Los diputados nacionales del Frente para la Victoria, Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, presentaron ayer por la mañana una denuncia penal contra el ministro de energía Juan José Aranguren por entender que el funcionario de Cambiemos se vio directamente beneficiado con el aumento de gas, al cumplir un doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A. La denuncia se radicó en el Juzgado Federal 9ª cargo de Luis Rodriguez, fiscalia 4 de Carlos Stornelli. “El ministro de Energía debería renunciar inmediatamente y la justicia actuar con celeridad por la gravedad institucional que implica que las medidas tomadas por Aranguren no sólo asfixian a la población, especialmente a la región patagónica de la que provengo, sino que lo benefician directamente al ministro en su actividad privada. Su Declaración Jurada Patrimonial Integral da cuenta que posee más de trece millones de pesos en acciones “clase A” de la empresa Royal Dutch Shell”, aseguró Doñate, oriundo de Río Negro.

En la denuncia se recuerda que Aranguren ingresó en 1979 a Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A., empresa que forma parte del Grupo Royal Dutch Shell Plc (RDS), y en la cual llegó a ocupar el cargo de presidente entre 2003 y junio de 2015. Según consta en sus declaraciones juradas, mientras estuvo en la empresa recibió una cantidad variable de opciones y/o acciones de RDS que se acrecentaron en función de los dividendos declarados por la firma hasta llegar a la suma de 13.188.436,49 pesos en diciembre de 2014.

Los legisladores afirman que debido a esa situación el ministro incurriría en las incompatibilidades previstas en el artículo 13 de la ley de Etica Pública 25.188. Esa norma establece a su vez en el artículo 15 que quien se encuentre alcanzado por alguna incompatibilidad debe renunciar a su cargo o abstenerse de tomar intervención “en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria”. “Claramente el ministro Aranguren no ha renunciado a su participación societaria como lo exige la ley, como tampoco se abstuvo de participar en las decisiones que puedan llegar a ocasionar un conflicto de intereses”, remarca la denuncia.

Luego se detallan una serie de hechos que demuestran la supuesta incompatibilidad. El primero es la decisión de aumentar las tarifas de gas, incrementando el valor de lo pagado a los productores, entre los cuales está Shell. Además, se remarca que Aranguren convalidó un contrato que la empresa estatal Enarsa cerró por compra de gas a Chile con un precio que resulta un 53 por ciento más caro que el gas natural licuado que llega por barcos y un 128 por ciento más elevado que lo abonado por las importaciones provenientes de Bolivia. A su vez, se advirtió que a diferencia de los despachos de Bolivia que se pagan a mes vencido y las cargas de los barcos que se liquidan horas antes de la entrega del combustible, el volumen total del gas adquirido a Chile se tiene que abonar íntegramente por adelantado. El texto también recordó que Aranguren le adjudicó a la petrolera Shell siete de las ocho licitaciones que se pusieron en juego para la importación de gasoil por barcos al país.

Con respecto a la denuncia por importación de gas a un precio más caro del que se le abona a Bolivia o incluso del precio que se paga por el gas natural licuado, Aranguren respondió ayer que eso se debe a que la capacidad para las alternativas más baratas está cubierta en esta época del año. “Nuestra obligación es hacerle la vida más fácil a la gente y que haya disponibilidad de producto. Tenemos que tratar de conseguir la mayor cantidad de fuentes de ese producto cuando lo necesitan, especialmente cuando se acerca el invierno, y poder tener gas”, argumentó. “Con Bolivia tenemos un contrato. Bolivia le vende a Brasil y a la Argentina y no tiene más gas, no nos puede vender más. El contrato dura 30 años, hasta 2027. En realidad, no está cumpliendo todavía la cuota que corresponde a este mes porque también ellos en el invierno lo necesitan”, agregó. El faltante proveniente de Bolivia sería supuestamente de 150 millones de m3 de gas hasta julio. Sin embargo, Enarsa firmó contratos de importación de gas de Chile hasta agosto por 362 millones de m3 de gas, el doble del supuesto faltante.