El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de Río Negro, Rodolfo Aguiar, estuvo detenido durante casi diez horas ayer junto a otros dos dirigentes por participar de un reclamo por despidos en la Universidad del Comahue. Desde los gremios repudiaron la “injustificada y violenta” detención, a la que consideraron “un ejemplo más del avasallamiento hacia la libertad de la protesta y el reclamo” en un contexto de creciente conflicto social por pérdidas de puestos de trabajo. “Es una medida ejemplificadora para el resto de los gremios”, entendió Aldo Capretti, el secretario adjunto de ATE Río Negro.

Aguiar fue liberado anoche, cerca de las 22. Permaneció detenido casi diez horas en la comisaría número 31 de la localidad de General Roca junto a Jorge Alarcón y Jorge Ríomar, otros dos gremialistas, luego de una discusión con el representante de Litoral Cleaning SRL, una empresa a través de la cual la Universidad de Comahue terceriza el servicio de limpieza de sus dependencias y que hace una semana echó a 12 empleadas que reclamaban salarios atrasados. “Los compañeros salieron en defensa de puestos de trabajo, los detuvieron por defender a las compañeras despedidas”, advirtió Manuel Hermida, secretario adjunto de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma.

“Nos preocupa”, admitió Capretti sobre la situación. “Sabemos que somos un sindicato que siempre está al frente de las protestas. Tenemos un antecedente de 14 paros generales y Aguiar está procesado en ocho causas por cortes de ruta nacionales, pero nunca hubo intención de la policía o de la Justicia de detener a alguien”, mencionó y relacionó el “cambio de actitud” con “una clara intención de judicializar y de perseguir la protesta social”. “Entendemos que esto es una consecuencia de la política desplegada por el gobierno nacional, que tuvo su primera muestra en Jujuy con la detención de Milagro Sala. Aguiar es el segundo preso político por reclamar en un conflicto laboral en un momento en donde se visualizan muchos de esos conflictos en un futuro cercano. Son medidas ejemplificadoras”, concluyó.

Aguiar, Alarcón, Ríomar y otros miembros de CTA y ATE mantenían ayer por la mañana una protesta en la puerta de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Comahue, en Viedma, para que Litoral Cleaning SRL reintegre a las 12 mujeres que despidió el 16 de enero pasado. Según el telegrama que les envió, la empresa consideró “justa causa” de despido los reclamos que las empleadas estaban haciendo entonces por salarios atrasados y mejoras en las condiciones de trabajo.

“En una acción de solidaridad con las compañeras despedidas, desde ayer (por el lunes) manteníamos un cerco en la facultad para impedir el ingreso de las nuevas personas que la empresa había contratado”, explicó a este diario Hermida. Sobre lo que ocurrió ayer contó que “en una clara provocación, apareció este tal Fernández (Santiago Fernández, indicado como el representante de la empresa) con un escribano para certificar que las compañeras impedían el paso, y comenzamos a discutir fuerte”. Entonces, intercedió la policía, que “se llevó demorados a Fernández y a Aguiar” a la Comisaría 31, informó Matías de la Fuente, abogado de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) que está representando a los dirigentes detenidos. “Nos sorprende este operativo montado por el empresario, que apareció en la universidad, frente a una protesta legítima, con 20 policías y un escribano, y matones que decían ser empleados, queriendo violentar la situación”, describió el secretario adjunto de ATE Río Negro, Aldo Capretti.

En la comisaría, los ánimos se “alteraron aún más”. Capretti denunció que “hubo agresión física del empresario hacia Aguiar”. Pero Fernández quedó en libertad y el sindicalista, detenido. Alarcón y Ríomar corrieron la misma suerte tras intentar averiguar qué había pasado con el dirigente de ATE. Los tres quedaron encerrados por “averiguación de antecedentes”. Pasadas las 21, los trasladaron a la sede judicial para notificarles su liberación. En la puerta de la comisaría los aguardaron militantes de la CTA, de ATE y de otros gremios locales que se sumaron al repudio. De la Fuente había presentado a las 14 un pedido de excarcelación. Para definir, el juez de feria a cargo de la causa, Jorge Chirino, aguardó la opinión del fiscal Juan Carlos Luppi, que “sospechosamente se retrasó”, advirtió Capretti. Desde ATE, no obstante, mantienen el estado de asamblea y alerta y ofrecerán una conferencia de prensa este mediodía en el Superior Tribunal de Justicia. “Estamos recordando viejas épocas nefastas y oscuras de nuestro país, hoy más que nunca saldremos con firmeza y convicción a defender lo que por derecho nos corresponde”, expresó Capretti.