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El martes dará comienzo el último capítulo de una historia que comenzó casi tres años atrás, cuando se desplomaron simultáneamente los bancos República y Mendoza, propiedad del financista más popular del menemismo, Raúl Juan Pedro Moneta. La city, las autoridades financieras del momento, los políticos, todo lo que suele llamarse el establishment hubieran ahogado en indiferencia el ruido de la caída. Lo impidió la intervención del juez federal de Mendoza Luis Leiva, quien dictó orden de detención contra los principales directivos de la entidad provincial. Moneta quedó prófugo y clandestino alrededor de medio año.
En una brillante operación de ingeniería judicial –con un dictamen de la Corte Suprema señalando que la sede del Banco Mendoza se encontraba en la Capital Federal, una decisión del ex juez federal Carlos Liporaci levantando la orden de captura y una resolución de la Sala I de la Cámara Federal porteña dejando sin efecto lo actuado por Leiva– permitió a Moneta volver a lo que había sido hasta entonces su rutina. En ese momento el banquero formuló una amenaza pública: “Leiva va a terminar como Hernán Bernasconi”. El segundo acto tuvo como escenario el Consejo de la Magistratura, donde llovieron una serie de denuncias contra el magistrado. Y por detrás de las denuncias estaba, para quien quisiera verlo, la sombra del “banquero de Menem”. Fue inútil que un puñado de consejeros intentara modificar un resultado que había sido concertado de antemano. Con la presidencia de Julio Nazareno, el pleno del organismo abrió para Leiva el proceso de destitución, una instancia a la que han logrado escapar protagonistas de sonoros escándalos. A partir del 19 y por un lapso de diez días sesionará el tribunal encargado de determinar si Leiva sigue o no sigue siendo juez federal. Lo preside, hasta ahora, Eduardo Moliné O’Connor, otro ministro de la Corte. Leiva, no obstante, dice que confía aún en la fuerza de la razón.
–¿A qué se dedicó este tiempo de retiro forzoso?
–A trabajar en la defensa que voy a presentar ante el jurado de enjuiciamiento. Además, compaginé un libro que es, esencialmente, esa defensa con una introducción. Para mí tuvo una doble importancia: una, que es mi defensa; otra, tanto o más importante, que lo presentaron el rector del de Universidad de Cuyo, José Francisco Martín, y el diputado Gustavo Gutiérrez. La edición es de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Y sabe una cosa? Se hizo en Espacio Contemporáneo de Arte, que está en la que fue sede del Banco Mendoza. Fue muy significativo, por cierto.
–Es obvio que habrá reflexionado sobre esta experiencia.
–Sí que he reflexionado. Y estoy cada vez más convencido de que esto que pasa es el producto del poder y no de la razón. Dicho de otro modo: tengo claro que no me están juzgando por lo que hice mal sino por lo que hice bien. Por supuesto que espero que no pase lo del Consejo de la Magistratura. Tengo, eso sí, un poco de preocupación porque el jury lo preside Moliné O’Connor, que ahora mismo está siendo sometido a un proceso de juicio político donde debe responder, justamente, por las resoluciones de la Corte que permitieron llevarse la causa del Banco Mendoza a Buenos Aires, con lo cual Moliné es juez y parte: para que a él le vaya bien a mí me tiene que ir mal; si a él le va mal, a mí me va bien. Moliné ya rechazó la recusación que le planteamos, pero ahora sabemos que ha surgido este tema como fundamento de una nueva recusación. Supongo que cuando comience el proceso se excusará. Al menos es lo que correspondería.
–¿Fue duro el proceso en el Consejo de Magistratura, verdad?
–Es que la institución que nació con la constitución del ‘94 para consolidar la transparencia e independencia del Poder Judicial ha fracasado absolutamente. Ha demostrado una gran inoperancia en la designación de jueces y recibió fuertes cuestionamientos porque se han hecho cosas indebidas, como modificaciones a las calificaciones, el candidato que estaba en el quinto lugar pasaba al primero. Manejos ymecanismos que, en definitiva, traicionan lo que parecía ser el espíritu original del Consejo. Este organismo sigue estando politizado. Y también en cuanto al juicio a los jueces. El Consejo ha sido permeable a las presiones del poder económico. Usted misma ha sido testigo de ese episodio insólito del abogado de Moneta susurrándole a la consejera Leila Chaya que lo parara a Pichetto porque “la estaba embarrando”. Y cualquiera puede imaginarse la sensación terrible que yo sentí al tener que dar explicaciones y pruebas de mi honestidad a Augusto Alasino y a Ricardo Branda, cuestionados por las coimas en el Senado.
–Hubo sin embargo quien lo defendió. Una especie de patrulla perdida.
–Quiero rescatar a esas cuatro personas que votaron por mí. No porque me favorecieran, sino porque fueron valientes, resistieron las presiones: Alfredo Vítolo, Horacio Usandizaga, Claudio Kipper y Humberto Quiroga Lavié.
–Bueno. Al fin usted tiene el privilegio de ser uno de los pocos jueces que llega al jury.
–Sí, sí. Han sido dos, Brusa y Bustos Fierro. Los otros acusados renunciaron, como Carlos Liporaci o Ruda Bart, el juez al que encontraron llevándose de un supermercado de Punta de Este cosas que no había pagado.
–¿Qué pálpito tiene respecto al resultado?
–Ninguno. La razón me indica que tengo que ganar a chicote alzado, con la desestimación de todos los cargos, inventados, armados, manejados por una conducción común. Si en el jurado priman la razón y los argumentos jurídicos, tengo que ganar.
–¿Y si no fuera así?
–Si no prima la razón, yo dejo de ser juez. Pero eso no cierra los ámbitos de reclamo a nivel internacional. Aunque me parece improbable que pueda sostenerse la acusación ante el jury. Puedo asegurarle que pese a todo siento gran orgullo por ser juez de la Nación. Y de manera simétrica me producen un enorme dolor los que se han dejado doblar la mano.
–Muchos creen que la pulseada con el ex banquero Raúl Moneta está en el origen de esta historia, que esa es la razón última de este proceso de destitución.
–No. Va más allá de Moneta. La razón última es otra. Lo que busca el poder económico que operó en esto es mostrarme como un trofeo de guerra. Quieren que quede claro que no nos podemos meter con ellos. Ni yo ni ningún otro juez. Y si no, ahí están los diarios. El FMI está exigiendo impunidad. Dicen que la figura de subversión económica es una rémora de la dictadura y por eso debe ser derogada. Y mienten, porque esa figura data del gobierno de Isabel Perón, en los 70, y fue ratificada por el Parlamento de Raúl Alfonsín. Más allá de las connotaciones desagradables que tiene lo de “subversión económica”, su importancia consiste en que identifica a un delito económico de alto impacto. Lo que pretenden con su derogación es que hechos de este tipo se juzguen como administración fraudulenta y balances falsos, así salen del ámbito de la justicia federal. No hay que derogarla, hay que perfeccionarla, o corremos el riesgo de que todos los que están acusados de eso queden impunes. La derogación sería la puerta de salida de los grandes delincuentes. Y me parece que la presión internacional viene por ahí.
–Se dice que el “escrache” es un mecanismo fascista, que no son republicanos. ¿Usted comparte esa visión?
–La verdad es que tengo una teoría bastante personal sobre el reclamo de la gente. Creo que se lleva adelante a sabiendas de que el dinero ya no está y que no se va a devolver. Lo que la gente quiere es que haya procesos y condena para los responsables de la débacle del país y del latrocinio. Están cansados de ver que se inician procesos que no terminan en nada. Es una deuda de los jueces con la gente. Si estas demostraciones son espontáneas y no media la violencia, las siento legítimas.
–No lo va a admitir, pero debe sentir un cierto regocijo cuando ve los jueves las pancartas exigiendo la renuncia de la Corte Suprema y una justicia independiente.
–Los hechos que se han producido en los últimos meses en el país no han hecho sino venir a darme la razón. Pero alegrarse... Sería como ponerse contento por ganar una partida de poker en el “Titanic”.