Las cuentas bancarias de los fondos buitre que ya aceptaron la propuesta argentina recibirán a lo largo de la jornada de hoy 9300 millones de dólares. Cuando se concrete la primera transferencia del Ministerio de Hacienda y Finanzas, los acreedores carroñeros deberán entregar los bonos defolteados en su poder y renunciar a sus reclamos judiciales contra el país en las cortes estadounidenses. Los dólares para financiar los pagos a buitres como Elliott Management, Aurelius Capital, Davidson Kempner, Blue Angel, Dart, Montreaux y Bracebridge Capital fueron captados anteayer en la emisión de deuda argentina en el mercado internacional. Una porción significativa de esos hedge funds está radicada en guaridas fiscales como las islas Caimán.

Hasta el momento, los tenedores del 80 por ciento de los títulos públicos todavía en default dieron el visto bueno. Todavía falta que preste su aprobación un grupo de buitres a quienes les correspondería recibir una suma cercana a los 3200 millones de dólares. Esos acreedores litigantes recibirán sus pagos a medida que depongan sus demandas en tribunales como el Distrito Sur de Manhattan, que encabeza el magistrado Thomas Griesa.

La generosa fórmula de pago contemplada por el apresurado acuerdo representa una rentabilidad de hasta 1600 por ciento para los inversores más agresivos que compraron la mayor parte de los títulos después del default de 2001. Como parte de los convenios alcanzados con los distintos fondos buitre desde comienzos de febrero, el gobierno de Mauricio Macri emitió esta semana bonos de deuda externa por 16.500 millones de dólares. Son 12.500 millones para financiar el pago a los buitres y 4000 millones para gastos corrientes. Es la operación individual más grande de los últimos quince años para un país emergente. Para eso se emitieron cuatro títulos de deuda externa con plazos de tres, cinco, diez y treinta años que pagaron una tasa de interés que promedió el 7,2 por ciento anual.

La operación concretada anteayer con la adjudicación de los títulos implicó un incremento del 41,25 por ciento en los pasivos en dólares con acreedores privados y organismos multilaterales de crédito. El peso de la deuda sobre el PIB pasará del actual 17 por ciento a un 24,1 por ciento. Si bien el perfil de vencimientos no se verá alterado debido a la holgada situación crediticia que heredó el macrismo, producto de la política de desendeudamiento de la administración kirchnerista, el país deberá volver a cumplir con las condicionalidades explícitas e implícitas asociadas a la reinserción plena en el mercado financiero internacional.

Cuando se concrete el desembolso a los buitres el país quedará habilitado para canalizar a los acreedores genuinos perjudicados desde mediados de 2014 por el bloqueo al mecanismo de pago de la deuda externa. La medida dispuesta por el juez Griesa que fue validada por todo el sistema judicial estadounidense impidió la transferencia de más de 2000 millones de dólares correspondientes a vencimientos de deuda reestructurada en el exterior. Los fondos para esos pagos están contabilizados como reservas internacionales del Banco Central y podrían llegar a las cuentas de destino en las próximas horas. Ni Prat-Gay ni el presidente de la autoridad monetaria, Federico Sturzenegger, precisaron cómo se realizarán esos desembolsos. Inicialmente desde el Palacio de Hacienda contemplaron la posibilidad de emitir deuda para no utilizar reservas del BCRA pero como la capacidad de endeudamiento fue limitada en el Congreso lo más probable es que, a través del Tesoro, recurran a los activos de la autoridad monetaria para pagarle a los acreedores genuinos que participaron del exitoso canje de deuda de 2005 y 2010.