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Muchas declaraciones y ninguna acción concreta, entre otras razones por los enfrentamientos internos. El Gobierno del justicialista Eduardo Duhalde todavía no decidió cómo hará para contrarrestar la más notoria consecuencia de su política económica: el deterioro proporcionalmente más acentuado del ingreso de los pobres que de los ricos. En concreto, el costo de vida se eleva porcentualmente más para la población de menores recursos. En febrero, el Indice de Precios al Consumidor subió un 3,1 por ciento, según difundió el Indec. Pero ésta fue la variación para el conjunto de la sociedad. La cifra promedia la suerte corrida por cada una de las clases. Si al dato se lo abre por tramos de ingreso, ante los ojos se despliega una realidad mucho más cruda e injusta aún. Para el quintil más bajo –vale decir, el zócalo en la escala de ingresos por hogar–, el costo de vida subió el mes pasado un 4,8 por ciento, mientras que para el quintil más alto sólo aumentó 2,1 por ciento. Si se mantuviera durante todo un año el mismo ritmo de carestía diferencial, los más pobres terminarían soportando una inflación del 75,5 por ciento, mientras que los más ricos zafarían con un 28,3 por ciento de encarecimiento.
La cuestión no es trivial, y ya disparó las alarmas en el gabinete nacional. Si los pobres debiesen enfrentarse con semejante escalada en los precios de su canasta de consumo, en un año perderían, en términos reales, un 43 por ciento de su ingreso actual, suponiendo razonablemente que no logren aumentos nominales compensatorios en sus salarios. Pero antes de pasar a la acción, el Gobierno debe resolver más de un problema. Uno es que los dos responsables directos del tema, el ministro José Ignacio de Mendiguren (Producción) y el secretario Pablo Challú (Defensa de la Competencia y del Consumidor), son en realidad representantes corporativos del sector empresario, que forma los precios. En Economía, mientras tanto, han estado muy atareados con la misión (y los enfoques) del FMI como para ocuparse de lo que ocurre en las góndolas. Pero lo peor a ese nivel, según señalan algunos críticos, es que, por convicciones ideológicas, el equipo de Remes no es afecto a intervenir enérgicamente en los mercados. “Prefieren que las cosas vayan acomodándose solas”, comentan con sarcasmo técnicos de otra área.
Los servicios personales, que gravitan marcadamente en el presupuesto de toda familia de clase media alta, no han estado subiendo, o incluso bajando, como en el caso de algunos aranceles de la educación privada. En cambio, ante la pasividad gubernamental, un producto de primera necesidad como el aceite comestible, muy significativo en cualquier presupuesto humilde, acumula un alza del 60 por ciento desde que comenzó la devaluación, mientras que las harinas se encarecieron más de un 50 por ciento y la leche, un 18 por ciento. En el conjunto, los alimentos treparon un 32 por ciento. Seguirá siendo lógicamente más caro comer en un restorán que en casa, pero mientras comer afuera continúa costando más o menos igual, el costo de hacerlo en el hogar sube día a día.
Falta aún el impacto de la inflación reprimida, agazapada en el congelamiento temporario de los servicios públicos (transporte, teléfonos, luz, gas, agua), de los alquileres y de las cuotas por deudas. Frente al problema, que amenaza desbordarse, la única medida adoptada consistió en la aplicación de retenciones a la exportación –20 por ciento al petróleo, 10 al agro y 5 a los bienes industriales–, que implica reducir en esa proporción el dólar neto recibido por vender en el exterior, que es una alternativa (muchas veces sólo parcial) a vender en el mercado interno. Como el dólar siguió subiendo en el libre, la retención bajó un escalón el traslado del valor dólar de los productos a los precios internos, pero no modificó la pendiente de la curva.
Los intentos de adoptar medidas más eficaces para cuidar el bolsillo de la población se estrellaron hasta ahora contra la frialdad de Economía y la hostilidad o –en el mejor de los casos– abstención de áreas como Producción, Industria, Agricultura o Competencia. “Aunque un ministro o unsecretario entiendan que algo efectivo hay que hacer, no van a jugarse en contra de los intereses sectoriales a los que representan en el Gobierno”, explicó a Página/12 una fuente oficial. Otro consultado se mostró indignado porque al complejo oleaginoso se le fijó apenas un 5 por ciento de retención, mientras el aceite se encarecía violentamente.
Una iniciativa que no logró quórum en el gabinete duhaldista fue la fijación de una retención móvil para los exportables que más impactan sobre el costo de vida popular. El mecanismo consiste en establecer una paridad fija para el dólar (se pensó en $ 1,40), y capturar fiscalmente todo sobrevalor. Esta propuesta fue formulada al principio por De Mendiguren, pero se extravió en los cajones. Otra idea fue bajar rotundamente los aranceles para la importación desde extrazona de diversos insumos difundidos, con gran incidencia en los costos de producción de industrias como la metalmecánica, los químicos o los plásticos. Ese instrumento requería solicitarle una dispensa temporaria a Brasil, con el antecedente de la que los brasileños les pidieron a sus socios del Mercosur tras la devaluación del real en 1999. Pero tampoco se hizo.
La verdadera razón parece escurridiza. Cerca de Economía se asegura que allí está lista y redactada la lista de reducciones arancelarias, pero que no pueden avanzar por la contra que les hace el Ministerio de la Producción. Por eso, explican, debieron resignarse a lanzar las retenciones (fijas) aisladamente, si bien formaban parte de un paquete mayor. Pero ahora el Presidente quiere que de alguna forma se consiga planchar los precios de un conjunto de bienes esenciales. Por tanto, ha comenzado a trabajar un grupo interministerial que debe definir la canasta de productos y los instrumentos para estabilizarlos.
La salida más conveniente para el lobby empresario, que tiene en Challú un portavoz natural, consiste en revivir, de un modo u otro, la histórica caja PAN del alfonsinismo, armada mediante algún acuerdo sectorial y subsidiada por el Estado. Es una fórmula que garantiza no cambiar nada, y que los mercados sigan funcionando con las mismas imperfecciones, generándoles cuasirrentas a las firmas con posición dominante, o sosteniendo precios abusivos, basados en la cartelización. El sector de los medicamentos, del que proviene Challú, es el mejor ejemplo de esos vicios. Habrá que ver cómo se resuelve la confrontación con el ministro de Salud, Ginés González García.
En principio, el Gobierno se propondría hacer algo –aún no sabe qué ni cómo– con la canasta de bienes que define la línea de pobreza. Por debajo de ella se cae en la indigencia. En la cesta figuran los alimentos que hacen falta para satisfacer las necesidades en proteínas y calorías de un grupo familiar, teniendo en cuenta, para identificar los bienes, la cultura de consumo imperante. Multiplicado ese conjunto por el coeficiente de Engels, que es igual a 2,3, se llega a colocar en el changuito todo -alimentos y demás– lo imprescindible para ser pobre, pero no menos que eso. Se verá luego cómo harán los argentinos para no seguir cayendo en la miseria a pesar de que la inflación los empuje barranca abajo.