Las pequeñas y medianas empresas mostraron preocupación por la decisión del Gobierno de dejar sin efecto la obligación de las empresas aseguradoras de destinar una parte de sus activos para préstamos para la producción, lo cual estaba estipulado en el inciso k. La medida, según un informe de la Confederación General Económica de la República Argentina, provocó un salto de 10 puntos porcentuales en la tasa de interés de los cheques de pago diferido (llevándola al 35 por ciento). Desde el 2012, las compañías de seguros debían destinar entre el 8 y el 18 por ciento de su cartera a financiar a pymes, proyectos productivos e inversiones de la economía real.