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En la Argentina hay 1662 escuelas que no tienen luz eléctrica. Son casi 60 mil chicos los que no acceden a ese invento de 1879. El 3 de mayo del año pasado el gobierno de la Alianza por la Educación, el Trabajo y la Justicia anunció que en abril de este año se terminaría con esa carencia gracias al plan “Captamos el sol y lo hacemos luz”. Pero llegó marzo y la luz se hizo sólo en 38 escuelas de Tucumán. Primero fue el efecto deletéreo del Déficit Cero de Domingo Cavallo el que postergó la contrapartida del crédito internacional que permitía desarrollar el programa. El gobierno de Eduardo Duhalde directamente obvió incluir el crédito ya otorgado del Banco Mundial y la donación del Fondo Mundial del Medioambiente en el presupuesto 2002. Consecuencia: si no se habilita el uso de esos fondos en las próximas semanas se perderá el financiamiento. “Para electrificar 1000 escuelas sólo necesitábamos 2,5 millones del crédito, 500 mil de la donación y otros 5,5 millones que tenía Educación”, detalló un funcionario que todavía tiene expectativas de que alguien revierta el desatino.
La inequidad en la distribución de la pobreza se refleja en las zonas donde se localizan las escuelas sin luz. En Santiago del Estero hay más de 500, en La Rioja y Salta otras 300. El resto se concentra en Chaco, Catamarca, Entre Ríos, Tucumán, Formosa, Río Negro, Corrientes, Santa Fe, Misiones y Neuquén. Para reparar esa deuda histórica, Educación –a través del Instituto de Financiamiento Educativo (IFE)– había destinado 4,5 millones de pesos y otro millón donado por la empresa Arcor. El emprendimiento se diseñó en forma conjunta con el Programa de Energías Renovables (Permer), dependiente del Ministerio de Infraestructura, encargado de manejar el crédito internacional. También participaban los gobiernos provinciales que se encargarían del mantenimiento de los paneles solares –la energía elegida para abastecer a las escuelas rurales–. De hecho, los gobernadores de La Rioja, Jujuy y Salta enviaron cartas a Economía e Infraestructura reclamando la ejecución del programa.
Después de meses de idas y vueltas, el 17 de diciembre del año pasado ya se había decidido llamar a licitación para abastecer de luz a las escuelas de Salta, La Rioja y Santiago del Estero. Tres días después renunció Fernando de la Rúa, empezó la semana de postas presidenciales hasta que al asumir Duhalde tampoco se sabía si Educación seguiría siendo ministerio. La convocatoria a las empresas se suspendió sin fecha. Desde entonces lo único que prima es la lógica contable de recortar para que los números cierren. Orientados por esa meta, los hombres de Economía obviaron la inclusión del programa en la fuente 22 del Presupuesto Nacional. La omisión implica que el programa se caerá porque sin esa habilitación no se podrá disponer del financiamiento externo.
Además de la instalación de paneles para que el invento de Tomas Alvar Edison llegue con 124 años de atraso a 1700 escuelas, en una segunda etapa el proyecto se extendía a las comunidades rurales. El monto global de la inversión se integraba con los 10 millones de donación del Fondo Mundial del Medio Ambiente, 30 millones de crédito internacional además del aporte de empresas privadas a través del IFE. Los 4,5 millones de pesos que el gobierno aliancista dejó en el IFE habrían sido destinados a emparchar otras urgencias de infraestructura escolar. El Ministerio recién la semana próxima estaría en condiciones de precisar qué va a pasar con el programa. La empresa Arcor asegura que el millón de pesos que donó el 3 de mayo del año pasado está todavía esperando. Ese día fue el entonces presidente De la Rúa quien presentó el plan “Captamos el sol y lo hacemos luz” junto con el titular de la empresa, Luis Pagani, en la Casa Rosada. “No es el mejor ejemplo de ejecutividad de una gestión. Aunque la culpa no es del todo de Educación ni de Infraestructura ni de Economía... pasaron tantos presidentes”, repiten en los pasillos de la compañía, incrédulos ante el derrotero de un programa cuya prioridad es indiscutible. Desde la secretaría de Energía acusan a la gestión de Carlos Bastos como una de las que obstaculizó el desarrollo del proyecto. “No sé... debían considerar que no era prioritario darles luz a las escuelas rurales. En realidad, si esto es inútil para alguien demuestra que el inútil es el que lo piensa”, repiten.
En Educación, después de dos meses y medio, no hay precisiones sobre el tema. Recién el viernes, el director de Infraestructura Raimundo Flá se entrevistó con funcionarios del Permer. La ministra Graciela Giannettasio supuestamente mañana podría explicar si el programa tiene posibilidades de sobrevivir. Para ello necesita de la aprobación de Economía.
“Uno de los temas fundamentales es privilegiar a las escuelas que tengan inconvenientes de gas, agua y energía eléctrica”, dicen en Infraestructura pero sin detallar montos. Además de las 1700 escuelas que quedan sin luz -entre 2000 y 2001 se abasteció de electricidad a casi 300– hay 400 escuelas que no tienen agua potable.
Como los presupuestos educativos provinciales se siguen achicando, la puesta a punto de las condiciones edilicias es uno de los rubros que primero sufre la desinversión y una de las causas de la pérdida de días de clase. Es obvio que sin luz no se puede tener acceso a ningún tipo de tecnología. No sólo la computadora o el televisor sino hasta el proyector pasan a ser objetos de ficción. Son 60 mil chicos los que aprenden en esa precariedad.