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El Ente Regulador de la Ciudad y diversas asociaciones de consumidores presentaron ayer un documento conjunto que pretende ser un posicionamiento público sobre la manera de encarar la renegociación con las empresas privatizadas que está llevando a cabo el gobierno nacional. “El reclamo es que la renegociación no pueda hacerse a espaldas de los usuarios”, dijo a Página/12 Néstor Vicente, titular del organismo que regula los servicios públicos en la Ciudad.
Entre los puntos principales del texto –”Regulación con equidad, tarifas justas y ganancias razonables”–, se destacan la desdolarización de las tarifas de los servicios públicos, la revisión de las tarifas base y la plena aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. También se plantea la protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos, la descentralización de la actividad regulatoria y la reglamentación del funcionamiento de las audiencias públicas.
En tanto, Patricia Vaca Narvaja, presidenta de Consumidores Argentinos, remarcó la importancia de otros dos puntos del documento: “La implementación de una tarifa social –que implica usar un mecanismo para que la gente pueda seguir usando el servicio con una tarifa más baja –y la reformulación de los entes de control con mayor participación de los usuarios”. Además de su entidad, firmaron la Unión de Usuarios y Consumidores, Consumidores Libres, la Asociación Vecinal Belgrano ‘C’, el Centro de Educación del Consumidor, Protección Consumidores del Mercosur, Cruzada Cívica y Defensa de Usuarios y Consumidores.
“Es fundamental revisar el pasado, porque no se pueden hacer negociaciones solamente mirando las consecuencias de la devaluación”, explicó Vicente. En la misma línea, Vaca Narvaja sostuvo que “el Ministerio de Economía hace su análisis en función de cómo han incidido en las empresas los costos de la devaluación, olvidándose de los compromisos de inversión y obras que nunca cumplieron”. “Pretendemos que esto se transforme en un eje de discusión en la mesa”, agregó.
Vicente aclaró que las privatizadas “tuvieron el privilegio de tener sus tarifas en dólares y beneficios extraordinarios comparados con empresas líderes del país o con compañías que prestan servicios en otros lugares del mundo”. Es por eso que la primera exigencia tiene que ver con la rebaja de tarifas. El directivo del ente se mostró bastante optimista en torno a las renegociaciones que se están sucediendo con las distintas empresas que brindan servicios públicos. “Como están dando los primeros pasos, no hay que ser agorero, aunque la historia nos juega en contra”, concluyó.