La Cámara de Apelaciones de Nueva York citó a los representantes legales de Argentina y los fondos buitre para el 13 de abril. Esa mañana los jueces evaluarán si confirman la decisión del juez Thomas Griesa para levantar las medidas cautelares que bloquean el pago de la deuda externa en el exterior. El encuentro tendrá lugar un día antes de la fecha acordada con los acreedores más agresivos para concretar el desembolso de 4653 millones de dólares. Siempre y cuando los magistrados dejen firme la decisión de la Corte del Distrito Sur de Manhattan, como reclamó anteayer formalmente el gobierno de Estados Unidos, el día elegido no pone en riesgo la implementación del acuerdo que todavía debe ser confirmado en el Senado. En cambio, deja en evidencia cómo el Ministerio de Hacienda y Finanzas utilizó ese cronograma para presionar y acelerar el trámite legislativo. En el equipo económico aseguraron ayer que buscarán acordar una extensión de los plazos con los buitres Elliott Management, Aurelius Capital, Davidson Kempner y Bracebridge Capital.

Con las modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados al proyecto de ley, el endeudamiento que financia el acuerdos no será habilitado hasta que la Cámara de Apelaciones neoyorquina se expida. Desde el equipo del ministro Alfonso Prat-Gay aseguraban que los jueces convocarían a las partes durante la primera semana de abril y resolverían con celeridad a favor de la posición oficial levantando las medidas cautelares. De hecho, el escrito presentado el miércoles por el gobierno de Estados Unidos ofrece un fuerte espaldarazo político a la posición oficial (ver aparte) pero no permitió instalar el cronograma pretendido por el Palacio de Hacienda.

El acuerdo diseñado a medida para Singer es el único en el que se pactó que las partes tienen derecho a rescindir si no se recibe el pago antes del mediodía del 14 de abril. Si bien con el resto de los acreedores que firmaron acuerdos a mediados de febrero el plazo llega hasta el 28 de julio (120 días prorrogable hasta 150 días), el equipo económico enfatizó ante los legisladores la urgencia por aprobar el proyecto antes de mediados de abril.

“Lo único que sucederá el 14 de abril, si el Congreso todavía no ha derogado las leyes y Singer no ha cobrado, es que los buitres tendrán que decidir si rescinden el acuerdo o no”, explicaba diez días atrás el abogado especializado en derecho financiero Sebastián Soler. “Si eligen no rescindirlo, obviamente no pasa nada, y si lo rescinde el único acuerdo que se cae es el suyo, lo que francamente sería una buena noticia dadas las mejoras indigeribles que obtuvo en ese acuerdo especial (quita superior, prioridad en el cobro, pago de honorarios legales), pero los demás acuerdos subsisten. Y si posteriormente el Congreso deroga las leyes, el Poder Ejecutivo puede pagarlos y lograr que la cautelar pari passu se levante de inmediato”, anticipó Soler a Página/12.

Precisamente, el equipo económico reconoció ayer que la fecha elegida por la Cámara de Apelaciones no pone en riesgo el acuerdo. Para el Palacio de Hacienda, no concretar el pago de los 4653 millones de dólares a los fondos administrados por Elliott Management, Aurelius Capital, Davidson Kempner y Bracebridge Capital el 14 de abril “no opera como un impedimento”. Los colaboradores de Alfonso Prat-Gay sostienen que lograrán acordar una extensión de los plazos con esos acreedores. “La fecha del 14 de abril prevista en el acuerdo con NML y otros fondos para el cierre de la operación no impide que, a la luz de la fecha estipulada por la Cámara de Apelaciones para la audiencia oral, pueda ser ajustada de común acuerdo con estos fondos”, indicó el abogado y asesor legal del Palacio de Hacienda Eugenio Bruno. “De este modo, una vez aprobada la ley y expedida la Cámara de Apelaciones acerca de la cautelar, Argentina le pagaría a todos los acreedores con los que llegó a un acuerdo”, señaló ayer el funcionario.