Un plenario de cuatro comisiones del Senado comenzará a tratar hoy el megaproyecto de ley por el cual se busca, por un lado, actualizar las jubilaciones de un grupo de jubilados y, por otro, habilitar un nuevo blanqueo de capitales, una moratoria impositiva y a la seguridad social, una reforma de los impuestos a los Bienes Personales y la Ganancia Mínima Presunta y un acuerdo para la devolución del 15 por ciento de coparticipación a las provincias, entre otras cuestiones.

La iniciativa comenzará a ser analizada a partir de las 17 por el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Presupuesto y Hacienda, de Coparticipación Federal e Impuestos y de Economía Nacional de la Cámara Alta. Envalentonado por los resultados que obtuvo en Diputados, el macrismo quiere emitir dictamen mañana y llevarlo al recinto el miércoles de la semana siguiente.

La Ley de “Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y de Blanqueo de Capitales” fue aprobada en la madrugada del jueves por la Cámara de Diputados, tras doce horas de debate, con 162 votos a favor, 76 en contra y 3 abstenciones. La iniciativa contó con el apoyo del Frente Renovador, el Bloque Justicialista, el Frente Cívico de Santiago del Estero, Juntos por una Argentina y siete diputados del Frente para la Victoria. Tres de estos últimos decidieron abandonar el FpV y formar el bloque Misiones. Se trata del ex gobernador Maurice Closs y de los diputados Jorge Franco y Silvia Risko. También votaron a favor el misionero Daniel Di Stéfano, la tucumana Miriam Gallardo y los entrerrianos Carolina Gaillard y Lautaro Gervasoni.

El mascarón de proa del proyecto de ley ómnibus es la liquidación de los juicios de jubilados y la actualización de haberes previsionales, que se financiaría con los fondos del blanqueo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y, cuando haga falta, con la venta de las acciones que posee Anses en empresas privadas. Hacienda dejó trascender que podrían ingresar unos 20 mil millones de dólares con el blanqueo sobre los cuales se cobraría una penalidad de entre 5 y 15 por ciento. Esto implica que, en el mejor de los escenarios posibles, si todos pagan la penalidad de 15 por ciento, el gobierno contaría con un monto fijo por única vez de 3000 millones de dólares que destinaría a la actualización jubilatoria. Sin embargo, las posibilidades previstas en el proyecto que el contribuyente puede hacer valer para no pagar la penalidad o pagar menos, son tan amplias que la cifra recaudada para los jubilados será sensiblemente menor. Por lo tanto, terminarán siendo los recursos del FGS y la venta de las acciones de empresas privadas en manos de la Anses los que terminen financiando el pago de las actualizaciones.

La Anses cuenta con acciones heredadas de la estatización de las AFJP en 2008 del Grupo Clarín, los bancos Macro, Francés y Patagonia, Alto Palermo, Metrogas, Metrovías, Edenor, Quick Food e Irsa, entre otras. El proyecto deroga la ley que impide la venta de acciones sin contar con aprobación de dos tercios de ambas cámaras del Congreso. En el debate en comisión se incorporó la limitación de que la tenencia de acciones no podrá ser inferior al 7 por ciento del total acumulado en el FGS y se establecen algunos criterios para el desprendimiento. Pese a esa limitación, el gobierno podrá desprenderse de unos 43.000 millones de pesos en acciones. Varias de aquellas compañías líderes vienen ejerciendo presión para hacerse de las acciones que están en poder del Estado.

En la iniciativa se incluye una Pensión Universal a la Vejez, que alcanza a mayores de 65 años que recibirán un ingreso equivalente al 80 por ciento del haber mínimo. En este punto hubo también cambios. Se extendió por tres años la moratoria lanzada por el gobierno anterior para las mujeres que tengan la edad jubilatoria pero no los aportes necesarios para acceder a la jubilación, con el descuento de los aportes que no hicieron. De esta manera, se mantiene en 60 años la edad de las mujeres para acceder a la jubilación. Con la moratoria, luego de cinco años de pago de aportes la mujer podrá cobrar con un haber completo, que como piso será la jubilación mínima. La prórroga por tres años responde a que en ese lapso se llevará a cabo una reforma previsional integral.

En materia tributaria, se acordó no eliminar el impuesto a los Bienes Personales en 2019, un tema que será discutido más adelante por la Comisión Bicameral que elaborará un proyecto de reforma impositiva. En cambio, se mantuvo la modificación gradual de los mínimos no imponibles de 305 mil a 800 mil pesos este año, a 950 mil en 2017, con una alícuota sobre el excedente del 0,5 por ciento; y a 1,5 millón en 2018, con una alícuota de 0,25 por ciento. La intención original de eliminar en tres años el gravamen a los Bienes Personales tuvo duras críticas, porque se trata de un impuesto progresivo sobre la riqueza.

El proyecto oficial incluye también una amplia moratoria tributaria, de la seguridad social y aduanera que contempla un descuento de 15 por ciento sobre el capital si la deuda se paga al contado o la opción de cancelar el 5 por ciento de la deuda y el resto en 60 cuotas con un interés mensual de 1,5 por ciento (18 por ciento anual).

Otro de los cambios es la eliminación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta a partir de 2019. Además, la normativa vigente en el Impuesto a las Ganancias establece que para las personas físicas (para las empresas está siempre alcanzada) la ganancia por la compraventa de acciones esta exenta del tributo cuando se trate de activos que coticen en mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores. En este caso, el megaproyecto de ley amplía la exención al establecer que también estará exenta la ganancia producida por la compraventa de acciones en mercados del exterior. Además, el proyecto crea una Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria y se aclara que el Poder Ejecutivo remitirá un proyecto dentro de los 365 días corridos a partir de la creación de la comisión.