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El Gobierno abrió ayer la ronda formal de negociación con las empresas privatizadas para definir, básicamente, en qué proporción aumentará el precio de cada servicio público y con qué parámetros se realizarán los futuros ajustes periódicos. Según interpretan Edenor y Edesur, la intención oficial es establecer un nuevo esquema contractual “provisorio” hasta 2003, permitiendo que desde entonces rijan los contratos originales, lo que significaría que a partir de entonces el costo de la luz, el gas, el agua o los teléfonos volvería a estar ligado al dólar. Un equipo de consultores del Banco Mundial ayer intentó desde el microcine de Economía arrojar algo de luz sobre el tema, detallando qué hizo Indonesia para enfrentar un problema similar con sus privatizaciones.
La devaluación y consiguiente desdolarización de los servicios privatizados –con valores atados a la divisa norteamericana– forzó la actual renegociación, cuyo alcance no es muy preciso. Las tarifas están provisoriamente congeladas pero, según admite el Gobierno y exigen las empresas, subirán a corto plazo para evitar que la ecuación económica de los contratos se deteriore demasiado.
Cómo y cuánto subirá cada servicio surgirá de una revisión individual de los contratos, comandada por una comisión oficial especialmente designada. Este cuerpo está formalmente liderado por el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, a quien escoltan, entre otros, sus secretarios de Coordinación Legal y Técnica, Eduardo Ratti, de Energía, Alieto Guadagni, de Transporte, Guillermo López del Punta y José Barbero, ex funcionario de Subtes y ex directivo de Metrovías.
La comisión inspira mucha simpatía en las empresas, que tuvieron oportunidad de conocer a sus miembros cuando la actual revisión contractual ni siquiera se soñaba, bien sea porque los trataron como funcionarios del menemismo, porque contrataron su asesoría o porque directamente los integraron a su staff. En general, los concesionarios opinan que se trata de “técnicos solventes”, con los que el diálogo será fácil. Pero, al mismo tiempo, saben que estarán políticamente muy limitados para autorizar un aumento.
Barbero fue ayer el único anfitrión oficial del encuentro con las distribuidoras eléctricas, quizá las que tienen más argumentos para presionar por una suba. Edesur recuerda que, antes de la devaluación, las tarifas eléctricas estaban en dólares entre las más baratas del mundo y, que desde que se depreció el peso, sus insumos aumentaron un 43 por ciento promedio. A estos lamentos, Edenor añade que, desde la concesión, el precio del servicio cayó en términos reales un 24 por ciento, que la morosidad aumentó considerablemente y que la depreciación del peso hizo que se le esfumaran 510 millones de utilidades.
Todo esto debería quedar consignado en una especie de instructivo para la renegociación que el Gobierno comenzó a repartir ayer y que hoy tendrá oportunidad de entregar a los concesionarios de peajes. En esos formularios las empresas deberían desmenuzar su negocio, incluyendo detalle de inversiones realizadas y el impacto de la salida de la Convertibilidad. Sólo después, aquel grupo de notables juzgaría cuánto puede aumentar cada tarifa, y cuánto se flexibilizarían otras condiciones (obras y pautas de calidad) del contrato, para evitar cualquier suba estrepitosa.
A pesar de esa pretendida independencia en las negociaciones, los servicios públicos integran una red bastante estrecha. El ajuste del gas, por ejemplo, impactará en el costo de la generación eléctrica y, por consiguiente, en la distribución. Así, el gobierno duhaldista tiene la delicada misión de compensar ese inminente incremento de costos evitando una suba socialmente intolerable. Informalmente, las empresas sugieren una fórmula: que el Estado resigne impuestos incluidos en el precio de la luz.