tratado por el Congreso. También sería bueno que se conforme alguna comisión nacional que pueda discutir políticas coordinadas de las dependencias involucradas, como los ministerios de Trabajo a nivel nacional y provincial, la Anses, la AFIP, Justicia y Migraciones.