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En un reciente artículo en La Nación (03/03/16), Héctor Masoero formula una pregunta interesante, importante y polémica: ¿Gratuidad universitaria es sinónimo de igualdad? Tenemos fuertes evidencias para afirmar que, efectivamente, la gratuidad de la educación superior no es sinónimo de igualdad. Lamentablemente, por sí sola la gratuidad de los estudios universitarios no garantiza la igualdad. No igualamos la situación de un muchacho de una villa que estudió en un secundario de contexto crítico y trabajando, con la de otro proveniente de una familia de clase alta que tuvo acceso a las mejores escuelas (públicas o privadas), a formación extracurricular y que pudo dedicarse a sus estudios plenamente.

Pero, si bien la gratuidad no iguala, cualquier mecanismo de arancelamiento de la educación aumenta automáticamente la desigualdad. Un arancel, aún cuando esté acompañado de programas de becas, constituye un problema adicional para quien ya tiene que sortear otros muchos escollos para estudiar, desde una preparación deficiente en el secundario a muchas horas de viaje para acceder al aula. Pagar un arancel puede representar una molestia mínima para quien dispone de recursos, pero representa una traba mayor para quien debe realizar trámites para ser exceptuado. Más aún, la exención del pago implica someter al estudiante a un escrutinio de su contexto social y económico que, al no ser universal (sería sólo para “pobres”), promueve más desigualdad.

Detrás de las propuestas de arancelamiento de la educación hay líneas de razonamiento que apuntan a una suerte de justicia distributiva: paga el que tiene y quien usufructúa el servicio. Es frecuente escuchar de parte de quienes promueven el pago de aranceles un argumento muy efectista: “el impuesto que pagan los pobres cuando compran leche financia la educación de los ricos que, frecuentemente, fueron a escuelas privadas muy caras”. Aceptar ese argumento tiene un trasfondo ideológico muy fuerte asociado a dos cuestiones. Por un lado implica asumir que la educación superior es un bien individual, no social. La formación universitaria hace mejores a los individuos pero también a la sociedad de la que forman parte. La vida universitaria es (o debería ser) una escuela de pensamiento crítico y de valores asociados a, por ejemplo, la solidaridad y el compromiso ético. A toda la sociedad le debería importar la educación superior ya que todos nos beneficiamos teniendo más matemáticos, antropólogos, físicos, filósofos o biólogos. Más aún, se podrían promover mecanismos universales de socialización de los beneficios de la educación superior mediante alguna forma de servicio público, algo radicalmente distinto a un impuesto a los graduados. Una visión en donde los beneficios de la educación superior son de apropiación privada es compatible con que los costos también lo sean, vía un arancel.

Por otro lado, se cuestiona la financiación de la educación a partir de impuestos. La educación, según este enfoque, debería solventarse con el aporte directo de quienes la reciben (considerando incluso programas de becas para quienes no pueden pagar). Detrás de esta visión se percibe un cuestionamiento a la función del Estado en la redistribución de recursos y en la definición de políticas.

En la propuesta de cobrar aranceles en las universidades pueden identificarse otros problemas más sutiles. Incorporar un mecanismo de pago directo produce, en algún grado, la “mercantilización” de la educación. Mercantilizar un servicio, como lo muestran Michael Sandel y Debra Satz, puede modificar su naturaleza y cambiar a los que participan de la transacción. Un ejemplo muy gráfico de estos cambios son la relaciones de amistad. Pagar por tener un amigo modifica la naturaleza de la relación de manera fundamental y modifica también a quienes participan de esa relación. Por supuesto que la educación paga existe y provee servicios que algunos valoran. Pero, la esencia de la universidad pública, autónoma y cogobernada, heredera de la Reforma de 1918, ¿se mantendría si fuera arancelada? Estoy convencido de que no.

* Profesor titular de la UBA; investigador superior del Conicet; ex director de la Licenciatura en Ciencias Ambientales (UBA); deudor de varias cuotas del arancel impuesto por la dictadura a principios de los 80 por no tener dinero para pagarlo y no poder hacer el trámite de exención.