La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pidió proteger los avances sociales logrados en los últimos años en la región ante un escenario de menor crecimiento económico. Según su informe Panorama Social de América Latina 2015, en 2014 la tasa de pobreza fue de 28,2 y la tasa de indigencia de 11,8 por ciento, pero el organismo estima que el año pasado la pobreza habría aumentado a 29,2 por ciento y la tasa de indigencia a 12,4 por ciento. En términos absolutos eso significa que América latina tendría 175 millones de personas en la pobreza y 75 millones en la indigencia. “Si queremos lograr el primer objetivo de Desarrollo Sostenible, que llama a poner fin a la pobreza en todas sus formas, América latina debe generar más empleos de calidad, con derechos y protección social, cautelar el salario mínimo y proteger el gasto social, que muestra una merma en su ritmo de crecimiento”, sostuvo Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Cepal.

En el informe, presentado el martes en Santiago de Chile, se expone la situación actual en términos de pobreza y distribución del ingreso, sobre la base de los datos disponibles al año 2014. De acuerdo con las estimaciones de la Cepal, las tasas medias de pobreza e indigencia no se alteraron en forma significativa en el conjunto de la región entre 2012 y 2014, lo que, a la luz del contexto económico actual, plantea dudas respecto de las posibilidades de progreso en estos ámbitos en los próximos años. Sin embargo, la desagregación de las cifras al nivel de los países da cuenta de avances logrados por varios de ellos en la disminución de los indicadores de pobreza e indigencia, así como de retrocesos en otros países.

En el promedio de los países que cuentan con información reciente, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, pasó de 0,497 en 2013 a 0,491 en 2014. Ahora bien, al comparar las últimas cifras disponibles con las de inicios de la década de 2010, se constata una reducción más significativa. En 2010 el coeficiente regional se situaba en 0,507, por lo que hasta 2014 acumuló una caída del 3,2 por ciento a una tasa anualizada de 0,8 por ciento. En ese período se registraron variaciones estadísticamente significativas en nueve de los 16 países considerados. Las reducciones más importantes fueron en Uruguay (-2,7 por ciento anual), Argentina (-2,3) y Ecuador (-2,2 por ciento).

La Cepal advierte que los avances registrados en los últimos años corren riesgo, tal como se observa en el crecimiento de 2015. Luego agrega que en América latina se ha observado históricamente un sesgo procíclico de la política fiscal, así como del gasto público y el gasto social en particular. Por ese motivo, el organismo llama a potenciar el sesgo contracíclico de la política fiscal, principalmente porque una política fiscal procíclica acentúa el ciclo económico y puede afectar los derechos sociales y económicos de la población si los niveles de gasto social se reducen. En esta edición del Panorama Social se reafirma ese llamado, pero haciendo énfasis en que, en términos generales, el gasto social debería ser neutro respecto del ciclo económico: “los servicios de calidad para garantizar derechos sociales como la educación, la salud y la protección social no deben depender del ciclo económico. Sin embargo, considerando la magnitud de las brechas que persisten en la región en esas áreas y la necesidad de avanzar en la construcción de un sistema de protección social universal, se recomienda ampliar el gasto social en las fases de prosperidad, con el debido recaudo de proteger la estabilidad macroeconómica. Complementariamente, en situaciones de crisis económica, el gasto social debe ser contracíclico en lo que se refiere a los recursos necesarios para asegurar el financiamiento de políticas de erradicación de la pobreza y protección del empleo”, remarca el informe.

“Urge explorar nuevas fuentes y mecanismos fiscales de financiamiento que hagan sostenible la política social y los avances alcanzados en el último decenio”, enfatizó la alta funcionaria, al recordar que entre 2002 y 2012 la pobreza se redujo 15,7 puntos porcentuales.

A comienzos de los años noventa (1991-1992), el gasto social se situaba en 12,6 por ciento del producto interno bruto (PIB) de la región como promedio ponderado, aumentando a 19,5 por ciento del PIB regional en 2013-2014.

El incremento del gasto social como porcentaje del PIB (6,8 puntos porcentuales entre 1991 y 2014) obedece en primer lugar al crecimiento del gasto en seguridad social y asistencia social (3,5 puntos porcentuales), seguido de educación (1,9 puntos porcentuales) y salud (1,5 puntos porcentuales).

El documento analiza también la evolución de la distribución del ingreso y las persistentes desigualdades que se manifiestan en el sistema educativo y en el mercado laboral. Entre 2002 y 2014, la gran mayoría de los países lograron mejoras en la distribución del ingreso según el coeficiente de Gini (donde 0 significa plena igualdad y 1 máxima desigualdad). El coeficiente pasó de 0,497 en 2013 a 0,491 en 2014, mientras que en 2010 era de 0,507. Pese a este descenso, en 2014 el ingreso per cápita de las personas del 10 por ciento de mayores ingresos fue 14 veces superior que el del 40 por ciento de menores ingresos.

En el estudio, la desigualdad también es medida según los resultados de escolaridad en los diferentes tramos de ingresos de la población. Así, a pesar de los importantes avances registrados en acceso y inclusión, en especial en la educación primaria y secundaria, persisten brechas significativas: mientras un 80 por ciento de los jóvenes de 20 a 24 años del quintil de mayores ingresos habían concluido la secundaria en 2013, sólo 34 por ciento de las personas de igual edad del quintil de menores ingresos tuvieron el mismo logro.

Las desigualdades, plantea la Cepal, se hacen más patentes al cruzar otras variables. Si se miden, por ejemplo, los ingresos laborales mensuales promedios según sexo, raza, etnia y años de escolaridad, se observa que los ingresos laborales medios de los hombres no indígenas ni afrodescendientes cuadruplican a los de las mujeres indígenas y duplican a los de las mujeres afrodescendientes.

Según la comisión, el 80 por ciento de los ingresos totales de los hogares latinoamericanos provienen del trabajo. Por ello, el empleo de calidad, con derechos y protección social, “es la llave maestra para la igualdad, eje de la integración social y económica, y mecanismo fundamental de construcción de autonomía, identidad, dignidad personal y ampliación de la ciudadanía”, señala el estudio.

En el informe se revisan 58 programas públicos de inclusión laboral y productiva de 21 países de la región, que buscan ampliar las oportunidades de trabajo para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Se trata de iniciativas importantes, dice el organismo, pero su éxito depende tanto del aumento de la escala de esos programas como de su articulación con otros instrumentos de la política social, económica, productiva y de mercado de trabajo.

En toda la región, agrega la Cepal, deben persistir los esfuerzos de promoción del trabajo decente, entre ellos, los de formalización del empleo y de las empresas, de fortalecimiento de los salarios mínimos y de acceso a la protección social, en los que se incluya la igualdad de género como objetivo transversal.

Finalmente, el estudio examina la institucionalidad para el desarrollo social existente en la región. Junto con destacar sus avances en los últimos 25 años, enfatiza la necesidad de potenciarla para mejorar la calidad de las políticas en términos de impacto, eficiencia, sostenibilidad, participación y transparencia. Aboga, asimismo, por la construcción de sistemas integrales de cuidado como un pilar fundamental de la protección social en América latina.