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El Sindicato de la Industria Lechera acuerda suspensiones rotativas de trabajadores sin el cobro de salarios. Smata negocia retiros voluntarios de varias terminales. UPCN se desentiende del despido de miles de trabajadores del Estado, mientras que ATE se moviliza, protesta y busca un canal de negociación para lograr algunas reincorporaciones. El presidente Mauricio Macri afirmó que existen 1,5 millón de trabajadores estatales de más sin que los interlocutores ocasionales en un reportaje en la televisión pública consideraran necesaria una repregunta. El gremio metalúrgico informa que están en riesgo 10 mil puestos y el de la construcción también actúa como cronista para detallar que el sector perdió más de 50 mil. Miles de petroleros están bajo la amenaza de suspensiones y despidos. Delegados de base y sus dirigentes combativos que antes recibían el calor de corporaciones mediáticas para informar sobre conflictos laborales puntuales hoy ya no son convocados para conocer sus opiniones acerca de la ola de despidos. Autopartistas, textiles, medios de comunicación, comercio, alimentación, frigoríficos siderurgia, servicios son otros sectores donde las suspensiones, despidos y el retraso en un par de meses en el pago o dividir en cuotas el salario se despliegan con una intensidad impensada hasta antes del comienzo del nuevo gobierno.

El avance sobre las condiciones materiales de los trabajadores estuvo acompañado con una modificación sustancial de la respuesta estatal al conflicto social. Es habitual la represión a marchas de despedidos y desde el mes pasado la criminalización de la protesta ha tenido otro impulso con la aprobación del “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas”.

El salario real ha registrado un retroceso muy fuerte por el shock inflacionario provocado por la megadevaluación. Los precios de la canasta básica subieron mucho mientras que los ingresos no se han actualizado. El gobierno propone un techo a las paritarias del 25 por ciento, mientras que los sindicatos no han reclamado un aumento de emergencia previo al comienzo de las negociaciones. En ese contexto de muy rápido retroceso del mercado laboral y de las condiciones materiales de los trabajadores, ¿dirigentes sindicales y fuerzas políticas de la oposición aliadas al oficialismo mantienen como principal reivindicación la demanda por el Impuesto a las Ganancias que alcanza a una minoría en relación de dependencia? ¿El manejo de la caja de las obras sociales (la Superintendencia de Servicios de Salud) entregado por el gobierno a gremialistas vitalicios es más importante que el destino laboral de miles de afiliados a los sindicatos? La masiva movilización del 24 de marzo exhibió una necesaria ruptura de ese cerco con la confluencia de gremios de la CTA-Yasky y CGT para la defensa del empleo, manifestando que estos dirigentes son conscientes acerca de qué es lo que realmente está en juego con el nuevo régimen económico del macrismo.

La caída del salario por el golpe inflacionario y el aumento del desempleo por decisión deliberada del Estado y por las políticas recesivas son las variables elegidas para avanzar en el disciplinamiento de los trabajadores y en el debilitamiento del movimiento sindical. La producción de las pymes industriales bajó 4,8 por ciento en febrero respecto al mismo mes del año anterior, indicó el último reporte de Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El tarifazo eléctrico, con la promesa de otra vuelta en el segundo semestre, y el próximo de gas más la apertura importadora orienta al sector privado a reducir su plantilla para reducir costos y por la caída de la demanda interna.

La consultora Tendencias Económicas relevó que en los dos primeros meses del año se registraron 110 mil despidos en el sector público y en el privado. El titular de la firma, José Luis Blanco, destacó que esa cifra es récord desde 1985 cuando empezaron a registrar despidos, suspensiones y huelgas, al indicar que se multiplicó por 70 en relación al bimestre del año pasado. Agregó que desde entonces nunca había habido en tan corto período tantos despidos y suspensiones. El Observatorio de Derecho Social de la CTA-Autónoma calculó que entre el 1º de diciembre y el 4 de marzo pasado hubo 68.563 despidos colectivos, de los cuales 37.627 se produjeron en el sector público y 30.936 en el sector privado. La diferencia con el número proporcionado por Tendencia Económicas es explicada porque “es un relevamiento de mínima, ya que no incluye aquellas denuncias que fueron realizadas por dirigentes sindicales en términos generales y tampoco están relevadas las pérdidas de puestos de trabajo que no llegan a difundirse públicamente y que, por distintas razones, encuentran mayores obstáculos para ser resistidas sindicalmente”.

En los últimos años, el mercado laboral estuvo bajo tensión por la crisis internacional y las limitaciones de la economía argentina debido a la irrupción de la restricción externa. La respuesta estatal fue ampliar la cobertura social en los sectores vulnerables, desplegar el programa Repro que subsidia parte del salario de trabajadores de empresas en crisis (alcanzó a 500 mil trabajadores entre 2009 y 2014), y presionar a las empresas para que no despidan ni recorten planes de producción a cambio de medidas de protección de mercados. La política económica y laboral del gobierno de Macri tiene un signo opuesto: despidos, persecución ideológica y control social.

La ola de despidos en el sector público abre las puertas para que se sumen a ese movimiento los privados. Bajo el disfraz de la modernización emprendieron el desmantelamiento de áreas estatales, reducción hasta la insignificancia de otras y vaciamiento de programas de políticas públicas específicos, además de desplegar una estigmatización de los trabajadores estatales (grasa militante, ñoquis, vagos) acompañada de una persistente discriminación ideológica.

El bloque de poder económico (grupos locales y extranjeros y la banca) ha convergido tras la meta de redefinir el modo de distribución de la riqueza, que un gobierno “populista” ponía en debate en forma permanente. Detrás del conteo del despidómetro se descubre el objetivo de determinar otra forma de organización socioeconómica que se fue construyendo en los últimos doce años. Retroceso del salario real y debilitamiento del mercado laboral con una tasa de desempleo de dos dígitos es la estrategia para reconvertir una sociedad que “se había acostumbrado a comer barato”, como sinceró la concepción macrista el productor agropecuario y ministro Ricardo Buryaile.

Las tensiones que hoy se detectan en el mundo de la ortodoxia por la disputa acerca de quien es más fanático del ajuste refleja la puja al interior de ese bloque de poder. Luego de conseguir el desplazamiento del “populismo” de la gestión de gobierno, empiezan a divergir las diferentes facciones (la oligarquía agropecuaria, los grupos económicos, el capital extranjero radicado en el país y el capital financiero) “en determinar de qué manera se distribuye el excedente expropiado a los trabajadores con las actuales políticas económicas”, como se precisa en el último documento Cifra-CTA “La naturaleza política y económica de la Alianza Cambiemos”.

El objetivo del macrismo es redefinir el rol del Estado en la economía: desregulación cambiaria, del comercio exterior, de la fijación de precios, de los incentivos a la inversión privada y de sectores de actividad (financiera), para que el libre juego de la oferta y la demanda del mercado determine la orientación de la economía. Es un retroceso del activismo del Estado en la economía para delegar esa regulación en los grupos privados dominantes. Esto es consistente con la ola de despidos de empleados estatales. Los economistas macristas y sus colegas de la city, a quienes se les nota mucho la desesperación por conseguir contratos de asesoramiento en dependencias públicas, comisiones varias o puestos decorativos en la estructura estatal para llegar a fin de mes desahogados, afirman que los “desequilibrios macroeconómicos” se deben al exceso de consumo interno impulsado por los altos salarios y el elevado gasto público. Para abordar esos “desequilibrios” la ola de despidos es clave. La propuesta oficial es disminuir el salario real y el gasto público que fue alimentado por los excesos del intervencionismo estatal.

El ajuste ortodoxo sobre el salario-consumo y gasto público-dimensión del Estado pretende restaurar el “equilibrio”, al que consideran condición suficiente para que se radiquen nuevas inversiones y se impulse el crecimiento económico. “Esta visión desatiende las causas estructurales de la restricción externa tales como el tipo de crecimiento industrial y la elevada fuga de capitales al exterior”, advierte el mencionado documento de Cifra-CTA. Para observar que “las paritarias constituyen la madre de todas las batallas y la reducción de la ocupación la llave maestra que intentarán utilizar para disciplinar a la clase trabajadora. Sin embargo, el escenario no está cerrado y su resultado depende de las relaciones de fuerzas y la activación de las organizaciones sindicales”. La confluencia de la CTA-Yasky y un sector de la CGT en la movilización del 24 de marzo es un oportuno ensayo para frenar la ola.

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